El ejercicio periodístico les resulta a los gobiernos en la gran mayoría de los casos incómodo.
El debate que estamos teniendo estos días pasa por ello. Cuando desde el gobierno se decide a quién sí se le da dinero se ideologizan hechos que debieran tener diversas aristas en función de sociedades democráticas y plurales.
Decidir a quién sí y a quién no es abrogarse la idea de que el dinero se puede manejar de manera discrecional. Es algo similar a lo que el titular de Educación grita en sus singulares participaciones cuando dice que la Presidenta está dándole el dinero a los jóvenes.
• Mikel Arriola, abucheado
Lo delicado está en que pareciera que el gobierno quiere que el ejercicio periodístico sea por principio afín al actual ejercicio del poder. Inevitablemente se recuerda aquello que mereció una profunda crítica contra el gobierno del priista José López Portillo, cuando debido a un artículo que publicó Proceso, crítico al gobierno, dijo que “no te pago para que me pegues”.
En el fondo, lo que estaba diciendo el expresidente es que no aceptaba la crítica, sin importar que de por medio existen criterios para determinar donde se coloca el dinero de la publicidad oficial en función de elementos como cobertura, tiraje y, sobre todo, la importancia que tiene que muchos de los mensajes oficiales lleguen a la población.
Todo esto se entrelaza con el debate sobre los temas de audiencias, derecho de réplica, información-opinión y los criterios que deben existir para la distribución de los dineros del gobierno en los llamados ya tradicionales medios de comunicación.
La regulación siempre ha estado como un fantasma en la relación entre los medios y los gobiernos. La Presidenta no es la primera, ni será la última, que intente lo que algunos llaman, particularmente la gobernadora de Veracruz, “ordenar los medios”.
La propuesta, ciertamente, no implica que se esté buscando por principio la censura. El gran problema está en que los mecanismos que se quieren instrumentar podrían llevar no necesariamente a la censura como tal, sino a que puedan provocar la autocensura por todas las circunstancias en el ejercicio del poder, en las cuales, a pesar del peso de los medios, el gobierno define y decide.
Lo que está de por medio es la concepción misma de la libertad de expresión y la democracia. Dónde empiezan y dónde terminan, porque si lo que se quiere es que desde el poder se sigan ejerciendo las presiones, las cuales tienden a no necesariamente hacerse públicas, las cosas seguirán pasando por debajo de la mesa.
Desde siempre ha existido una relación singular entre medios y gobiernos. No es un asunto de nuestra sociedad, es cuestión de ver lo que está pasando entre Donald Trump y algunos medios estadounidenses. El presidente se ha abrogado la atribución de mandar cerrar algunos de ellos y quitar programas que le son “incómodos”.
No es fácil la convivencia. Una de las claves está, reiteramos, en la concepción de la democracia y la libertad de expresión. El “no te pago para que me pegues” es no sólo una decisión autoritaria, es la presión y la búsqueda de las concepciones unilaterales a ultranza de los temas y problemas del país.
La sociedad es por definición plural. Es la diversidad de pensamientos y el gobierno como rector debe impulsar y alentar la pluralidad como forma de vida. Hace algunos días, la Presidenta dijo algo inquietante, aseguró que si quisiéramos censurar ya lo habríamos hecho, afirmación que resulta cuestionable sólo por el simple hecho de plantearse.
Lo que resulta preocupante del debate es lo que puede estar detrás de él. Si el gobierno quiere criterios unilaterales sería un error histórico, que tarde que temprano se le revertiría.
RESQUICIOS.
México podría terminar siendo la única democracia de izquierda, si nos atenemos al gran avance del hijo de Bolsonaro en Brasil. La Presidenta podría estar viajando a este país no sólo por los acuerdos petroleros entre ambas naciones.
Versión Impresa, 10 de Agosto 2026
