QUEBRADERO

Alégale al umpire

Javier Solórzano Zinser │ *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón
Javier Solórzano Zinser │ *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón Foto: La Razón de México

El tema de las audiencias lleva muchos años debatiéndose. En el país no se ha llegado a un acuerdo, porque buena parte de los proyectos que se han echado a andar han sido desechados, dirían en otro tiempo “no le han encontrado la cuadratura del círculo”.

Lo que ha pasado es que se han retomado elementos de debates y propuestas para integrarlo a las leyes y reglamentos. La reforma de gran calado en la materia no se ha alcanzado, no por falta de voluntad de los que la quieren proponer y en muchos casos imponer, sino porque no se encuentran elementos que puedan ser realmente de utilidad y que logren entrar en un acuerdo entre gobiernos, dueños de los medios, especialistas, académicos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil.

Desde hace tiempo se ha venido legislando sobre el tema de las audiencias. Lo que ha faltado es que los medios definan a su defensor de las audiencias, lo que han hecho es dejar las cosas en algo así como cartas a la redacción o llamadas del público. La figura para que la audiencia pueda comunicarse con el medio se ha establecido a través de otros instrumentos, sin que se haya institucionalizado como tal.

De alguna manera los medios tienen el termómetro del público. Los ratings son un elemento, por más cuchareados que estén, para saber qué sí y qué no. El problema es que mucho de lo que se hace es unilateral basándose en fórmulas conocidas desde hace mucho tiempo, lo que hace distintas las cosas es la actualización de lo hecho durante años.

Estas fórmulas van creando un gusto entre las audiencias. El público ante los medios es un ente amorfo y difícil de definir e incluso entender. No necesariamente está en medio la politización, como lo quiere hacer ver la propuesta del Gobierno. En las dinámicas cotidianas, el asunto parte más de lo que los medios hagan que lo que en muchas ocasiones, la propia audiencia propone. El público tiene a menudo a los medios como una acompañante con el que le gusta estar y al que no necesariamente cuestiona.

No es un menosprecio de la audiencia ni de sus gustos. Más bien es una dinámica que se ha creado a lo largo de décadas y el sentido que tiene para el público el papel de los medios.

El propio Gobierno ha tenido la oportunidad de ir creando una televisión y radios públicos distintos, pero en un buen número de casos se ha optado por hacer una televisión de Gobierno, con todo lo que esto implica. Los gobiernos de la 4T no pueden presumir que han hecho una televisión distinta de la que durante mucho tiempo hemos visto, incluso en algunos casos hasta se extraña el pasado.

Las audiencias son múltiples y tienen diferentes formas de ver las cosas. Los medios han ido creando desde su origen a un público cautivo. Emilio Azcárraga Milmo lanzó una frase que acabó siendo lapidaria, en función de la relación entre medios y audiencias: “Nosotros hacemos televisión para los jodidos”.

Las redes han transformado a las sociedades, porque las han vuelto entre activas y reactivas. Se piensa en las audiencias con los medios actuales, pero no se piensa en cuál debería de ser de manera paralela un proceso en que los medios fueran construyendo nuevas audiencias con base en nuevas propuestas.

No tiene sentido que en medio del debate el Gobierno se ponga a hacer listas de quienes están en favor y en contra de la regulación. De entrada, están censurando el pensamiento que es distinto, y ése no es el camino para hablar de las audiencias ni del complejo tema de los medios y las redes, lo cual es un asunto público, de todas y todos.

Al final todo se va a concentrar en saber quién tiene la última palabra y cómo viene el proyecto, acabará siendo el Gobierno, y ahora sí que alégale al umpire.

RESQUICIOS.

Doce años después apareció un testigo protegido que señala al exgobernador de Guerrero como responsable de dar la orden de borrar todo lo que tenía que ver, incluyendo videos, con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa; 12 años después.

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