En medio de la detención de exgobernadores como Ángel Aguirre o Ernesto Ruffo, el Gobierno mexicano, a través de la FGR, actúa para reposicionarse, afanándose de que algo hace; sin embargo, hay miembros de la clase política en el poder, señalados por diversas instancias de cometer ilegalidades, como el huachicol fiscal y campañas anticipadas, que no alcanzan una carpeta de investigación. No causa asombro que el director de la DEA, Terry Cole, señalara que no sólo irán contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sino también contra sus cómplices políticos mexicanos.
El gobierno de EU asume que existe colaboración y complicidades entre el CJNG y el Gobierno mexicano; a través del Departamento de Estado anunció recompensas millonarias —102 millones de dólares— por información que lleve a la detención de ocho lideres y colaboradores del CJNG. Así, considera que el sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, es su hijastro Juan Carlos Valencia González, alias El 03 o El Pelón, y lo mantiene como objetivo prioritario, el número uno de la lista, por el que ofrecen una recompensa de 25 millones de dólares. Este mensaje se suma a lo que hace tres semanas, el director de la DEA había afirmado: existe una “conexión mortal” o lazos inseparables entre el Gobierno mexicano y los cárteles de la droga.
El Gobierno de México respondió señalando que sólo eran declaraciones del director Cole muy desafortunadas y sin sustento, adjetivándolas como una declaración política y que debían atender más su trabajo en EU; continúa desestimando las solicitudes de entrega o extradición que autoridades estadounidenses le han hecho, aduce defensa soberana como en el caso de Sinaloa, soslayando la violencia y corrupción que produce impunidad y favorece al narcotráfico y lo observan como una defensa de narcopolíticos.
Este nuevo ataque narrativo de la DEA se vincula a la realización de investigaciones y órdenes de aprehensión desde la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que acumula pruebas y expedientes para construir y fortalecer las acusaciones delictivas en contra de liderazgos de los cárteles mexicanos, gobernadores, legisladores, exfuncionarios y líderes de Morena, empresarios y presidentes municipales, por delincuencia organizada; colusión directa con estructuras criminales para operar con impunidad; realizar tráfico de drogas y armas, facilitando el trasiego de narcóticos hacia EU y el control territorial de rutas; impulsar lavado de dinero, ocultando recursos financieros obtenidos del crimen mediante bienes raíces y empresas fachada y, empleando cohecho y uso indebido de funciones, recibiendo sobornos a cambio de brindar protección policial o institucional a los capos y cárteles.
La nueva estrategia del gobierno de EU para combatir el tráfico de drogas procedente de México, enfatiza una escalada aumentada de combate y desaparición de liderazgos y cómplices de los cárteles, abonando también ataques a la red de políticos y empresarios mexicanos que los han apoyado.
Ante esta estrategia estadounidense, el gobierno mexicano es golpeado en su legitimidad, legalidad y gobernabilidad, encasillándolo como un narcogobierno de narcopolíticos cómplices y encubridores de los narcoterroristas.
Versión Impresa, 10 de Agosto 2026
