Las muchas detenciones y operativos del Gobierno contra los cárteles de la droga muestran el tamaño de la diversificación y también la evidencia de que, en pocos casos, se toca al operador político del fenómeno.
El país ha ido perdiendo territorio, porque la delincuencia organizada, los grandes cárteles y la diversificación de ellos, han avanzado de manera significativa en todo el país.
La pérdida de territorio coloca el país en plena adversidad. Ante EU las cosas adquieren una dimensión muy delicada porque nos presionan, independientemente del espíritu expansionista, lo cual obliga al Gobierno mexicano a defenderse, en muchas ocasiones, más para defender a los suyos que para exponer argumentos que permitan demostrar que las y los políticos señalados no tienen responsabilidad en los asuntos que se les imputan.
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Al ir ganando territorio la delincuencia organizada no solamente se apodera de zonas del país, sino que también impone su ley, y de alguna manera controla conciencias y libertades. Los gobiernos han ido dejando los espacios entre la complicidad y los temores que provoca el plomo o plata.
Es cierto que, sin hacerlo explícito, ha cambiado la estrategia en este Gobierno en seguridad. Sin embargo, esto no quiere decir que se esté actuando contra todos los actores que intervienen en el proceso. Más bien al actuar parcialmente lo que acaba sucediendo es que la delincuencia organizada termine por asentarse en algunos municipios, lo que lleva a que auténticamente se vaya construyendo un poder sobre el poder institucional.
El asunto adquiere una dimensión definitivamente grave, porque bajo estas circunstancias, además de que se fortalece la delincuencia organizada, el poder político termina por vencerse y al cambiar con base en los procesos electorales lo primero que tiene que hacer es negociar con quienes están fuera de la ley e imponen por la fuerza sus condiciones.
Ante las elecciones del año que entra, es fundamental que los actores políticos entiendan la trascendencia que tienen estos asuntos. No se les puede dejar al garete o jugar a que se les atiende, pero al hacerlo se hace de manera laxa y no solamente eso, sino que también son parte de la complicidad, en ocasiones la delincuencia es quien abre la posibilidad del triunfo.
El Gobierno no ha hecho un control de daños de pasados procesos electorales. Al no hacerlo se vuelve en su conjunto cómplice, porque puede quedar al descubierto que le resulta conveniente dejar que las cosas corran por la libre.
Por más leyes que haya o se creen para impedir la participación de la delincuencia organizada, a estas alturas del país que somos, es, quizá, materialmente imposible. Lo importante está en poder inhibir, al menos, en función de experiencias como las de Sinaloa, Guerrero, Jalisco, Baja California, Sonora y muchos otros estados, los cuales tienen a la delincuencia organizada como un factor de primer orden en los procesos electorales.
Es de enorme relevancia que este Gobierno siga actuando ante la inseguridad como lo está haciendo. No hay manera de justificar aquello de abrazos, no balazos, porque en el fondo fue el propio expresidente quien mantuvo guiños con la delincuencia organizada, cuando bien pudo haberla atacado de manera directa y salir en defensa de ciudadanos afectados por ella y, particularmente, con las madres buscadoras.
La pérdida del territorio significa dejar en los delincuentes vida y destino de muchas comunidades, las cuales se “desarrollan” bajo esta realidad, lo cual normalizan.
¿De quién es el territorio?
RESQUICIOS.
El documento “¿Quién controla México?”, con corte al 25 de septiembre del 2026, reporta que el crimen organizado ejerce condiciones de control o gobernanza efectiva en 30% del territorio nacional. Cuarenta y siete por ciento se ubica en entidades donde organizaciones delincuenciales y autoridades mantienen un control compartido o disputado. Veintitrés por ciento se encuentra en estados con predominio de las instituciones del Estado.
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