Durante mucho tiempo se asumió que los avances en igualdad de género y derechos humanos eran irreversibles. Parecía que, aunque aún quedaba camino por recorrer, los derechos conquistados por las mujeres en la vida política, económica y social ya estaban asegurados. Pero la realidad demuestra lo contrario: ningún derecho está garantizado para siempre y la representación femenina, así como se conquista, también puede perderse.
Cuando las mujeres desaparecen de los espacios de poder, la democracia se debilita. No se trata sólo de igualdad o acceso a cargos públicos, sino de quiénes participan en las decisiones que afectan a toda una sociedad. Si una parte de la población deja de estar representada, la democracia pierde legitimidad, diversidad y capacidad de respuesta.
Argentina ofrece un ejemplo preocupante. Desde 2021, su Corte Suprema de Justicia está integrada sólo por hombres, lo que la convierte en el único país de América Latina sin representación femenina en su máximo tribunal. La contradicción es evidente: las mujeres representan 57 por ciento del sistema judicial argentino, pero apenas ocupan 31 por ciento de los cargos de mayor jerarquía.
La diversidad de género en los tribunales no garantiza automáticamente sentencias con perspectiva de género. Sin embargo, fortalece la legitimidad institucional y permite que las decisiones reflejen una mayor pluralidad de experiencias. En una democracia, la ausencia sistemática de mujeres en los órganos de mayor poder envía un mensaje inquietante: que sus experiencias pueden ser ignoradas sin consecuencias.
El problema va más allá del ámbito judicial. ONU Mujeres y la Unión Interparlamentaria señalan que sólo 28 países son gobernados por una mujer y que 101 naciones nunca han tenido una jefa de Estado o de Gobierno. A nivel global, las mujeres ocupan apenas 22.4 por ciento de los ministerios y 27.5 por ciento de los escaños parlamentarios. Lo alarmante es que ya se advierten señales de retroceso.
La representación femenina importa porque quienes deciden también definen qué problemas se vuelven prioridad, a qué políticas se destinan recursos y cuáles quedan relegadas. No es casualidad que los sistemas de cuidados sigan siendo una deuda histórica en México y en buena parte del mundo. Cuando quienes asumen la mayor parte de esas tareas están subrepresentadas, sus necesidades difícilmente llegan al centro de la agenda pública.
La historia enseña que la exclusión rara vez empieza con prohibiciones explícitas. Muchas veces avanza de forma silenciosa, mediante omisiones y decisiones que terminan normalizándose. Por eso debemos atender las señales de retroceso antes de que se conviertan en una nueva normalidad.
Michoacán
