Sinaloa lleva dos años en medio de la violencia. El gobierno estatal y federal no pueden vanagloriarse de haber hecho algo, más bien son factor por el que se ha agudizado el problema.
La historia pasa por diferentes gobiernos. El asunto se agravó con los gobiernos recientes. Nadie le quita responsabilidades al PAN y PRI. Durante sus años se incubaron escenarios que dejaron pasar y de los cuales son cómplices.
Pero señalar a aquellos años es evadir responsabilidades. La tonada que tocan los gobiernos de la 4T es lanzar al pasado por sus propias responsabilidades.
El otro gran problema que se enfrenta es que los problemas, propios de los actuales gobiernos, invariablemente se minimizan. Pareciera que no son ellas y ellos quienes atienden la ventanilla de la gobernabilidad desde hace ocho años, y en algunos estados desde 1997, como es el caso de la CDMX.
En los últimos años el estado de las cosas entró en un laberinto. Los gobiernos, federal y estatal, en lugar de tratar firmemente de salir de él acaban por hundirse, al tiempo que buscan en la narrativa ponderar que la violencia baja, o que se ha venido alcanzando una gran cantidad de decomisos de armas, lo cual en la vida cotidiana de las y los sinaloenses no se aprecian en lo más mínimo.
El protegido gobernador con licencia lo definió de manera cínica hace algún tiempo. Le preguntaron cuándo iba a acabar la violencia y contestó de manera lamentable que cuando “se dejen de pelear”.
Han pasado dos años brutales para Sinaloa. El Gobierno busca con la defensa de la soberanía enfrentar escenarios que son de su absoluta responsabilidad. Sigue siendo un lamentable enigma el que el Gobierno federal, empezando por la no tan autónoma FGR, no tenga elemento alguno para al menos señalar al gobernador con licencia, quien en medio de acusaciones francamente serias es protegido y a quien le da por irse a bailar, como si no tuviera responsabilidad alguna en el grave estado bajo el que vive Sinaloa.
El Gobierno federal sigue sin hacer el más mínimo acuse de recibo ante el cúmulo de irregularidades que se presentaron en la elección estatal. Sumando más cinismo, hace algunos meses Rocha reconoció que no ganó ninguna encuesta que quien lo puso fue López Obrador.
Quizá ésta sea una de las razones por las cuales el Gobierno federal no quiere señalar en lo más mínimo a un personaje que reconoció que era necesario dialogar con los narcotraficantes, que en un primer momento avaló la versión de su no tan autónoma fiscalía estatal, respecto a la muerte de Melesio Cuén, y, por si fuera poco, nunca quedó claro su posición en la reunión en la que El Mayo Zambada fue secuestrado.
Sinaloa lleva dos años en medio de un espiral de la violencia estancada. En Culiacán la gente no sale a la calle en la noche y celebra el Año Nuevo a las cinco de la tarde, porque saben bien lo que puede pasar a altas horas de la noche. Mucha gente ha tenido que cambiar de manera diametral su vida en medio del cierre de negocios y secuestros, en medio de un clima de terror cotidiano, con la niñez materialmente, encerrada en sus casas ante la eventualidad de que acaben siendo alcanzados por las balas.
No hay un solo indicio de que las cosas vayan a cambiar. Pusieron de gobernadora a una mujer que era como una extensión de Rocha Moya. Las y los sinaloenses en la mayoría de los casos, no la ubican ni físicamente.
El Gobierno federal, mientras tanto, defiende a través de la soberanía a personajes indefendibles. Los defiende y al hacerlo se vuelve cómplice, porque no hay manera de entender lo que pasa en Sinaloa, sin la complicidad entre la delincuencia, organizada y sus gobernantes.
RESQUICIOS.
La UNAM está en medio de un gran problema. Podría suceder que se repitiera el examen de admisión. Pareciera que no previeron lo que podía pasar con el examen a distancia. Urge resolver el problema, no tienen tiempo por el regreso a clases y por el escándalo que no se merece la UNAM.
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