La aerolínea turística Magnicharters ha perdido el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos el pasado 29 de junio, luego de que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) determinara retirarlo al concluir que la empresa incumplió las medidas correctivas derivadas de una Verificación Mayor Extraordinaria realizada del 12 al 16 de enero del 2026. Algo que se veía venir, era cuestión de tiempo para que esto sucediera, donde quizá los menos interesados en esta “chatarra” son los dueños, los accionistas, ésos que ellos mismos se aplaudían su ahora fracaso en 2025.
De acuerdo con la AFAC, durante esa inspección se identificaron diversos incumplimientos a la normatividad aeronáutica, entre ellos observaciones de carácter técnico, administrativo y financiero que debían ser corregidas por la empresa. Posteriormente se emitieron los requerimientos correspondientes para subsanar las deficiencias detectadas, pero Magnicharters no cumplió con las acciones solicitadas, por lo que se determinó retirarle el certificado que le permitía operar.
La dependencia sostuvo que la seguridad aérea de los pasajeros no es negociable y precisó que la decisión se tomó con base en evidencia técnica, dentro del marco legal y respetando el debido proceso, priorizando la protección de los usuarios y la seguridad del sistema aeronáutico nacional. La pérdida del certificado confirma el desenlace de una crisis que llevaba meses desarrollándose. La suspensión de operaciones de Magnicharters no respondió únicamente a problemas logísticos, como sostuvo la propia empresa, sino a una crisis operativa, financiera y laboral, y por supuesto, una mala decisión de sus ahora prófugos de la justicia, que terminó por estallar cuando su base de pilotos decidió suspender asignaciones de vuelo por la falta de pago de viáticos durante 13 catorcenas, equivalente a casi seis meses.
El paro se sustenta en la Ley Federal del Trabajo y dejó claro que la compañía ya no tenía capacidad para sostener su operación diaria, incluso en sus obligaciones más básicas. Los pilotos señalaron que no se trataba de un conflicto sindical ni político, sino de un incumplimiento directo de obligaciones laborales. Este punto de quiebre no era nuevo. Meses antes ya se había registrado el caso de un piloto que retuvo una aeronave en protesta por la falta de pago, un hecho que anticipaba el deterioro interno que finalmente desembocó en la suspensión total de operaciones.
Detrás de este conflicto se encuentra Grupo Aéreo Monterrey, S.A. de C.V., propietario de Magnicharters y controlado por la familia Bojórquez Maza: Augusto Bojórquez Maza, Gabriel Bojórquez Maza, José Bojórquez Maza y Luis Bojórquez Maza, quienes fundaron la aerolínea en 1994 como parte de un grupo turístico familiar. El modelo de negocio, basado en vuelos chárter y paquetes vacacionales, permaneció prácticamente sin cambios mientras el mercado evolucionó con la consolidación de las aerolíneas de bajo costo y el incremento de los costos operativos. En lugar de modernizar la flota, optimizar rutas o fortalecer su estructura financiera, la empresa continuó operando con márgenes cada vez más reducidos y postergando decisiones fundamentales.
Los indicadores operativos reflejaban ese desgaste. De acuerdo con la AFAC, Magnicharters operaba apenas cuatro rutas en cinco aeropuertos, en ocasiones con una o dos aeronaves activas y un factor de ocupación de 56.6 por ciento, además de mantener vuelos internacionales. A ello se sumaba una flota integrada por aviones Boeing 737-300 con más de 30 años de antigüedad, un modelo fuera de producción que implica mayores costos de mantenimiento, menor eficiencia en consumo de combustible y una desventaja frente a competidores con aeronaves más modernas.
La situación financiera también acumulaba años de deterioro. Desde 2021 la empresa mantenía adeudos cercanos a los 70 millones de pesos por concepto de Tarifa de Uso Aeroportuario con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Para evitar la interrupción de operaciones, se negoció un esquema de pagos diferidos que contempló el desembolso de aproximadamente 35 millones de pesos y la liquidación del resto en parcialidades. El acuerdo permitió mantener la operación en el corto plazo, pero también evidenció la falta de liquidez estructural y la dependencia de mecanismos improvisados de financiamiento.
A esos pasivos se sumaron adeudos con proveedores, tensiones con administradores aeroportuarios y otros compromisos pendientes que se fueron acumulando sin una estrategia clara de solución. La lógica fue siempre la misma: ganar tiempo. El problema fue que el tiempo terminó agotándose. La cancelación de vuelos bajo el argumento de problemas logísticos resulta insuficiente frente a la dimensión de la crisis interna. Todo apunta a que la suspensión fue una decisión de la propia empresa en medio de una situación financiera insostenible, y que les negaron el concurso mercantil, lo que también abre cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades. Si la empresa llevaba meses sin poder cubrir los viáticos de sus pilotos, la pregunta es por qué se le permitió seguir operando y vendiendo boletos.
El caso vuelve a reflejar un patrón que ya se presentó con Mexicana de Aviación, Interjet y Aeromar: un deterioro financiero prolongado, supervisión insuficiente y un colapso cuyos costos terminan siendo absorbidos por trabajadores, proveedores y pasajeros, y ellos viviendo con el “empresa pobre, empresario rico”. A ello se suma un vacío legal. De acuerdo con el Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas (INIJA), la legislación mexicana no tipifica de manera específica el fraude concursal en el sector aeronáutico, lo que dificulta acreditar son las responsabilidades cuando una empresa es llevada deliberadamente a la insolvencia para dejar de cumplir sus obligaciones.
Magnicharters enfrenta ahora un margen de maniobra prácticamente inexistente. Retomar operaciones implicaría cubrir adeudos laborales, restablecer la relación con sus pilotos, renegociar pasivos con aeropuertos y proveedores y sostener una operación que ya era estructuralmente débil. A ello se suma la cercanía del vencimiento de su concesión. Hoy también surge la interrogante sobre el destino de esos recursos frente al estado financiero que presenta la empresa.
Si las autoridades realmente aún no han identificado a los responsables, los nombres de quienes encabezaron la empresa son públicos.
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