La Fiscalía General de la República señala a Ángel Aguirre como presunto responsable de ordenar la destrucción de videos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014.
De acuerdo con la investigación, las cámaras 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala habrían grabado el paso del autobús Estrella de Oro 1531, en el que viajaba un grupo de normalistas antes de su desaparición.
Tardaron más de 12 años en reconocer la verdad sobre el caso Ayotzinapa que tanto se quiso desvirtuar desde el PRD y después desde el gobierno de Morena.
NUEVA PISTA
Hoy nos quieren hacer creer que Ángel Aguirre, el exgobernador de Guerrero durante la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, nunca fue parte del movimiento de Morena.
No es verdad. Era cercanísimo a López Obrador, como lo eran también el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda. Ahí están las fotos de Abarca y López Obrador abrazados en la campaña de Guerrero. María de los Ángeles Pineda tenía una muy estrecha relación con el entonces gobernador Ángel Aguirre.
La última persona a la que vio María de los Ángeles después de que se dio a conocer la información de que ella y su esposo estaban involucrados en el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa fue precisamente el exgobernador guerrerense.
El expresidente Enrique Peña Nieto tomó la decisión de no detenerlo, porque no quería que peligrara el llamado “Pacto por México”, mediante el cual se estaban aprobando sus reformas legislativas.
Una decisión errada, porque de haberlo hecho, no habrían politizado el caso Ayotzinapa.Un caso que fue utilizado después por Morena durante toda la campaña.
El expresidente López Obrador manipuló la información del caso para que pareciera un crimen de Estado. Su gente aparecía en mítines políticos con la camiseta de “Nos faltan 43” y prometía resolver el caso.
Esta semana, Aguirre llegó al penal bajo custodia de agentes federales y fue puesto a disposición de las autoridades penitenciarias. Después de una revisión médica, ingresó al área de observación y clasificación.
Su audiencia inicial de formulación de imputación será este viernes ante un juez federal del Estado de México.
En 2018, como candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador prometió resolver el caso. Incluso fue una de las 100 promesas de campaña que nunca cumplió. Lo único que hizo fue crear una comisión denominada de la Verdad, encabezada por el entonces subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y el fiscal especial, Omar Gómez Trejo, quienes no llegaron a una conclusión clara. Simplemente manipularon esa investigación.
Después de tratar de manejar varias versiones para una investigación que nunca pudieron acreditar, finalmente el responsable de encontrar la historia real de lo que había pasado en esa noche del 26-27 de septiembre en Iguala, Alejandro Encinas, tuvo que reconocer que entre los estudiantes iban infiltrados, que se trataba de una disputa de bandos del crimen organizado, y a uno de los cuales acusan de ser el responsable del ataque cometido contra los estudiantes normalistas.
Lo que se plasma en ese informe es muy parecido a lo que publicó Jorge Fernández Menéndez en su libro La noche de Iguala, y a lo que hemos escrito desde entonces en estas páginas de La Razón.
Ésta es la historia que hemos contado desde hace años en esta columna. Es muy parecida a la versión que hoy dan las autoridades.
El presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, estaban trabajando con un grupo criminal llamado Guerreros Unidos. Tres de los hermanos de Pineda Villa eran líderes de este grupo. Ella se encontraba en un mitin y se le dijo que llegarían a boicotear el acto integrantes de Los Rojos, un grupo enfrentado con Guerreros Unidos, por lo cual la Policía de Iguala, muy ligada al cártel de Guerreros Unidos, detuvo a los jóvenes.
Desaparecieron desde entonces y se presume que fueron asesinados.
En el 2014, el padre Alejandro Solalinde me contó en una entrevista que los estudiantes estaban muertos y que incluso algunos fueron quemados. Fue un escándalo, pero tenía razón. Los estudiantes habían sido confundidos por el grupo criminal Guerreros Unidos con integrantes del grupo contrario, Los Rojos.
José Luis Abarca Velázquez y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, fueron detenidos el 4 de noviembre de 2014, cuando se escondían en una vivienda de la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.
Del grupo criminal Guerreros Unidos, de los responsables materiales de la desaparición de los estudiantes, se encontraba detenido Gildardo López Astudillo, alias El Gil o El Cabo Gil, quien fue capturado en 2015, pero cuatro años más tarde, en 2019, quedó en libertad tras argumentar que sufrió tortura durante su detención, que lo obligaron a confesar un delito que, dijo, no cometió.
Lo mismo ocurrió con sus sicarios, quienes fueron detenidos antes, en noviembre de 2014. Agustín García Reyes, El Chereje; Jonathan Osorio Cortés, El Jona; Patricio Reyes Landa, El Pato, y Salvador Reza Jacobo, El Wereke, todos aseguraron que las órdenes las dio Gildardo López.
Pero siguieron el mismo argumento de El Gil y también fueron puestos en libertad en 2019. Dijeron que bajo tortura fueron obligados a confesar que participaron en el caso Ayotzinapa de 2014.
En Todo Personal de ADN Noticias, tuvimos acceso a las declaraciones de estos cuatro sicarios: El Chereje, El Pato, El Jona y El Wereke.
Ellos confesaron que asesinaron a por lo menos 15 estudiantes normalistas, que les entregaron con vida a jefes policiales de Iguala y de Cocula.
Cada uno de esos cuatro sicarios relató por separado que varios ya habían muerto “por asfixia”. Sin embargo, en ningún momento se ven coaccionados o que hayan sufrido tortura, sino que de forma tranquila van narrando a quien les hace las preguntas que las órdenes venían desde arriba y que ellos buscaban a un infiltrado de Los Rojos, que incluso se hizo pasar como estudiante.
Pero El Gil y estos cuatro presuntos autores materiales no fueron los únicos liberados cinco años después de la desaparición de los jóvenes en Iguala.
El 15 de septiembre de 2019, la FGR informó que el juez de distrito que lleva el caso Ayotzinapa liberó a los policías locales procesados, entre ellos, Felipe Flores, quien el 26 de septiembre de 2014 era el secretario de Seguridad Pública de Iguala.
En el caso Ayotzinapa, la justicia no llega a los padres de familia.
Los sicarios están libres y finalmente se ha tenido que reconocer que lo que sucedió esa noche fue que los estudiantes fueron confundidos y que Guerreros Unidos pensó que eran parte de su grupo rival, Los Rojos.
Los padres de los 43 estudiantes siguen buscando respuestas. Simplemente no encuentran justicia.
Versión Impresa, 10 de Agosto 2026
