Por más que el Gobierno mexicano intenta congraciarse con Donald Trump en el asunto de la seguridad, las cosas no terminan de cuajar. Muchos de los obstáculos son naturales, ya que el crimen no desaparecerá y, a lo que hay que aspirar, es a mantener un control policial que permita a los ciudadanos vivir en paz para que impere la ley.
Es decir, reducir la impunidad y trabajar para llevar ante la justicia a quienes cometan delitos.
El problema suele ser la política: ¿hasta dónde se puede llegar en el combate a las bandas delincuenciales y a sus redes de protección?
Es ahí donde todo se complica, y más si están metidas las agencias de seguridad de Estados Unidos, porque tienen su propia agenda y establecen sus prioridades.
Las extradiciones siempre son un factor en estos jaloneos, porque los gobiernos tienen que determinar la conveniencia o inconveniencia de que personajes del crimen organizado sean juzgados en otros países, con todo lo que ello implica.
En México existió una resistencia natural al envío de mexicanos a otros lugares del mundo para ser juzgados, sobre todo si habían cometido delitos en el país.
Sólo el Presidente de la República podía autorizar una medida de semejante gravedad.
Con el tiempo, y la colaboración a nivel internacional para enfrentar a bandas que no respetan fronteras, las extradiciones se normalizaron, porque además ayudaban a establecer otro tipo de acuerdos en cooperación y obtención de información de calidad que sólo tienen la DEA, la CIA o el FBI.
En Colombia, en su momento, el tema llegó al clímax porque un grupo de narcotraficantes, lidereados por Pablo Escobar Gaviria, escaló el conflicto al grado de inaugurar procedimientos de terror para oponerse a un posible traslado. Los años más duros de un largo conflicto interno.
A Escobar Gaviria lo mataron en el operativo en que intentaban capturarlo, y se abrió la posibilidad del traslado de jefes de los cárteles a Estados Unidos. Funcionó para desmembrar a muchas de las organizaciones más peligrosas, entre ellas las de Medellín y Cali y, con el tiempo, las del Norte del Valle, famosa, esta última, por la serie televisiva El cártel de los sapos.
En un juego de acierto y error, donde, en lo que respecta a México, no todo ha sido miel sobre hojuelas, porque los reos trasladados a Estados Unidos muchas veces negocian con las fiscalías y purgan condenas de pocos años.
Fue el caso de Francisco Arellano Félix, detenido por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), días después del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.
Lo enviaron a Estados Unidos, pero sólo estuvo en la cárcel unos años. Regresó, ya sin cargos, a Baja California Sur, y lo asesinaron en Los Cabos.
En otros asuntos, en cambio, lo que se obtiene con las extradiciones sí es beneficioso para ambos países, cosa de evaluar lo que está en juego y el interés nacional, ni más ni menos.
Administrar el conflicto y patear el bote
