SoberanÍA

Esta década ha estado marcada por una sucesión de crisis y transformaciones: la pandemia, el trumpismo bélico antimultilateralista y la aceleración de los efectos del cambio climático.

Sin embargo, la transformación con mayor capacidad para modificar la economía, el Estado y la vida cotidiana es la expansión de la inteligencia artificial.

La IA no es únicamente una innovación tecnológica. Es el resultado de una infraestructura compuesta por datos, semiconductores, capacidad de cómputo, redes, energía, agua, talento especializado y capital. Su desarrollo y control se concentra en pocas empresas y países. Por ello, el debate sobre inteligencia artificial es también una discusión sobre competencia económica, soberanía, seguridad nacional y capacidad regulatoria.

La velocidad de adopción obliga a dejar atrás una conversación centrada en los beneficios o peligros abstractos de la tecnología. El problema de política pública consiste en definir bajo qué condiciones puede utilizarse, qué riesgos deben prevenirse, qué autoridades serán competentes y quién responderá cuando una decisión automatizada produzca daños.

En los próximos años, sistemas de inteligencia artificial participarán en decisiones relacionadas con empleo, crédito, salud, educación, seguridad, consumo y servicios públicos. Los datos que utilizan pueden reproducir desigualdades; los algoritmos pueden generar decisiones opacas; y la automatización puede diluir responsabilidades entre desarrolladores, proveedores y usuarios.

La respuesta regulatoria a esos problemas públicos debe construirse mediante un diálogo entre gobierno, empresas, academia y sociedad. El objetivo no puede limitarse a corregir, después, los beneficios y costos generados por la IA. Se requiere una lógica de predistribución: definir desde el diseño de las políticas quién tendrá acceso a la tecnología, quién desarrollará capacidades productivas, quién asumirá los riesgos y cómo se distribuirán sus beneficios.

Ese proceso tampoco puede quedar exclusivamente en manos del Estado ni depender de la autorregulación empresarial. Requiere codiseño institucional, estándares técnicos y mecanismos de rendición de cuentas. La igualdad, la dignidad y la protección de derechos deben orientar las reglas y sus resultados. De lo contrario, la regulación llegará tarde y se limitará a contener daños ya materializados.

Los esfuerzos aislados muestran ese problema. La polémica por el examen de ingreso en línea de la UNAM no cuestiona únicamente el posible uso de inteligencia artificial para hacer trampa. También obliga a revisar los mecanismos de evaluación, la supervisión institucional y la forma en que acreditamos conocimientos. Cuestiona el sentido de la propia educación universitaria.

La ciberseguridad plantea un reto mayor. La inteligencia artificial permite detectar vulnerabilidades y responder a incidentes, pero también automatiza ataques, multiplica su escala y facilita suplantaciones. La amenaza dejó de concentrarse en el robo de información: alcanza infraestructura crítica, procesos electorales y servicios públicos. Los ataques contra instituciones europeas y las operaciones enfrentadas por Estonia muestran que la IA ya forma parte de las capacidades ofensivas y defensivas de los Estados.

La dimensión internacional también importa. La inteligencia artificial consolida un mundo tecnológico bipolar, en el que Estados Unidos y China compiten por chips, centros de datos, talento, plataformas y datos. Europa intenta construir una tercera vía mediante regulación basada en riesgos, reglas de ciberseguridad y capacidades propias. Sus críticos consideran que esa prudencia ha limitado la innovación; sus defensores sostienen que busca evitar que los costos sociales sean irreversibles.

Por su parte, América Latina no debería limitarse a proporcionar datos, usuarios, energía y territorio mientras la infraestructura, los modelos y el valor económico permanecen concentrados en otras regiones. Ese esquema se parece menos a una economía digital abierta que a una relación de dependencia casi feudal.

Superar esas relaciones exige mucho más que regular la inteligencia artificial. Requiere infraestructura, investigación, formación de capital humano y planeación energética e hídrica. Mientras México no construya esas capacidades, seguirá rezagado incluso frente a economías con niveles de desarrollo comparables. La posición de un país en la economía de la IA se define antes de que aparezcan los algoritmos: mediante políticas de inversión, educación, energía y desarrollo tecnológico. La soberanía energética no debería rezagar la soberanía tecnológica, sino hacerla posible.

México necesita una política nacional que defina el lugar que busca ocupar: como consumidor de tecnologías desarrolladas en otros países, proveedor de datos, energía y territorio, o como un jugador con capacidad para intervenir en las decisiones y la distribución de los beneficios. La regulación importa, pero llegará tarde si primero no construimos las capacidades necesarias para sentarnos a la mesa.