Daniel Ortega llevaba sesenta y un días sin aparecer en público cuando subió al estrado de la Plaza de la Fe, en Managua, el domingo 19 de julio, para conmemorar el 47 aniversario de la Revolución Sandinista. A su lado, Rosario Murillo —su esposa—.
Ante la multitud oficial anunció que en Nicaragua no volverá a haber elecciones. No habló de aplazarlas, reformarlas ni condicionarlas: prometió levantar, con la Asamblea Nacional que controla, un muro de leyes contra quienes llama golpistas y vendepatrias, financiados —dijo— por los yanquis. La urna, reducida desde hace años a escenografía, cedió su lugar a la exclusión declarada.
La declaración sella un camino largamente anunciado. Un régimen que falsifica resultados todavía simula respeto a la voluntad de los electores. Ortega suprimió la pregunta y los derechos políticos que lleva aparejados.
Desde que ganó las elecciones en 2007, Ortega debilitó los contrapesos, capturó las instituciones electorales, eliminó los límites a la reelección, sometió al Poder Judicial y convirtió al Frente Sandinista en la estructura administrativa del Estado. Conservaba comicios, pero ajustaba antes las condiciones para garantizar el resultado. En 2018, la represión alteró la naturaleza del cálculo; hubo más de trescientos muertos, decenas de miles de exiliados y, en adelante, un gobierno que dejó de tratar el disenso como competencia política para tratarlo como amenaza de seguridad.
En 2021 fue el ensayo general de lo que vemos hoy. Hubo siete aspirantes opositores detenidos antes de la votación y un vencedor sin rivales. Los comicios ya no elegían gobierno, sólo maquilaban una cifra. El siguiente paso fue dinástico. La reforma constitucional en vigor desde febrero de 2025 creó la copresidencia y situó a Rosario Murillo en el centro formal del poder, amplió el mandato de cinco a seis años, subordinó los demás órganos —que dejaron de llamarse poderes— a la Presidencia y legalizó la apatridia. Fue la concentración de facultades mediante el diseño jurídico de una sucesión familiar, con relevo automático en caso de muerte del presidente.
Esa misma reforma pospuso las elecciones de noviembre de 2026 a noviembre de 2027. Ahora sabemos que esos comicios tampoco se llevarán a cabo. Ortega no explicó por qué mecanismo legal desaparecerán; su gobierno rara vez da razones sobre sus decisiones. Lo que sí dejó claro es que no reconoce a los nicaragüenses el derecho a retirar del poder a quienes gobiernan.
Por eso “dictadura familiar”—como la llamó Marco Rubio— no es un exabrupto, sino una descripción: un matrimonio al frente del Ejecutivo, una Constitución adaptada a su permanencia, instituciones convertidas en dependencias y una oposición declarada jurídicamente enemiga. En la Plaza de la Fe no se anunció el fin de una elección futura. Se dijo, claramente, que Nicaragua pertenece a una familia y no a sus ciudadanos.
vlopezvela@gmail.com / @ValHumanrighter
Cadena perpetua
