El mensaje a propósito de la celebración del 47º aniversario de la Revolución Sandinista en Nicaragua, incluyendo el anuncio de que se prolonga el mandato presidencial y se cancelan las elecciones programadas para 2027, acaparó los reflectores globales.
Este anuncio es perfectamente consistente con el proceso gradual de consolidación de la despótica dictadura que padece Nicaragua. El matrimonio Ortega-Murillo tiene el propósito de perpetuarse en el poder. Qué mejor que eliminar las elecciones de manera indefinida.
Breve contexto histórico para entender el tamaño de la traición que Daniel Ortega Saavedra ha perpetrado: Anastasio Somoza García y sus hijos —Luis y Anastasio Somoza Debayle— consolidaron una de las dinastías dictatoriales más patrimonialistas en América Latina, entre 1937 y 1979. Contra ese régimen se levantó una revolución inspirada en el legado de un prócer nacionalista, Augusto César Sandino. Tras el fin de la dictadura, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, liderado por Ortega, ganó las elecciones presidenciales para el periodo 1985-1990. Luego de poco más de tres lustros de relativa estabilidad democrática, Ortega volvió a la presidencia en 2007 y desde entonces se ha aferrado a ella —con procesos electorales cada vez menos confiables en 2012, 2017 y 2022—. Es, actualmente, el gobernante con más tiempo en el poder entre las naciones del continente americano. Como broche de oro bananero, Ortega elevó a su esposa, Rosario Murillo, al grado de “copresidenta” desde 2025 (antes había sido vicepresidenta).
El 2018 fue un año de quiebre en la dictadura. Las protestas de ese año contra el régimen autoritario fueron brutalmente reprimidas. Según organismos de derechos humanos, hubo más de 300 muertes a consecuencia de la represión del régimen. Desde entonces, ha habido de todo: decenas de universidades intervenidas; represión generalizada contra el movimiento universitario, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y organismos de derechos humanos; una cruzada inquisitorial —valga la expresión— contra la Iglesia católica; y, desde luego, persecución de opositores políticos, muchos de los cuales han sido desterrados, despojados de su patrimonio e, inclusive, de su nacionalidad.
Eso, más lo que se vaya acumulando, como el anuncio de una ley para proscribir la participación opositora en elecciones y la injerencia del extranjero y “sus imperios y lacayos” (cualquier semejanza con México no es pura coincidencia). Y, como el objetivo es mantener la dictadura en familia, en caso de fallecimiento de la pareja presidencial, el gobierno recaería en su hijo, Laureano Ortega Murillo; desde luego, sin elecciones de por medio. Una nueva dinastía dictatorial hereditaria, como la de los Somoza, o peor.
Para Estados Unidos, entre las dictaduras “de izquierda” en el continente, Nicaragua no ha tenido el peso de Venezuela (por la cuestión petrolera y migratoria) o Cuba (particularmente significativa para el secretario de Estado, Marco Rubio). Sin embargo, desde luego que el anuncio cayó muy mal y se anuncian consecuencias, que se sumarán a las sanciones impuestas desde abril al sector minero (puntualmente, el aurífero), contra Maurice Facundo y Daniel Edmundo Ortega Murillo —los otros hijos de los “copresidentes”— y otras empresas y personas vinculadas con el gobierno.
El movimiento político y social que en su momento se erigió para oponerse a las atrocidades del régimen somocista se ha convertido en una versión más destructiva de aquello que en sus orígenes combatía. Es el ejemplo perfecto de una izquierda autoritaria que, tras haber llegado al gobierno a través de instituciones democráticas, se aboca a destruirlas para perpetuarse en el poder.
El domicilio de los registros
