Sí, el 2027 ya comenzó. Y las fuerzas políticas nacionales se han sumergido, a 10 meses de las elecciones intermedias que redefinirán el mapa político del país, en un intenso proceso de organización, mientras sus cuadros despliegan un abierto trabajo territorial en busca de obtener una candidatura a alguno de los más de 10 mil cargos que estarán en disputa.
En la elección de 2027 los mexicanos elegirán 17 gubernaturas, renovarán a los 500 integrantes del pleno de la Cámara de Diputados; 31 congresos locales; alcaldías y presidencias municipales, incluidas las de las dos metrópolis más importantes del país después de la CDMX: Guadalajara y Monterrey, y las 16 alcaldías de la capital del país. Aquí se jugará le nuevo tablero político nacional hacia la sucesión presidencial de 2030.
Con un firme respaldo popular, Morena y sus aliados mantienen la mayoría en el Congreso de la Unión; el nuevo Poder Judicial es resultado de las reformas impulsadas y aprobadas por la 4T, y la Presidencia de la República cumplirá, en 2027, nueve años en manos del movimiento fundado por Andrés Manuel López Obrador.
Liderazgos nacionales de diversos partidos políticos, consultados por este columnista, coinciden en que trabajan en dos pistas principales: un intenso proceso de organización interna para garantizar presencia en todo el territorio nacional y el control de sus aspirantes para evitar rupturas o presiones en la definición de candidaturas.
Así que las fuerzas políticas del país ya arrancaron. El oficialismo hará lo necesario para conservar el control político del país y las fuerzas de oposición, con nuevos actores —que al final son los mismos que nunca se fueron, pero que no encontraron espacio en las filas de la 4T—, están dispuestas a todo para recuperar espacios de poder y reposicionarse.
Aunque el calendario electoral diga otra cosa y las campañas constitucionales todavía parezcan lejanas, el juego ya comenzó. No inició con el registro de aspirantes ni con una convocatoria partidista. Empezó hace meses y hoy se acelera con el activismo abierto de quienes buscan posicionarse para convertirse en el o la candidata.
Estamos ante un fenómeno. La política dejó de regirse exclusivamente por los calendarios que marca la autoridad electoral. Los tiempos jurídicos siguen siendo obligatorios para las campañas, pero la construcción de una candidatura competitiva es cada vez más visible, sin importar que algunos caminen al borde de la ley.
Sin duda, el rival a vencer sigue siendo Morena. Todas las encuestas ubican hoy al morenismo con una ventaja promedio de al menos 20 puntos sobre el PAN, 22 sobre Movimiento Ciudadano y 26 sobre el PRI. Si a ello se suman las preferencias del PVEM y el PT, la ventaja del oficialismo se amplía todavía más.
Por eso en Palacio Nacional no quieren sorpresas. Hay una estrategia clara para conservar los gobiernos que hoy encabezan y, del otro lado, una intensa campaña de desgaste, desprestigio y golpeteo permanente, incluso echando mano de cuadros que han huido del país mientras enfrentan procesos penales por delincuencia organizada, con el propósito de intentar descarrilar a la 4T.
Por eso ya comenzamos a ver en buena parte del país recorridos permanentes por municipios, asambleas informativas, reuniones con sectores sociales, fortalecimiento de estructuras territoriales, incorporación de liderazgos locales y un trabajo sistemático de afiliación. Lo hacen todos los partidos políticos.
Durante muchos años se pensó que la popularidad bastaba para construir una candidatura. Las redes sociales reforzaron esa percepción al convertir la exposición mediática en un activo político de primer orden. Sin embargo, la experiencia reciente ha demostrado que ninguna estrategia digital sustituye la capacidad de organización en el territorio.
La fotografía viral puede durar unas horas; una estructura política sólida puede sostener una campaña durante meses y defender una elección el día de la jornada electoral.
Por ello, los aspirantes ya no compiten únicamente por aparecer en las encuestas. La disputa se libra en varios frentes: quién logra mayor presencia regional; quién construye mejores equipos municipales; quién suma liderazgos sociales y políticos; quién establece una interlocución más sólida con la dirigencia nacional de su partido y quién consigue transmitir gobernabilidad, cercanía y capacidad para encabezar un proyecto competitivo.
La política dejó de esperar los tiempos electorales porque entendió que las elecciones modernas se ganan mucho antes de que aparezcan las boletas.
Las estructuras territoriales han recuperado el valor que durante algún tiempo pareció eclipsado por la comunicación digital. Las redes sociales ayudan a construir notoriedad, pero siguen siendo insuficientes para sustituir el contacto directo con la ciudadanía, la organización seccional, la movilización política y la capacidad de operación electoral.
La estructura volvió a convertirse en la moneda más valiosa de cualquier aspirante.
De aquí a 2027 veremos crecer la intensidad de esa competencia silenciosa. Habrá más giras, más encuentros con militantes, más recorridos comunitarios, más mediciones internas y una disputa cada vez mayor por el respaldo de liderazgos regionales. Todo ello ocurrirá mientras, oficialmente, aún no exista un proceso electoral en marcha. Esa es la paradoja de la política contemporánea: las campañas tienen una fecha de inicio; las sucesiones, no.
RADAR
FALLO. Por cierto, de manera unánime, magistrados de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmaron la sentencia del Tribunal local que ordenó al Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California investigar a la senadora con licencia Julieta Andrea Ramírez Padilla por presunta promoción personalizada y actos anticipados de campaña derivados de su participación para buscar una candidatura al gobierno de Baja California, a meses del inicio del proceso electoral de 2027. Tssssss.
De memoria. (Regulación)
