Uno de los rasgos más deplorables de los regímenes autoritarios es la descalificación de sus críticos con fines de linchamiento político y social.
En la historia encontramos varios célebres y lamentables casos. Nuestra región es pródiga en ellos, sin importar la ideología, sino el talante autoritario. En plena Guerra Fría, con el ascenso de las dictaduras de corte fascista en América Latina, los gobiernos militares en Argentina y Chile elaboraron listas de “subversivos” que fueron perseguidos de muy distintas formas: encarcelamientos, torturas, exilios forzados y, en los casos límite, secuestros y asesinatos. En el otro extremo ideológico —el totalitarismo comunista—, la dictadura cubana, en su más de medio siglo, ha cometido incontables actos similares contra los sospechosos de “alianza con el imperialismo”. Más recientemente, en Venezuela, Hugo Chávez —líder autoritario de otro corte, identificado como “progresista” o de izquierda— utilizó la llamada Lista Tascón como instrumento de persecución política de sus opositores; y la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua —con la misma etiqueta de “progresista”— tiene en su lista a opositores, universidades, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, algunos de cuyos integrantes han visto confiscado su patrimonio y retirada su nacionalidad.
Otros casos notorios son el macartismo en Estados Unidos, que motivó un veto laboral y social a quienes se creía sospechosos de simpatizar con el comunismo; y, desde luego, las más graves expresiones, donde el asesinato se volvió lo más común: los pogromos de Stalin en la Unión Soviética contra quienes —llegando incluso al delirio— creía que lo amenazaban, y, por supuesto, la Alemania nazi, cuya enorme lista de “indeseables” incluía judíos, opositores políticos, homosexuales, gitanos e incluso personas con discapacidad física o mental, cometiendo contra ellos —especialmente los judíos— horrendos crímenes de genocidio.
Sin que sea necesario llegar a esos extremos, la elaboración misma de ese tipo de listas desde el poder es, en sí, una práctica autoritaria y aberrante. En México, desde el sexenio pasado, se creó un espacio en las conferencias matutinas titulado “Quién es quién en las mentiras de la semana”; y, ahora, se difundieron listas que incluyen a políticos opositores —llamó la atención que apenas consideran a algunos políticos de Movimiento Ciudadano y del PRI, mientras que la inmensa mayoría pertenecen al Partido Acción Nacional—, así como periodistas, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil. Esto se hizo con recursos del Estado y se difundió, desde Palacio Nacional, en voz de la consejera jurídica de la Presidencia. Un auténtico foro de linchamiento, de lo más tóxico socialmente.
De inmediato aparecieron imágenes de archivo, condenando, en su momento, la elaboración de listas y señalando que eso es de “fascistas”. Pues sí, tiene razón. Entonces vino la desescalada y la tradicional maroma para tratar de justificar que las listas negras de ninguna manera eran eso, sino tan sólo el enunciamiento de un “ecosistema digital de amplificación artificial”. Así de burdo.
El “affaire de las listas”, es mucho más que un sainete que se quiso minimizar o resolver con fallidas declaraciones aclaratorias. El golpe ya está dado. En un ambiente de encono político y social que el oficialismo se ha encargado de cultivar, éste es un nuevo hito, gravísimo. Los incluidos en las listas empezaron a experimentar, de inmediato, las consecuencias nocivas de este nuevo embate del régimen. Así su talante autoritario.
VISAS. VISAS, VISAS…
