El negocio del huachicol ha alcanzado tal nivel de sofisticación en México que ya no se trata únicamente de perforar ductos para robar combustible.
Hoy las organizaciones criminales operan verdaderos centros clandestinos de procesamiento de hidrocarburos, con infraestructura industrial, enormes tanques de almacenamiento, líneas de producción, maquinaria especializada y cientos de miles de litros de combustibles y productos químicos.
Esta semana, la Fiscalía General de la República (FGR) desmanteló cuatro de estos complejos ilícitos en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos, apenas unos días después del aseguramiento de una gigantesca refinería clandestina en Tamaulipas.
OPERATIVO DESIERTO
Pero hay un dato que llama la atención, pese a la magnitud de los hallazgos, no hubo una sola persona detenida, ni en estos centros ni en la refinería clandestina que fue incautada en Tamaulipas hace unos días.
La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿cómo operan estos centros sin que la autoridad los descubra? Estamos hablando de instalaciones enormes, de las que entran y salen decenas de pipas todos los días para distribuir ese combustible en el país.
Sobre estos cuatro complejos recién desmantelados se dice que las investigaciones comenzaron a partir de denuncias anónimas de vecinos que reportaban la entrada y salida constante de autotanques y pipas, movimientos inusuales de maquinaria de gran dimensión y fuertes olores a hidrocarburos.
Con base en trabajos de inteligencia de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la FGR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN) y Petróleos Mexicanos (Pemex) Logística ejecutaron órdenes de cateo en cuatro inmuebles que funcionaban como auténticas plantas clandestinas.
En el municipio de San Luis Potosí fue localizado el mayor complejo. Las autoridades encontraron ocho tanques con capacidad aproximada de 80 mil litros cada uno, casi 900 contenedores de mil litros, maquinaria industrial, generadores eléctricos, equipo especializado y entre 500 mil y 600 mil litros de petrolíferos. En un segundo predio, en Laguna de San Vicente, también en San Luis Potosí, fueron aseguradas dos líneas de producción, 18 tanques verticales, alrededor de 40 mil litros de petróleo crudo y diésel, además de ácido sulfúrico y otras sustancias utilizadas para procesar combustibles.
En Tizayuca, Hidalgo, otro de los estados históricamente más golpeados por el robo de combustible debido a la red de ductos de Pemex que atraviesa la entidad, las autoridades localizaron más de 456 mil litros de presuntos hidrocarburos o productos químicos almacenados en decenas de contenedores de gran capacidad.
En Cuautla, Morelos, el cateo se realizó después de que habitantes denunciaran el constante ingreso de pipas escoltadas por camionetas y un intenso olor a combustibles y químicos en toda la zona.
Estos operativos confirman que el huachicol ya no consiste únicamente en el robo de combustible, sino en una industria ilegal con capacidad para almacenar, mezclar, transformar y distribuir hidrocarburos a gran escala.
Y reitero: la ausencia de detenidos en los cuatro cateos vuelve a abrir el debate sobre la efectividad de estos operativos. Las autoridades decomisan instalaciones millonarias, pero los responsables desaparecen antes de los cateos, lo que ha generado cuestionamientos sobre si algunas de estas acciones son resultado de información previamente filtrada o incluso de entregas pactadas.
La FGR asegura que las investigaciones continúan, pero el verdadero desafío será detener a quienes dirigen estas redes criminales de hidrocarburos y no únicamente asegurar los inmuebles donde operan.
Hace apenas unos días, las autoridades aseguraron una enorme refinería clandestina en Reynosa, Tamaulipas. En realidad, se trató de dos instalaciones vinculadas entre sí, donde fueron decomisados casi cuatro millones de litros de hidrocarburos, con un valor estimado de 120 millones de pesos. El hallazgo dejó al descubierto el nivel de sofisticación que ha alcanzado el robo y procesamiento ilegal de combustibles en México.
Otra vez llegaron las autoridades a ese complejo que, por sus dimensiones, es imposible que pasara desapercibido y, sin embargo, tampoco encontraron a nadie en las instalaciones. No hubo un solo detenido.
En ese lugar operaba una verdadera planta industrial equipada con siete tanques verticales, 11 enormes tanques móviles con capacidad aproximada de 80 mil litros cada uno, redes de tuberías industriales, plantas generadoras de energía, motobombas, tractocamiones, pipas y equipos especializados para el procesamiento, almacenamiento y traslado de hidrocarburos a todo el país.
En una segunda instalación, considerada una minirrefinería, también fueron asegurados tanques de almacenamiento similares a los utilizados en instalaciones autorizadas legalmente, además de vehículos pesados y generadores eléctricos.
De acuerdo con reportes locales, el complejo contaba con un sistema propio de seguridad de videovigilancia y antenas de transmisión para proteger sus operaciones.
Sin embargo, pese a la magnitud del aseguramiento y a la capacidad que tenía para producir y movilizar miles de litros de combustible diariamente, las autoridades no reportaron la detención de ninguna persona.
El caso vuelve a evidenciar que el huachicol ha evolucionado hacia una industria ilegal altamente organizada, con infraestructura comparable a la de instalaciones petroleras formales. El reto para las autoridades, ya no es únicamente localizar estas refinerías clandestinas, sino capturar a quienes las financian, operan y controlan.
Lo cierto es que las investigaciones, hasta ahora, no parecen encaminadas a llegar al fondo del caso ni a identificar a los verdaderos responsables de una red de huachicol de esta magnitud.
Una operación capaz de mover millones de litros de combustible, utilizar infraestructura industrial, obtener permisos, movilizar autotanques y cruzar controles fiscales y aduaneros difícilmente pudo funcionar sin protección institucional y sin la participación de funcionarios de alto nivel.
Hoy algunos operadores, que evidentemente no son la cabeza de estas redes de corrupción, son los que enfrentan largos procesos penales; pero los verdaderos responsables de su instalación no han sido llamados, siquiera, a rendir su declaración.
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