La Cuarta Transformación ha hecho de la agenda de género una de sus principales insignias de legitimidad.
Presume, con justa razón, hitos históricos, como son: gabinetes paritarios, Congresos equilibrados y la llegada de la primera mujer a la Presidencia bajo la consigna de que “llegamos todas”. Sin embargo, esta robusta narrativa de un “gobierno feminista” choca frontalmente con una praxis política que, al momento de encarar la violencia machista dentro de sus propias filas, suele replegarse hacia el pragmatismo electoral, el pacto patriarcal y el blindaje institucional.
Esta flagrante contradicción se manifiesta en la brecha entre la severidad discursiva y la tibieza procesal. El movimiento oficialista se fractura internamente cuando el costo político de soltar a un activo electoral o a un cuadro leal es considerado demasiado alto. Es entonces cuando el aparato del Estado y las estructuras partidistas activan sutiles mecanismos de letargo, minimizando, congelando o transformando la justicia en un recurso selectivo.
El caso de Cuauhtémoc Blanco es sintomático de esta inmunidad selectiva. El exfutbolista y actual diputado federal acumula un historial de afrentas que desafía cualquier estándar ético de género: desde sentencias firmes del Tribunal Electoral por violencia política contra las mujeres, lo que conllevó su inscripción en el padrón de violentadores del INE, hasta denuncias penales de gravedad, como la de tentativa de violación interpuesta por su mediahermana. Lejos de enfrentar el retiro del fuero o la marginación política exigida por colectivos feministas, Blanco no sólo ha sido cobijado por las bancadas oficiales, sino que ha utilizado su posición legislativa para contraatacar, proponiendo iniciativas para penalizar las supuestas “denuncias falsas de mujeres”. Un despropósito que busca amedrentar a las víctimas y que ocurre bajo el cobijo del partido en el poder.
Otro caso paradigmático es el reciente y devastador caso de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, que ilustra otra faceta de la paradoja. Tras difundirse el video donde agrede físicamente a su esposa, la reacción punitiva y la condena unánime del Ejecutivo exigiendo “todo el peso de la ley” no tardaron en llegar. No obstante, en la disección política, este nivel de contundencia suele reservarse para perfiles que, en el ajedrez del poder, resultan prescindibles o cuya exposición mediática vuelve insostenible el silencio.
El feminismo institucional de la 4T vive atrapado en su propio discurso. Es implacable con el enemigo de enfrente, pero laxo y timorato con el aliado de casa. El verdadero compromiso de una transformación con rostro de mujer no se mide en las fotos oficiales de gabinetes paritarios, sino en el costo político que un gobierno está dispuesto a pagar para purgar a los agresores de sus propias filas. Mientras la rentabilidad de las urnas y el fuero constitucional sigan operando como escudos contra la justicia de género, el feminismo oficialista correrá el riesgo de ser recordado no como un eje transversal de justicia social, sino como una sofisticada herramienta de propaganda selectiva.
Mientras todo esto sucede, la Secretaría de las Mujeres continúa acéfala; la cual mientras fue la titular Citlalli Hernández, de quien se esperaba una fuerte presencia, manejó un bajo perfil, sin manifestarse en los casos importantes de ataques contra las mujeres, lo que tarde o temprano representará un costo político para la 4T.
Las campañas y el narco
