El Gobierno de México no está inventando el hilo negro para tomar el control de lo que se dice en los medios de comunicación. Sabe cómo hacerlo porque está tomando como referencia el modelo que le ha funcionado a gobiernos autoritarios como el de Venezuela.
En México se está trabajando a través de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), que acaba de abrir una consulta pública para elaborar los nuevos lineamientos generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias.
A simple vista, el nombre parece incuestionable. ¿Quién podría estar en contra de proteger los derechos de quienes escuchan radio o ven televisión? Pero cuando se revisa el contenido del proyecto nos damos cuenta de que estas nuevas disposiciones impactan el ejercicio periodístico y la libertad editorial de los medios de comunicación.
• Impunidad rampante
¿AVANCE O RETROCESO?
Esto es similar a lo que ocurrió en Venezuela con la llegada de Hugo Chávez al poder.
En Venezuela, la llamada Ley Resorte (Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión) no surgió de manera repentina, sino que fue el resultado de un proceso gradual de fortalecimiento del control del Estado sobre los medios de comunicación. Tras la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 y, sobre todo, después del intento de golpe de Estado de 2002, el gobierno argumentó que era necesario regular a los medios para evitar la desinformación y proteger a la sociedad.
Con ese discurso, en 2004 la Asamblea Nacional aprobó la Ley Resorte, que entró en vigor en 2005. Oficialmente buscaba proteger a niños y adolescentes, promover la producción de contenidos nacional y garantizar la llamada “responsabilidad social” de la radio y la televisión, muy similar a la que hoy se plantea en México.
Desde entonces, organizaciones nacionales e internacionales advirtieron que varios de sus conceptos eran ambiguos y podían utilizarse para sancionar contenidos críticos, tal como hoy muchos especialistas están advirtiendo que podría ocurrir en México.
Con el paso de los años, la ley en Venezuela fue ampliando su alcance. Se incrementaron las sanciones administrativas, las multas y la supervisión de los medios, mientras muchos optaron por la autocensura para evitar represalias.
En 2010, la legislación fue reformada para incluir también a los medios electrónicos e Internet. Para diversos especialistas, la Ley Resorte se convirtió en uno de los principales instrumentos legales mediante los cuales el Estado venezolano fortaleció el control sobre la información y redujo progresivamente el pluralismo informativo.
En México, la consulta para elaborar los nuevos lineamientos generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias es, apenas, el primer paso de un proceso que podría concluir con la emisión de reglas obligatorias para todos los concesionarios de radio y televisión del país.
El argumento del Gobierno de México es prácticamente el mismo que utilizó el gobierno de Chávez en Venezuela: que las audiencias reciban información clara, que exista una separación entre información, opinión y publicidad y que se garantice el respeto a diversos derechos de los consumidores de contenidos audiovisuales.
El problema es que hoy el árbitro de lo que se puede decir y de lo que no, según está planteado en estos lineamientos, sería el propio Gobierno, es decir, la autoridad reguladora. Eso ha encendido las alertas.
Hoy está en riesgo la libertad de expresión y la independencia de los medios de comunicación en nuestro país. Y esa libertad también representa el derecho de las audiencias de ver, leer y escuchar lo que deseen.
Además, en un principio se dijo que estos lineamientos serían únicamente para radio y televisión. Sin embargo, podrían extenderse a otros medios de comunicación, incluidos los medios digitales, la prensa escrita y las redes sociales.
Y es que, mientras el Gobierno federal trabaja con una serie de pseudoperiodistas para tratar de imponer su discurso utilizando recursos públicos, los medios que hablan con la verdad y exponen la realidad del país podrían ser sancionados o, peor aún, ante el riesgo de esas sanciones, terminarían recurriendo, inevitablemente, a la autocensura.
No es la primera vez que México enfrenta una discusión de esta naturaleza. Los anteriores lineamientos sobre derechos de las audiencias fueron objeto de controversias constitucionales, modificaciones legales y resoluciones judiciales, precisamente porque existía el temor de que algunas de sus disposiciones invadieran el terreno de la libertad editorial de los medios.
Por ahora, el proyecto se encuentra en consulta pública. Se supone que ciudadanos, especialistas, universidades, organizaciones civiles, medios de comunicación y concesionarios podrán presentar observaciones antes de que la CRT emita la versión definitiva.
Lo cierto es que, en todas las consultas realizadas por el Gobierno, los resultados casi siempre terminan siendo convenientes para quienes están en el poder. Así ocurrió, por ejemplo, con la consulta relacionada con la reforma al Poder Judicial.
Sin conocer a fondo el contenido de estos lineamientos, muchos actores no habían alzado la voz. Ahora que se conoce la forma en que se pretende regular los contenidos informativos, las críticas han comenzado a multiplicarse.
No son únicamente los concesionarios de radio y televisión quienes están alarmados por estas disposiciones.
Los cuestionamientos vienen desde la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), cuyos integrantes han advertido que varias de las disposiciones propuestas en los lineamientos vulneran la libertad editorial y generan incertidumbre jurídica al otorgar amplias facultades a la autoridad para intervenir en los contenidos.
La organización periodística Artículo 19 alertó que cualquier regulación debe respetar los estándares internacionales de libertad de expresión y evitar conceptos ambiguos que puedan convertirse en mecanismos de censura.
La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) ha insistido en que la protección de las audiencias no puede traducirse en control gubernamental sobre las líneas editoriales, mientras que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha advertido que las regulaciones que permiten al Estado supervisar contenidos representan un riesgo para la prensa independiente.
La propia Arquidiócesis Primada de México, a través del semanario Desde la Fe, señaló que la libertad de expresión es un pilar de la democracia y pidió que cualquier regulación garantice el libre ejercicio del periodismo y la pluralidad de ideas, sin abrir espacios para la censura o el control político de los medios.
Y los más alarmados deberían ser los consumidores de información. Ellos son quienes deben decidir qué quieren ver, escuchar y leer.
Lo que ha sucedido a lo largo de la historia debe hacernos reflexionar. Con unos lineamientos muy similares a los que hoy se proponen en México, el Gobierno de Venezuela pavimentó el camino hacia un modelo que terminó restringiendo, cada vez más, la libertad de expresión y el pluralismo informativo.
Hoy Venezuela es señalada por organismos internacionales como uno de los países con mayores restricciones a la libertad de expresión en la región.
Mañana también podría ser México.
“Examen de control”. Secuelas
