El excontralmirante Fernando Farías Laguna, uno de los principales acusados del caso de huachicol fiscal y sobrino del exsecretario de Marina en los tiempos de López Obrador, Rafael Ojeda, será trasladado de Argentina a México para enfrentar a la justicia por su presunta participación en una de las redes de contrabando de combustible más grandes que se hayan investigado en nuestro país.
Así lo dio a conocer la Presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina. Poco después, su abogado, Epigmenio Mendieta, dijo que el excontralmirante continúa bajo custodia de las autoridades argentinas, y que estaría regresando a México el próximo 27 de agosto. La defensa sostiene que Farías Laguna tiene temor de volver a México, pues considera que su vida corre peligro, teme ser asesinado por la información que asegura tener sobre la red de huachicol fiscal y que no enfrente un juicio justo.
No es menor el miedo que tiene Farías de perder la vida ante una red de corrupción tan amplia. Sobre este caso, en junio de 2024, el excontralmirante Fernando Rubén Guerrero presentó una denuncia ante el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, en la que señalaba presuntas irregularidades y acusaba a Fernando de favorecer a funcionarios corruptos dentro de las aduanas. Cuatro meses después, Guerrero Alcántar fue asesinado.
Fernando Farías fue detenido el pasado 23 de abril en Buenos Aires. Había salido de México y permanecía prófugo después de que se librara una orden de aprehensión en su contra.
En México lo espera un proceso por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos. También lo espera su hermano, el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, preso desde hace casi un año en el penal de máxima seguridad del Altiplano.
Los dos son sobrinos políticos del almirante Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien, por cierto, no ha sido llamado a declarar en este caso. Lo que resulta muy difícil creer es que un negocio de miles de millones de pesos, que necesitaba barcos, puertos, aduanas, agentes aduanales, empresas, pipas, almacenamiento, documentación fiscal, funcionarios y personal de distintas dependencias, funcionara únicamente gracias a dos mandos de la Marina.
Puede ser que los hermanos Farías tengan responsabilidad, y tendrán que responder ante la justicia, pero sin duda no hicieron este negocio millonario solos y sin la venia de muchos funcionarios de los más altos niveles.
VUELVE AL PAÍS
Como hemos documentado desde hace meses en este espacio, el huachicol fiscal no consiste sólo en robar gasolina de un ducto. Estamos hablando de una estructura mucho más sofisticada: importar combustible, principalmente desde Estados Unidos, declararlo como otro producto, por ejemplo, aditivos o lubricantes, para evadir impuestos y después distribuirlo dentro de México como combustible legal.
Se estima que sólo por esta evasión el Gobierno de México pierde anualmente más de ocho mil 700 millones de dólares y que, entre 2018 y 2024, las pérdidas fiscales acumuladas habrían superado los 809 mil millones de pesos. El negocio creció hasta representar una parte muy importante del mercado nacional de combustibles y provocó mermas multimillonarias.
Para realizar una operación de esas dimensiones se requiere necesariamente una cadena. Alguien permite que el barco llegue. Alguien revisa la documentación. Alguien autoriza la descarga. Alguien controla el puerto. Alguien permite que las pipas salgan. Alguien facilita el paso por las aduanas. Alguien recibe el combustible. Alguien lo distribuye y alguien maneja el dinero.
Por eso detener a dos hermanos no puede explicar toda la estructura. Como publicamos en Bajo Sospecha desde septiembre de 2025, cuando se dio a conocer la detención del exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y de otras 13 personas presuntamente vinculadas con esta estructura, estábamos hablando de una red que necesariamente involucraba a muchas más personas. La investigación tomó fuerza después del aseguramiento relacionado con el buque Challenge Procyon, que llegó al puerto de Tampico desde Texas. La carga había sido declarada como aditivos para aceites lubricantes, pero las autoridades encontraron diésel.
Después vino el aseguramiento de millones de litros de combustible, contenedores y vehículos. Fue entonces cuando comenzó a conocerse públicamente la dimensión de la estructura.
Tras su detención y desde Argentina, Farías dio una entrevista al periodista Ramón Alberto Garza, de Código Magenta, en la que sostuvo que él y su hermano estaban siendo utilizados como chivos expiatorios.
Negó que dos mandos navales tuvieran capacidad para construir por sí solos una operación de esas dimensiones y aseguró que había salido de México porque temía por su vida.
Su hermano, Manuel Roberto, también ha intentado defenderse desde prisión. Ha enviado varias cartas a la Presidenta Claudia Sheinbaum denunciando que no ha podido ejercer plenamente su defensa, porque no se le ha entregado toda la información que solicita.
Incluso una jueza federal ordenó a la Fiscalía General de la República entregar a su defensa la totalidad de la carpeta de investigación. Los abogados han denunciado que parte de la documentación ha sido testada o reservada y que información solicitada a la Marina no se ha proporcionado bajo argumentos relacionados con seguridad nacional.
Lo que no puede ocurrir es que se construya una investigación que termine convenientemente en dos funcionarios y no avance hacia quienes pudieron haber permitido, protegido o conocido una operación de semejante tamaño.
Y aquí aparece inevitablemente el nombre del almirante Rafael Ojeda, conocía lo que sucedía y no ha ni siquiera declarado. Los hermanos Farías Laguna tuvieron cargos y ascensos importantes durante su gestión. Manuel Roberto incluso fue secretario particular de Ojeda.
No se quiere llegar al almirante Ojeda, porque de ahí se tendría que investigar a quien fuera su jefe inmediato, el expresidente López Obrador, quien en abril del 2019 dijo: “No hay ningún negocio jugoso que se haga en el país sin el visto bueno del presidente.” Hay un tema que debe tener muy preocupado al Gobierno de México y es que Farías ha dejado entrever que existían personajes mucho más poderosos detrás del negocio del contrabando de combustible y que el caso podía adquirir una dimensión internacional, precisamente porque parte de la operación se realizaba desde Estados Unidos.
Y si la información procede de investigaciones realizadas fuera de México, particularmente de Estados Unidos, la situación cambia completamente. Porque el combustible involucrado en esta red cruzaba la frontera.
Por eso las autoridades estadounidenses también tienen jurisdicción, información financiera, registros comerciales, movimientos de empresas y capacidad para investigar qué ocurrió del otro lado de la frontera. No se conoce públicamente lo que Fernando Farías haya declarado en Argentina, pero esa información la podría solicitar el gobierno de Estados Unidos.
Puede declarar quién daba las órdenes, quién autorizaba los movimientos, quién controlaba las aduanas involucradas, qué empresarios participaban, cómo se movía el dinero y hasta dónde llegaban las relaciones políticas.
Y sí, Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna tienen que enfrentar a la justicia, pero también quienes fueron sus jefes y sus subordinados. Porque para mover millones de litros de combustible ilegal durante años no bastan dos marinos, por importantes que fueran sus cargos.
Se necesita una estructura. Y como hemos venido documentando en este espacio desde que comenzó a conocerse el caso, la pregunta es quién lo permitió, quién lo protegió y hasta dónde llegaba la cadena de mando.
VISAS. VISAS, VISAS…
