Uno de los misterios que prevalecen alrededor del caso Ayotzinapa es la identidad de El Patrón, el autor intelectual de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.
La captura del exgobernador Ángel Aguirre podría abrir el telón y conocer, de una vez, a un sujeto que es, o era, el máximo dirigente de los Guerreros Unidos, superior jerárquico del alcalde José Luis Abarca, y con conexiones y mando sobre corporaciones municipales, estatales y hasta federales.
La principal testigo contra Aguirre es María del Rocío Estrada Ortega, que fungía como visitadora general del Poder Judicial guerrerense y quien, a decir del propio inculpado, trabajaba para El Patrón.
Estrada Ortega confesó, como está asentado en la orden de aprehensión de la causa penal 291/2006, que se robó los videos de las cámaras de seguridad de las oficinas de la presidenta del Tribunal, Lambertina Galeana, y que son las que captaron lo ocurrido en el Puente de El Chipote, donde, por órdenes de El Patrón, policías municipales de Iguala y Huitzuco, detuvieron a entre 15 y 20 de los estudiantes de Ayotzinapa.
Estrada Ortega sostiene que entregó los materiales al propio Aguirre, pero no sería extraño que estuviera en realidad protegiendo a su verdadero jefe.
La entonces visitadora general estuvo sujeta a investigación porque en su calidad de ministerio público entorpeció las diligencias sobre el homicidio de 17 campesinos en Aguas Blancas, en junio de 1995. Es decir, tenía ya un largo historial de abusos y relaciones peligrosas.
Más allá de responsabilidades concretas de Aguirre, la FGR está en posibilidades de dar un gran paso en la investigación y lo tiene, ahí, a la mano, con la testigo que está colaborando.
Por supuesto que esto no variará lo que ya se sabe, pero podría permitir el contar con un mapa más acabado de las relaciones de protección con que contaron los perpetradores de las desapariciones en ese momento.
La CNDH, en su Recomendación 15/VG/ 2018, señala que es indispensable que la PGR (ahora FGR) indague sobre la identidad de El Patrón, ya que ello puede conducir al desenlace de la historia y precisar lo que ocurrió con los muchachos.
A las 23 horas del 26 de septiembre de esa noche trágica, El Patrón dio dos instrucciones, ya no llevar a los estudiantes a Huitzuco, sino trasladarlos a Cocula, y con “luz verde” para deshacerse de ellos.
Dar con El Patrón sí significaría un vuelco que abriría líneas de investigación que podrían fructificar en conocer y, en su caso, desmontar los apoyos políticos que hicieron posible lo que ocurrió en Iguala.
Y a ello se debe añadir el envío de los 90 restos óseos, encontrados en el basurero de Cocula y en el río San Juan —que pueden tener material genético útil— a la Universidad de Innsbruck, en Austria, como colofón que permita, de una buena vez, propiciar justicia y no seguir enredando el asunto.
¿Para qué?
