Bajo la paternalista figura de “protector de las audiencias”, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), de José Peña Merino, formula los lineamientos para imponer multas, sanciones y hasta cortes de transmisiones de radio y televisión que resulten incomodos para alguna persona o grupo de ellas; habilitaría a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, de Norma Solano, para que persiga de oficio las voces e imágenes incómodas que no hagan la diferencia precisa entre “información y opinión”… y, de paso, atajar transmisiones de Internet y sus aplicaciones de aquellas personas que dañen los castos oídos y ojos del infantil público que necesita la tutela del Estado benefactor.
La industria de radiodifusión ha negociado largamente para evitar que tales lineamientos se conviertan en una “Ley Mordaza”, pero, al parecer, los reguladores federales se empeñan en mantener el sesgo de control y sanción, con la misma inflexibilidad con la que se pretende desconectar dentro de una semana a casi 100 millones de usuarios que no han obedecido con registrar su número de celular aparejado con su Clave Única de Registro de Población (CURP).
Por ello parece inminente que, en medio de la euforia futbolera, se publiquen tales lineamientos.
• El daño está hecho
No es la primera vez que el Estado pretende controlar la opinión y la información en el mundo y en México. En 2014 el PRI presentó una iniciativa para, supuestamente, detener la distribución de contenidos en línea que infringieran derechos de autor y propiedad intelectual mediante el bloqueo al acceso de Internet, multas y cárcel; las comunidades y desarrolladores de programación de Internet pegaron de brincos y no prosperó la iniciativa. Los legisladores del partido Morena pusieron el grito en el cielo…, pero ahora, como gobierno proponen un control aún más férreo.
El control que ahora se propone el morenismo tiene por premisa que los televidentes, radioescuchas y cibernavegantes son tontos, tanto como los seguidores de Instagram, X-Twitter, YouTube, Face y TikTok; por ello, el Estado mexicano pretende ser omnipresente a fin de procurar la paz mental y nerviosa de las masas ante transmisiones perturbadoras.
Los lineamientos de “protección de las audiencias” recurren a la visión de lo políticamente correcto…, pero según el criterio de los administradores estatales y sus grupos de interés partidista. Vaya, si una transmisión, un comentarista o un presentador de noticias y espectáculos de cualquier televisora o radiodifusora despierta los temores, compulsiones y frustraciones del grupo gobernante en turno, podrá invocar (como lo hacen Genaro Villamil, Jesús Ramírez o la Catrina Norteña) a sus activistas para que interpongan cientos o miles de inconformidades contra el infausto comunicador, comediante e incluso concesionario.
Pero si personajes como Chumel Torres, Carlos Loret, Carlos Alazraki, Adela Micha, Platanito o los miles de jóvenes de la “GenZ” creadores de contenidos digitales se creen seguros porque sus videoaudios corren por Internet, están equivocados: los lineamientos de Peña Merino se conceden la atribución de demandar a las plataformas digitales, el bloqueo de los canales y cuentas de ésos y otros personajes “no saludables”.
Hasta el Pato Merlín, si grazna algo que no agrade el régimen, quedaría en fuera de lugar.
E incluso, si la transmisión de Internet viene de servidores domiciliados en Estados Unidos, Europa o China, se plantea bloquear su difusión en México. Por supuesto, habrá que ver que dicen Neal Mohan (jefe de YouTube), Elon Musk (X), Shou Zi Chew (TikTok), o Mark Zuckerberg (Meta Platforms) y otros jefes de las Big Tech.
A reserva de más detalles, el proyecto de la ATDT resulta admirable… admirable por la capacidad de abrir otro y muy sensible frente de batalla en medio de la situación política que vive el Gobierno en turno.
All inclusive is not only american citizens. Quien sabe cuál sea el objetivo soterrado de la ministra Loreta Ortiz tras asegurar que los hoteles “todo incluido” y sus playas están disponibles sólo para los estadounidenses, pero una vueltecita por la Riviera Maya muestra que los mexicanos son usuarios intensivos de ese modelo turístico que representa 90% de las habitaciones turísticas en esa región.
La alusión de la ministra no menciona que por ley ese tipo de hoteles tienen acceso al público hacia las playas, siendo todas de propiedad federal… y que se puede comprar un Day Pass para utilizar instalaciones y consumir dentro de esos Resorts que, por cierto, son la columna vertebral de las actividades comerciales y de producción en las zonas donde se instalan.
Snac gana en empresas botaneras. En la grilla sindical, la noticia es que trabajadores de Sabritas (PepsiCo) en la planta de Jojutla, Morelos, se afiliaron al Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio, Similares y Conexos de la República Mexicana (Snac), a cargo de Alejandro Martínez Araiza. Con 75% de los votos, decidieron dejar la Confederación de Asociaciones Sindicales de México —acusada de intimidaciones laborales— y se convirtieron en el noveno centro de trabajo de la empresa en cambiar de representación y afiliarse al Snac, que ya representa a empleados de Barcel (Bimbo), Mondelez, Arcor, Sigma, La Moderna, Hershey’s, Rich’s, Monte Xanic, El Globo, la Esperanza, B-Connect y PPG Comex, entre otros.
Al rato regresan
