La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) atraviesa una de las crisis más severas de sus años recientes, afectando directamente su activo más valioso: la credibilidad institucional.
Que la legitimidad de su proceso de selección se encuentre en duda no sólo es preocupante, sino sumamente peligroso para el futuro de la máxima casa de estudios. Han transcurrido días cruciales y, hasta el momento, no existe una explicación clara y fehaciente sobre lo ocurrido durante la aplicación de los exámenes de admisión, en los que miles de aspirantes habrían recurrido a trampas para mejorar sus calificaciones.
Como egresado de esta universidad y profesor en la Facultad de Derecho, me resulta alarmante presenciar un escenario de esta magnitud. Sin embargo, no podemos aislarnos de la realidad actual: el uso irrestricto de la Inteligencia Artificial por parte de las nuevas generaciones. Hoy en día, los alumnos emplean estas herramientas para prácticamente todas sus actividades escolares, lo que ya representaba un severo quebradero de cabeza para la planta docente a la hora de evaluar trabajos y tareas en el aula. Lo grave es que este problema ha traspasado el entorno escolar para minar un filtro de selección masivo y determinante.
Frente a esta coyuntura, la Rectoría no puede limitarse a emitir comunicados tibios; debe actuar con firmeza y deslindar responsabilidades en todas las áreas y niveles jerárquicos. La investigación debe comenzar desde la raíz: auditar minuciosamente el proceso de contratación de la empresa privada encargada de la aplicación del examen. Es indispensable verificar si contaba con la experiencia técnica indispensable y si los costos se justificaban.
En el servicio público e institucional, con frecuencia observamos cómo ciertas empresas resultan favorecidas por amiguismo o esquemas de corrupción. De confirmarse alguna irregularidad, se debe iniciar de inmediato un procedimiento sancionador contra los funcionarios involucrados, además de entablar las demandas correspondientes por incumplimiento de contrato, así como por daños y perjuicios contra la empresa proveedora.
La UNAM tiene la obligación moral y legal de ir hasta las últimas consecuencias. Se requiere una investigación exhaustiva que sancione sin miramientos a quienes fallaron en su encargo, ya sea por negligencia, incompetencia o complicidad. Quedarse a medias sólo profundizaría la desconfianza de la sociedad mexicana hacia su universidad pública más importante. Debe quedar bien claro qué fue lo que falló y quiénes son los responsables.
Este tipo de escándalos demuestra que la tecnología ha rebasado los métodos tradicionales de evaluación y que la falta de supervisión adecuada abre la puerta a la impunidad. La Inteligencia Artificial no va a desaparecer y, por el contrario, cada día avanza más, por lo que la universidad debe modernizar de inmediato sus protocolos de seguridad, adaptar sus instrumentos de medición y, sobre todo, blindar sus procesos con total transparencia. Sólo asumiendo la responsabilidad con autocrítica y rigor legal se podrá restaurar la confianza que millones de mexicanos han depositado en el espíritu de nuestra universidad.
Por otra parte, se debe regular de inmediato el uso de la IA en el país y, sobre todo, en las universidades, para que tanto los alumnos como los profesores tengamos claro los límites y sanciones por su uso indebido. Mientras tanto, el daño ya está hecho a la UNAM, ahora sólo queda resolver de la mejor manera para mitigar en lo posible sus consecuencias.
El reporte Mazzucato (5/5)
