Los dos terribles sismos de magnitudes 7.2 y 7.5 que sucedieron en La Guaira y Caracas, en Venezuela, ya han dejado más de mil muertos reconocidos, miles de heridos y cientos de edificios dañados o derruidos.
Pero el saldo final dependerá también de lo que está ocurriendo después del terremoto, de la velocidad con que se localice a los sobrevivientes, de que las ambulancias lleguen, de que los hospitales tengan insumos y de que alguien coordine la respuesta.
Es ahí donde la tragedia llegó a Venezuela en uno de los peores momentos. Antes del terremoto, el país ya cargaba una crisis humanitaria, política y económica de años. Sus hospitales funcionaban con faltantes de personal, equipo y agua, mientras la energía eléctrica escasea tanto como muchos bienes básicos. Ahora, los primeros rescates muestran vecinos removiendo piedras con las manos, familias usando puertas como camillas y voluntarios que, por falta de una coordinación creíble por parte de las autoridades, saturaron las vías, retrasando el paso de ambulancias y maquinaria pesada.
• Lluvias, basura y negligencia
La solidaridad no es el problema. Es, de hecho, lo que ha evitado que la tragedia sea aún peor. El problema es cuando una sociedad debe sustituir al Estado en las primeras horas de una emergencia. En un país que ha desconfiado de sus instituciones por tanto tiempo debido a que han ido perdiendo capacidades y se han volcado al trabajo partidista del régimen chavista, nadie quiere entregar su donativo a un centro de acopio porque sospechan que seguramente se perdería en el laberinto de la corrupción. Todos quieren llevarlo directamente. Es una reacción humana; también es una señal del vacío institucional.
Los desastres no son por completo naturales. La amenaza sísmica proviene del subsuelo, pero la catástrofe se cocina arriba en edificios mal construidos, hospitales que no tienen abasto ni equipamiento básico, corrupción inmobiliaria, leyes y reglamentos que no se aplican, así como autoridades incapaces de ordenar la acción pública. Un terremoto vuelve visibles los años de malas decisiones públicas que no se veían.
México conoce bien esa lección. En 1985, la ciudadanía tuvo que organizarse entre los escombros ante una respuesta gubernamental rebasada. También hubo improvisación, rabia y una desconfianza que cambió para siempre la relación de los capitalinos con el poder. Pero después el país construyó gradualmente mejores reglas de protección civil, normas de construcción más severas, alertas sísmicas, simulacros y capacidades de rescate. Nada de eso convirtió a México en una ciudad inmune. El 19 de septiembre de 2017 comprobó que todavía hay edificios inseguros, corrupción para ignorar las normas de construcción y autoridades que reaccionan tarde. Sin embargo, también mostró que hubo algunos aprendizajes institucionales acumulados. Las diferencias entre 1985 y 2017 no se explican sólo por la geología. Importó que hubiera más herramientas, protocolos y memoria.
No es posible trasladar mecánicamente esa comparación a Venezuela. Los sismos fueron distintos y el daño todavía se está contando. Pero sí permite entender el riesgo. Venezuela no sólo tendrá que sacar a sus muertos y heridos de los escombros. Deberá reconstruir viviendas, servicios y capacidades institucionales en un país donde ya escaseaban antes del desastre. En estas horas, Venezuela necesita equipo especializado, apoyo técnico y humano, rutas despejadas y ayuda internacional coordinada.
También necesita que la urgencia no se use para lucrar políticamente ni para relativizar la magnitud del daño. La tierra ya hizo lo suyo. Ahora toca saber cómo reaccionarán sus instituciones, gobierno y sociedad.
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