La soberanía energética tiene un problema incómodo: cuesta. México puede decidir depender menos del gas de Estados Unidos, pero necesita desarrollar reservas, construir infraestructura, convencer a las comunidades… La discusión sobre el fracking que abrió el Gobierno inevitablemente enfrentará esa tensión.
El Gobierno ha colocado la soberanía energética y la planeación vinculante entre los ejes de su política. La primera busca reducir la dependencia del exterior; la segunda devuelve al Estado la conducción sobre dónde, cuánto y con qué tecnologías debe generarse energía. Es un cambio respecto del gobierno anterior, aunque está muy lejos de la liberalización impulsada previamente.
México importa alrededor de tres cuartas partes del gas natural que consume y casi todo llega de Estados Unidos. Cerca de 70% de la electricidad se genera con este combustible. Una interrupción del suministro tendría consecuencias económicas y de seguridad serias.
• Respuesta rápida
El Gobierno debe impulsar distintas fuentes de energía. Las renovables deben crecer con rapidez, pero hoy no pueden sustituir solas el gas que requiere la industria y el sistema eléctrico. De ahí el viraje hacia los yacimientos no convencionales. El fracking libera hidrocarburos atrapados en rocas mediante perforaciones horizontales e inyección de agua, arena y aditivos a alta presión. Durante años, Morena lo convirtió en símbolo de un modelo depredador, ahora, frente a la dependencia energética, hay disposición a evaluarlo.
Esta semana, el comité científico convocado por la Presidenta Claudia Sheinbaum recomendó prohibir la actividad en Tampico-Misantla, entre Veracruz y el sur de Tamaulipas, por su densidad poblacional, biodiversidad y complejidad social. La evaluación continuará en Sabinas-Burro-Picachos, en Coahuila y Nuevo León, y en Burgos, al noreste de Tamaulipas.
La ruta será gradual: perforar para confirmar la existencia de agua salada profunda sin conexión con acuíferos someros; comprobar reservas comercialmente viables de gas; diseñar proyectos piloto de menor impacto, y consultar a las comunidades antes de una explotación a gran escala.
Excluir la Huasteca atiende parte de la presión social, pero no desactiva la resistencia. La Alianza Mexicana contra el Fracking, integrada por más de 40 organizaciones, exige una prohibición nacional. En Papantla, 14 comunidades totonacas, acompañadas por ambientalistas, han recurrido a tribunales contra proyectos de exploración. En el noreste, más de 90 colectivos agrupados en Noreste Sin Fracking rechazan la técnica por sus efectos sobre el agua, el aire y la salud. Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas también enfrentan estrés hídrico, organizaciones, comunidades y abogados que no se quedarán de brazos cruzados.
Después viene el dinero. El Imco documenta que la inversión física del sector público cayó 7.9% en el semestre. El Estado puede encabezar la estrategia, pero difícilmente financiará sólo los pozos y la infraestructura.
Por eso el Gobierno anunció una cartera de inversión pública y mixta por 5.6 billones de pesos hasta 2030. Los contratos mixtos buscan lo mismo: conservar la asignación y el control del proyecto, mientras una empresa aporta capital, tecnología y capacidad operativa a cambio de pagos ligados a la producción.
Capital hay. BlackRock, Apollo, KKR y otros fondos compiten por los proyectos de infraestructura. El problema es convertir ese apetito en inversión.
El Gobierno busca conducir y elegir los proyectos, pero carece de recursos para ejecutarlos por sí solo. El capital privado sí quiere entrar, aunque exige reglas previsibles. Las comunidades se pueden ver beneficiadas de estos proyectos, pero primero querrán saber el impacto en agua, medio ambiente y mitigaciones.
El fracking puede reducir la dependencia de Estados Unidos e incrementar la capacidad energética de México beneficiando el desarrollo económico del país… pero también puede repetir la historia de proyectos que existen en el papel, pero con problemas para despegar.
