El acuerdo comercial de América del Norte murió desde que Donald Trump ordenó a su secretario de Comercio, Howard Lutnick, activar el capítulo 232 de la Ley de Expansión Comercial para establecer aranceles a todo el mundo y en particular a sus socios canadienses y mexicanos por razones de “seguridad nacional”, que no son otros que sus políticas de reindustrialización, el enfrentar la creciente competencia de China en industrias clave y frenar el tráfico de drogas de los cárteles definidos como “narcoterroristas”.
Al “patear el bote” de este miércoles hasta el próximo 20 de julio, la administración estadounidense ha enviado a sus pares el mensaje de que no se renovará por 16 años el acuerdo comercial, que será a 10 años y que al Gobierno de Claudia Sheinbaum y de Mark Carney —a sus sucesores— les esperan negociaciones anuales sobre esas grandes líneas de “seguridad nacional”.
Ello no significa que el comercio trilateral cesará de un día para otro (actualmente las exportaciones mexicanas a Estados Unidos crecen a tasa anual 25% y las canadienses en casi 17% con niveles récord, pese a los aranceles) ni que se desmantele de un chasquido de dedos la integración fabril y cadenas de suministro que se desarrolló desde hace 30 años: de acuerdo a The National Association of Manufacturers, que encabeza Jay Timmons, 71% de las importaciones desde Canadá y 64% de México son componentes que se integran a productos para consumo en su mercado interno, mientras que 75% de sus exportaciones es de multinacionales (comercio intrafirma) a todo el mundo integración regional.
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De hecho, son los fabricantes y consumidores los más impactados en inflación por la aplicación de aranceles de la era Trump, pero también beneficiarios de una fuerte creación de empleos (existen 7.6 millones de puestos vacantes, el más alto en dos años) y salarios por hora más altos de la historia con 32.31 dólares. Los aranceles como herramienta de política industrial y de presión política le están dando resultado, por ahora, a los republicanos, pero no necesariamente en popularidad ante la carestía de bienes, servicios y energía.
Lo relevante de la política de reindustrialización “Make America Great Again”, es que busca sectores de alta innovación en movilidad (terrestre, aérea y espacial), tecnología de la información, nanobiotecnología, salud y eficiencia energética y ultraprocesadores. En ese sentido, es creíble que los negociadores de la USTR, que encabeza Jamieson Greer, buscarán concesiones sobre la política nacional-estatista del régimen mexicano.
Por ello, para que los negociadores de Marcelo Ebrard acepten disolver parte de las medidas nacional-estatistas en energía, telecomunicaciones, tratamiento fiscal y aduanal o control judicial, podrían reclamar la reducción de aranceles específicos… y acordar modelos de promoción y protección a la inversión privada, nacional y extranjera en sectores bilateralmente complementarios.
Vaya, aun con todo y un purgatorio de 10 años, existen oportunidades para un nearshoring 2.0. A ver si no se nos vuelve a escapar.
Calica, ¿solución? Hablando de certeza a la inversión, Sheinbaum recién confirmó que están vigentes de las conversaciones del Gobierno federal con la empresa Vulcan, propietaria de Calica en Playa del Carmen. Una de las alternativas en las que se trabajan es la posibilidad de que la compañía, al mando de Ronnie Pruitt, siga extrayendo piedra caliza en otra zona que sea medioambientalmente factible.
De igual modo, ampliar los servicios del puerto de Punta Venado, que actualmente es una terminal privada. Lo cierto es que Vulcan se ha mantenido firme en su postura y tiene todo el apoyo del Gobierno de Estados Unidos (especialmente de Marco Rubio) para alcanzar un arreglo distinto al acuerdo centavero que propuso el gobierno de Andrés Manuel López para esos terrenos por 6,500 millones de pesos, o sea, pagar menos del 20% del valor del arbitraje que vale 1,500 millones de dólares.
Martínez Araiza se hace “pato” con 500 mdp. Pues el líder sindical Alejandro Martínez Araiza lleva 14 meses sin rendir cuentas a las autoridades laborales, pero principalmente a los trabajadores que dice representar. Nadie sabe el destino de más de 500 millones de pesos de las cuotas sindicales que cobró.
Es tal su omisión que parece rodarán cabezas en la Secretaría del Trabajo, que encabeza Marat Baruch Bolaños, empezando por Alfredo Domínguez Marrufo, director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y quien muy suavecito pidió a Martínez Araiza (19/5/2025) rindiera cuentas de las cuotas sindicales, lo cual no ha ocurrido.
Araiza Martínez detenta la contratación colectiva con algunas empresas de alimentos y fue cuestionado públicamente por trabajadores de empresas como Mondelez, PepsiCo, Sabritas, Barcel, La Esperanza y Sigma, entre otras, quienes pidieron esclarecer el destino de más de 500 millones de pesos de cuotas sindicales acumuladas durante siete años…, por lo que el líder se ha dedicado a hostigar a los trabajadores que exigen cuentas.
Por esas prácticas, Martínez Araiza tampoco es querido y aceptado por la actual dirigencia de la CTM, a cargo de Tereso Medina Ramírez, ni forma parte de la dirigencia del Congreso del Trabajo y mucho menos, es integrante del cuarto de junto para el tema laboral en las negociaciones anuales que vienen del acuerdo comercial con Estados Unidos.
Derechas-izquierdas y el voto de castigo
