Para Estados Unidos, el crimen organizado en México dejó de ser únicamente un problema de narcotráfico. Para ellos, hoy las organizaciones criminales han logrado un nivel de poder e influencia que pone en riesgo no sólo a México, sino también la seguridad y la estabilidad de Estados Unidos.
La estrategia la están endureciendo. Ahora, la ofensiva va dirigida contra toda la estructura de los grupos criminales: sus líderes, sus operadores financieros, sus empresas, sus redes de lavado de dinero y las actividades económicas con las que obtienen miles de millones de pesos cada año.
RECONOCE COLABORACIÓN
Estados Unidos responsabiliza a estas organizaciones de buena parte de la crisis de adicciones que vive, particularmente por el tráfico de fentanilo, metanfetaminas y cocaína. Pero, detrás de esta estrategia también hay otra preocupación: si la inseguridad continúa desbordándose en México, tendrá un vecino cada vez más inestable, con regiones enteras donde el crimen organizado controla actividades económicas, impone cuotas y desafía abiertamente al Estado.
De ahí vienen las decisiones que Washington ha tomado en las últimas semanas.
La designación de varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, las sanciones financieras impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), las acusaciones por narcoterrorismo, las recompensas millonarias, las restricciones de visa y las investigaciones por lavado de dinero forman parte de una sola estrategia: desmantelar las estructuras criminales desde todos los frentes.
El ejemplo más claro está hoy en Michoacán. Durante años, los productores de limón y aguacate denunciaron que eran víctimas permanentes de extorsiones.
Todos en la región sabían que el crimen organizado cobraba cuotas por sembrar, cosechar, empacar, transportar y exportar. Se convirtió en una especie de “impuesto criminal” que miles de productores tenían que pagar para poder seguir trabajando.
La pregunta es inevitable: ¿el Gobierno federal no sabía que estaban extorsionando a agricultores, aguacateros y limoneros? Por supuesto que lo sabía.
México tardó en reaccionar y Estados Unidos ha decidido proceder con la suspensión temporal de las inspecciones del aguacate mexicano por motivos de seguridad, lo que puso en evidencia la gravedad del problema. No fue una sanción comercial, pero sí una medida que golpeó directamente a una de las industrias agrícolas más importantes del país y que depende del mercado estadounidense.
La respuesta fue inmediata. Miles de elementos del Ejército y de la Guardia Nacional fueron enviados a Michoacán para reforzar la seguridad. ¿Por qué no hacerlo antes? ¿Por qué esperar a que la presión viniera de Washington?
Mientras tanto, los productores han tenido que enfrentar un escenario cada vez más complicado. Se redujeron apoyos al campo, aumentaron los costos de producción, enfrentan dificultades para mantener sus cultivos y, además, deben pagar extorsiones al crimen organizado.
Hoy, en Michoacán, grupos criminales —los Viagras, células de Cárteles Unidos, el Cártel Jalisco Nueva Generación, estructuras vinculadas con La Familia Michoacana— buscan controlar completamente una economía legal.
En la zona limonera de Apatzingán, Buenavista y Tepalcatepec, desde el corte del limón hasta su comercialización. Lo mismo ocurre en municipios productores de aguacate como Uruapan, Los Reyes y Peribán.
Y aquí es donde entra Estados Unidos: cuando un grupo criminal amenaza a inspectores estadounidenses, pone en riesgo una cadena de exportación multimillonaria o financia sus operaciones mediante la extorsión de productores agrícolas, el asunto entra directamente en la agenda de seguridad nacional de Washington.
OFAC ha impuesto sanciones contra organizaciones criminales y sus operadores para bloquear bienes, impedir operaciones con empresas estadounidenses y dificultar el lavado de dinero. Pero la ofensiva no termina en Michoacán. Otro de los principales objetivos es el Cártel de Sinaloa.
Durante años, Estados Unidos logró detener o extraditar a buena parte de la antigua dirigencia de esa organización.
Joaquín Guzmán Loera, varios de sus hijos, Ismael El Mayo Zambada y otros integrantes de alto nivel hoy enfrentan procesos o permanecen bajo custodia estadounidense.
Mientras tanto, la disputa entre Los Chapitos y La Mayiza ha provocado una guerra en Sinaloa.
Washington tampoco ha bajado la presión ahí. Hoy utiliza cargos de narcoterrorismo, apoyo material a organizaciones terroristas, sanciones económicas y recompensas millonarias para perseguir a quienes continúan operando la organización.
Quizá el golpe más fuerte de estos días lo está recibiendo actualmente el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Tras la muerte de Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, Estados Unidos trabaja para impedir que la organización simplemente cambie de líder y continúe operando. Será muy difícil detenerlos, por eso Estados Unidos ha lanzado la mayor ofensiva de su historia contra el Cartel Jalisco Nueva Generación.
El Departamento de Estado anunció recompensas que superan los cien millones de dólares dirigidas a la nueva cúpula de la organización.
Entre los principales objetivos se encuentra Juan Carlos Valencia González, El Pelón o El 03, señalado por Washington como uno de los principales sucesores del grupo, por quien ofrece una recompensa de 25 millones de dólares.
También figuran Gonzalo Mendoza Gaytán, El Sapo; Julio Alberto Castillo Rodríguez; Ricardo Ruiz Velasco, El Doble R; Julio César Montero Pinzón y Carlos Andrés Rivera Varela, además de acusaciones penales, sanciones financieras, restricciones de visa e investigaciones para desmantelar sus redes de lavado de dinero.
Estados Unidos busca desmantelar toda la estructura financiera, política, económica y operativa que mantiene con vida a las organizaciones criminales.
Mientras Estados Unidos avanza en su estrategia para sancionar, perseguir y desmantelar a los cárteles de la droga, la relación bilateral con México se tensa cada día más. Lo que comenzó como una ofensiva contra los principales líderes del narcotráfico hoy se ha convertido en una investigación mucho más amplia.
Washington ya no sólo busca capturar a los capos; ahora pretende identificar y desarticular las redes financieras, empresariales y, sobre todo, las estructuras de protección política que, desde su perspectiva, han permitido que estas organizaciones crecieran y operaran durante años.
Ése es el siguiente frente de batalla. Las agencias estadounidenses ya no buscan ver quién dirige un cártel, sino quién lo protege.
Ahí están los señalamientos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
El objetivo ya no es solamente el crimen organizado; también es el entorno político, económico e institucional que, según Washington, hizo posible su fortalecimiento.
Si esa ruta continúa, la presión de Estados Unidos dejará de concentrarse exclusivamente en los cárteles y alcanzará a quienes considere parte de la red de protección que les permitió operar.
Y eso puede abrir uno de los capítulos más delicados que haya enfrentado la relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.
Se acerca la definición
