El 1 de julio, México, Estados Unidos y Canadá llegaron a la primera revisión sexenal del T-MEC. Tal como anticipó Donald Trump, Estados Unidos decidió no extender la vigencia del tratado por 16 años más.
La decisión generó confusión. Lo central es entender que el tratado no termina, que ningún país notificó su salida y que las reglas siguen vigentes hasta 2036. Lo que sigue son revisiones anuales.
El contexto jurídico importa. El artículo 34.7 del T-MEC prevé que, al sexto año de entrada en vigor (1 de julio de 2026), los tres gobiernos revisen la operación y decidan si lo extienden por un nuevo periodo de 16 años. Si los tres aceptan, el horizonte se recorre. Si alguno no acepta, el tratado continúa, pero entra en revisiones anuales hasta que exista consenso o hasta su vencimiento. Eso fue lo que ocurrió. No hubo ruptura, pero sí se perdió la posibilidad de mandar una señal larga de certidumbre.
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Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard llamaron a la prudencia. Insistieron en que el acuerdo sigue vigente, que Estados Unidos no notificó su salida y que el objetivo será ordenar la metodología de las revisiones. También señalaron que la mayor parte de los pendientes están en la relación de Estados Unidos con México y Canadá: déficits comerciales, reglas de origen, autos, acero, aluminio, contenido chino, agricultura, trabajo y seguridad económica.
El problema real para México está en el efecto acumulado contra la certeza. El T-MEC es un conjunto de reglas pensado para ordenar procesos comerciales y productivos, pero también para fomentar integración, certeza jurídica e inversión. Su valor no está únicamente en preferencias arancelarias o capítulos técnicos, está en la capacidad de dar horizonte a inversiones, cadenas de suministro, financiamiento, infraestructura, manufactura, logística y decisiones corporativas que no se toman en el corto plazo.
La decisión de revisar el tratado anualmente y dejar a México y Canadá expuestos a presiones recurrentes de Estados Unidos acorta el horizonte y condiciona la certeza. Aunque las reglas siguen vigentes y la operación continúa sin cambios inmediatos, las empresas tendrán que incorporar escenarios de tensión recurrente. Cada revisión puede reabrir discusiones sobre reglas de origen, aranceles sectoriales, energía, permisos, paneles laborales, trazabilidad de insumos, compras públicas o seguridad económica. Cada año puede convertirse en una ventana de presión política que reste dinamismo a la integración comercial, productiva y a las inversiones que el tratado debería producir.
Ése es el riesgo de fondo: que las revisiones se vuelvan procesos tan densos que el tratado pierda objeto y poder práctico. Que el T-MEC siga vigente, pero sea un ancla débil para generar inversión y avanzar en la integración de América del Norte. Si las relaciones comerciales avanzan en esa dirección, nos aproximamos a un escenario en el que el tratado pierda capacidad de dar previsibilidad a las inversiones y genere la percepción de que ya no funciona para ninguna de las partes.
México debería tomar en serio ese escenario. Sobre todo por Canadá. Desde México se suele asumir que Ottawa permanecerá en el T-MEC porque su economía también depende del mercado estadounidense y porque la integración productiva hace costosa cualquier ruptura. Pero el cálculo canadiense puede cambiar si el tratado se transforma en una fuente permanente de presión. Mark Carney ha puesto énfasis en diversificar la economía canadiense, fortalecer alianzas con potencias medias y reducir vulnerabilidades frente a Estados Unidos. En ese contexto, es probable que Canadá use la amenaza de salida como instrumento de negociación.
Para México, una crisis canadiense abriría un frente delicado. El país ha apostado su competitividad al acceso preferencial con Estados Unidos, al nearshoring y a la integración manufacturera regional. Si Canadá eleva el costo político de seguir en el acuerdo, México quedaría más expuesto a la presión estadounidense y con menos margen dentro del marco trilateral.
El otro camino es esperar. Administrar las revisiones anuales, evitar concesiones excesivas mientras termina la administración Trump y apostar por un gobierno posterior menos contingente que revitalice el tratado. Ese escenario también es probable. La integración norteamericana tiene demasiados intereses, empleos, plantas y cadenas compartidas como para desmontarse fácilmente. Pero también tiene costos. Diez años de revisiones anuales pueden enfriar las inversiones, densificar las decisiones, encarecer el financiamiento y desgastar la confianza en el país.
El T-MEC sigue vivo, pero bajo estrés permanente. Un tratado que cada año debe demostrar que merece seguir existiendo pierde una parte importante de su razón de ser.
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