No hay manera de que el narcotráfico no sea un factor en las elecciones del 2027. Por un lado, están las presiones de EU que lo colocan a la vista y como referente en función de los recientes procesos electorales.
Por otra parte, no se puede, a estas alturas, pasar por alto que los cárteles, y en general la delincuencia organizada, son un factor que define triunfos y derrotas en las urnas.
Por más que el Gobierno defienda a personajes que han sido mencionados por estar ligados al narcotráfico, no olvidemos que para EU son “terroristas”, lo cual los tiene aún más en la mira. Lo que es un hecho es que no hay manera de soslayar el papel de la delincuencia organizada en procesos electorales, particularmente en los últimos años en complicidad con el oficialismo.
• “¡Yo no soy Noroña, ¿eh?!”
El INE creó una comisión para investigar la relación que eventualmente guarden los partidos y candidatos con el narco, la cual mientras no tenga dientes puede terminar por ser tomada o no en cuenta. Muchos cuestionamientos han surgido sobre la comisión, la cual es dirigida por un personaje que hace pocos meses era militante de Morena.
El problema está centralmente en los partidos. Mientras no sean lo suficientemente éticos y escrupulosos para seleccionar a los aspirantes, lo que va a pasar es que todo va a terminar en el absurdo terreno de buenas intenciones jugando a poner la mejor cara cuando, en el fondo pudieron haber establecido relación con los delincuentes.
El narco mete el dinero, ayuda el día de las elecciones para luego cobrar los favores. En varios estados su presencia en 2024 fue definitiva.
En medio de la euforia todo se olvidó u omitió en medio de la narrativa del triunfo.
Al paso del tiempo, nadie quiso preguntarse cómo se alcanzó la victoria, empezando por los propios partidos, teniendo como aliados a los organismos electorales, que desde aquellos años estaban en el camino de ser cooptados.
En su estrategia de la creación del nuevo régimen el INE y el TEPJF eran claves para su consolidación, el Congreso fue el instrumento para ello.
El oficialismo cayó en lo que prometió que nunca haría. En otro tiempo, señaló a los partidos en el poder por su relación con el narcotráfico, pero ya en el poder resultó que en algunos estados se relacionó con la delincuencia organizada, la que terminó por empujar el triunfo electoral a través de mecanismos violentos, amenazantes y de secuestros el día de las elecciones, como se ha denunciado en Sinaloa.
Se podrá decir que lo que buscó López Obrador era tratar de tener a como diera lugar el mayor número de escaños, gubernaturas y presidencias municipales para poder gobernar y consolidar su proyecto. Poco a poco nos fuimos dando cuenta que una cosa es lo que dijo como opositor y en campaña y otra distinta como mandatario.
Los señalamientos de EU a México por la relación de políticos de diferentes niveles con el narco mucho tiene que ver con lo que se fue creando desde las elecciones del 2018.
El costo de las victorias ha estado pasando la cuenta, no solamente por las acusaciones estadounidenses, sino también por el deterioro en el ejercicio del poder en muchos municipios y en algunos estados.
Es fundamental revisar a detalle lo que ha venido pasando con la relación del narcotráfico y la política. No pueden existir aislados. Más bien son mutuamente dependientes, y más cuando se abre la puerta y desde el poder mismo pierden la capacidad de asombro de lo que están haciendo, dejando de hacerse preguntas que son fundamentales para la legitimidad y para la convivencia de la sociedad.
Sigue siendo un aparente enigma la razón por la cual el Gobierno no ha investigado al menos lo que ocurrió en las elecciones pasadas en al menos 5 estados.
RESQUICIOS.
Los diputados Arturo Ávila, de Morena, y Carlos Gutiérrez Mancilla, del PRI, se dieron un “entre”. Lo que llama la atención es que de lo que se acusaron es de lo que se acusa a algunos políticos en EU: estar ligados al narco.
La factura de la prisión preventiva
