Los audios difundidos por el periodista Héctor de Mauleón colocan a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, en una situación política e institucional extremadamente complicada.
En las grabaciones se escucha a una gobernadora nerviosa, temerosa de cruzar a Estados Unidos, preocupada por una posible extradición y por la posibilidad de que existan cargos en su contra. Y, sobre todo, se le escucha ofrecer información que habría obtenido en las mesas de seguridad de Baja California.
EN LA MIRA
Marina del Pilar reconoció que la voz de los audios es la suya. Su defensa consiste en afirmar que habló con personas que se presentaron como agentes o intermediarios de autoridades de Estados Unidos, pero que nunca acreditaron formalmente esa representación y que la colaboración a la que se refería era institucional, no personal. La explicación, lejos de resolver el problema, abre una interrogante aún más inquietante.
En el audio, uno de los interlocutores le hace saber que las agencias estadounidenses consideran que han perdido el tiempo con ella y que todavía existe una última oportunidad para detener posibles cargos o sanciones.
Marina del Pilar pregunta: “¿Están diciendo que me quieren llevar de extradición? ¿No me pueden decir de qué quieren que les hable? Yo puedo saber o escuchar muchas cosas de seguridad, pero si hay algo en particular que ellos quieran saber…”.
Después agrega: “Yo estoy dispuesta a hablar de todo lo que yo pueda saber, cómo apoyar, cómo cooperar. Yo puedo decir lo que he escuchado en las mesas de seguridad”. Es decir, la gobernadora está dispuesta a filtrar información confidencial del Estado con tal de obtener beneficios de las autoridades estadounidenses.
En las mesas de seguridad participan representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, las fiscalías estatales, las policías y otras instituciones responsables de combatir al crimen organizado.
Ahí se habla de objetivos prioritarios. Se revisan investigaciones en curso. Se comparten nombres, ubicaciones, operaciones, seguimientos, órdenes de aprehensión, movimientos de grupos criminales, estrategias militares y datos de inteligencia.
También se analiza a quién se está investigando, qué personas están bajo vigilancia y qué operativos podrían realizarse.
Esa información es reservada, porque una filtración puede destruir una investigación, permitir la fuga de un objetivo criminal o poner en peligro la vida de policías, militares, marinos, fiscales y testigos. Por eso, el ofrecimiento que se escucha en el audio no puede minimizarse como un simple acto de “coordinación institucional”.
La gobernadora ha respondido que sus palabras se referían únicamente a la colaboración institucional que existe entre Baja California y Estados Unidos. Pero lo que se escucha en los audios refleja otra realidad.
Ella no está hablando como una gobernadora que negocia un convenio de seguridad fronteriza. Está preguntando si la quieren extraditar, está preguntando si existen cargos, está preocupada por la OFAC y está ofreciendo decir lo que sabe para cooperar.
En la grabación, Marina del Pilar dice que cada vez que se reúne con representantes estadounidenses le ocurre algo. “Cada vez que me siento, me hacen algo. Salgo de ahí y ya pasó algo”, afirma. Y añade que parece que la van a sancionar mediante la OFAC.
Ese temor no corresponde al de una persona que únicamente enfrenta la cancelación de una visa. La mandataria también deja claro que no quiere cruzar la frontera.
Cuando se plantea la posibilidad de realizar una reunión en Estados Unidos, responde: “Yo no quiero cruzar a Estados Unidos”. Tampoco quiere reunirse en el consulado estadounidense en Tijuana y propone que el encuentro se realice en un hotel.
También existen contradicciones entre lo que Marina del Pilar declaró públicamente después del primer audio y lo que aparece en esta nueva grabación.
La gobernadora también afirmó que no realizaba acuerdos “en lo oscurito” y que sus contactos con autoridades estadounidenses se relacionaban únicamente con el bienestar de las familias de ambos lados de la frontera y con el problema de su visa.
Sin embargo, en los audios habla de al menos tres reuniones con integrantes de distintas agencias y del Departamento de Justicia. Dice que estuvo en una oficina del FBI, que conversó con un funcionario adjunto, que posteriormente hubo reuniones en México y que sus abogados participaron en otras gestiones.
Incluso señala que, pocas semanas antes, se había reunido con representantes de todas las agencias y del Departamento de Justicia. La aparición del FBI y del Departamento de Justicia apunta a una investigación potencialmente penal. En el trasfondo se encuentran los cuestionamientos sobre el financiamiento de la campaña de Marina del Pilar en 2021.
Esa elección se desarrolló en un contexto en el que también resultó electo Rubén Rocha Moya como gobernador de Sinaloa, quien ha sido señalado en distintas investigaciones periodísticas por presuntos vínculos con recursos del crimen organizado.
Marina del Pilar acepta que es su voz, pero sostiene que los audios están editados. Lo cierto es que no desmiente que sea ella quien aparece en la grabación buscando llegar a un acuerdo con las autoridades estadounidenses.
Hay otro personaje que fue muy cercano a ambos entonces candidatos, Sergio Carmona, el rey del huachicol, acusado de financiar campañas políticas con dinero ilícito. Sergio Carmona fue asesinado; su hermano es testigo protegido en Estados Unidos.
Cuando una gobernadora teme una extradición, busca frenar posibles cargos y ofrece revelar lo que escucha en reuniones de inteligencia, estamos frente a un posible problema de seguridad nacional y en donde parece ser que ella está buscando salvarse.
Marina del Pilar tiene derecho a defenderse, pero no tiene derecho a utilizar información del Estado para negociar su situación personal. Mientras tanto, en Morena deben estar enfrentando una disyuntiva enorme.
¿Sancionan a Marina del Pilar por ofrecer secretos de Estado a cambio de protección personal? ¿Les conviene retirar a una gobernadora que conoce de primera mano cómo se financiaron las campañas de 2021? Separarla del cargo implicaría un enorme costo político y podría interpretarse como un reconocimiento de que existe un problema de corrupción, que afectaría a Morena rumbo a la próxima elección en Baja California, donde, pese a todos los escándalos, el partido sigue encabezando las encuestas.
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LA DIRIGENTE nacional de Morena, Ariadna Montiel, salió en defensa de Marina del Pilar Ávila. En su intento por minimizar el contenido de los audios, comparó el caso de la gobernadora de Baja California con la participación de autoridades estadounidenses en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en Chihuahua durante el gobierno de Maru Campos.
La comparación resulta, cuando menos, forzada. En un caso se trata de una operación de seguridad realizada contra el crimen organizado; en el otro, de una gobernadora que, de acuerdo con los audios difundidos, busca beneficios personales ante una investigación en Estados Unidos y ofrece información obtenida en las mesas de seguridad.
Maru Campos no negociaba su situación jurídica ni intentaba librar posibles acusaciones por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Equiparar ambos casos no responde las dudas sobre Marina del Pilar; únicamente refleja el esfuerzo de Morena por cerrar filas para contener un escándalo que ya alcanzó dimensiones nacionales.
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