Se cumple por estas fechas el centenario del inicio de la Guerra Cristera, también conocida como La Cristiada.
A un siglo de distancia, resulta pertinente analizar el contexto histórico de entonces y las oportunas lecciones que dejó la última guerra civil en nuestro país.
La década de 1920 parecía promisoria para dar paso a una nueva época de pacificación del país y con cambios en las relaciones cívico-militares, con un tambaleante predominio de los primeros sobre los segundos, así como la construcción de una institucionalidad postrevolucionaria para poner a México en la senda de la recuperación después de tantos años de muerte y destrucción. Durante el inicio de su periodo presidencial (1924-1928), Plutarco Elías Calles impulsó el proceso de construcción de las nuevas instituciones, en el que Manuel Gómez Morin fue un protagonista central, aunque después vendría un profundo distanciamiento entre ellos.
Sin embargo, esas instituciones y esa paz precaria muy pronto se vencerían por su costado quizá más endeble. La Constitución de 1917 había retomado, y en algunos temas radicalizado, los aspectos más anticlericales de la Constitución de 1857 y de las Leyes de Reforma, que pretendían profundizar en la separación entre el Estado y la Iglesia católica. Esa normatividad, sin embargo, había sido siempre rechazada por un amplio sector de la sociedad mexicana —la confesión religiosa más numerosa y relevante del país—, que la consideraba un exceso jacobino. Con prudencia y espíritu práctico, Porfirio Díaz había mantenido una política de tolerancia que suponía la inaplicación de los aspectos más extremos de la regulación constitucional. Venustiano Carranza y, posteriormente, Álvaro Obregón, aplicaron selectivamente algunas disposiciones de la nueva Constitución, pero sin llegar a sus puntos más anticlericales.
En cambio, ya bajo la presidencia de Calles, en un contexto internacional en el que el comunismo propagaba doctrinas antirreligiosas, y con un sector jacobino del oficialismo radicalmente anticatólico, en 1926 el Congreso aprobó una legislación reglamentaria excesivamente rigorista, conocida como la “Ley Calles”. La Iglesia católica reaccionó airadamente y decidió unilateralmente, con aprobación de la Santa Sede, suspender los actos de culto público en todo el país. Y así, ante la imposibilidad de que un pueblo tan fervoroso pudiera practicar su religión como antaño, el detonante explotó.
En los siguientes tres años, en buena parte del territorio nacional se libró la Guerra Cristera. En este marco, en 1928 Obregón fue asesinado, siendo presidente electo para un nuevo periodo, por un militante católico radical. El acuerdo informal con la jerarquía católica logrado en 1929, conocido como “los arreglos”, dio por concluidas las hostilidades, aunque en realidad éstas se extendieron hasta que las fuerzas federales terminaron, a sangre y fuego, con las facciones cristeras que decidieron mantener la lucha. Las muertes en el conflicto se calculan entre 90 mil y 250 mil —no hay una cifra que pueda dar más precisión confiablemente—.
La principal lección que nos deja la historia sobre La Cristiada es que, cuando un gobierno intenta imponer una visión ideológica para defender una política de grupo, puede generar una polarización social enorme y conducir a niveles graves de violencia. Guardando las debidas proporciones, hoy vemos que una visión populista y demagógica ha impuesto normas que implican significativos retrocesos en la democracia constitucional pluralista que trabajosamente se había venido consolidando entre 1988 y 2018. Ya lo señala la consigna: “quien ignora la historia está condenado a repetirla”. Esperemos que no sea algo que deliberadamente se esté buscando.
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