Los actuales consejeros del INE habrían sancionado a Jacobo Zabludovsky por el simple uso de sus cejas. En los años setenta y ochenta, el control de la información era severo, especialmente en la televisión. Jacobo conducía el noticiero de mayor alcance e influencia. Había momentos en los que se debía difundir alguna nota de ésas que eran mero compromiso político: intrascendentes, por regla general, pero indispensables para tranquilizar el ánimo de los funcionarios y aliviar los dolores de cabeza de sus áreas de comunicación social.
Jacobo, entonces, se limitaba a hacer una mueca o levantar las cejas. Era un pequeño editorial sin necesidad de cortinillas, un mensaje irónico que las audiencias entendían a la perfección. No podía existir reclamo formal: en aquellos tiempos nadie interponía una queja por ironía.
Sin embargo, el INE —como si no tuviera problemas más urgentes— intentó lo impensable: monitorear la ironía y el menosprecio en los medios. Por fortuna, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) les corrigió la plana; de lo contrario, habríamos presenciado un verdadero disparate, incluso desde la perspectiva del análisis técnico cotidiano.
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Lo grave radica en el intento: ese reflejo institucional de considerar a la ciudadanía como menor de edad y pretender educarla de forma absurda. Cada persona sabe qué opinar sobre los gestos, tonos o expresiones de los conductores de radio y televisión, y tiene el poder soberano de apagar el televisor o cambiar de estación. La disputa por las audiencias debe permanecer en el ámbito público, sin la intromisión de autoridades que, además, demuestran entender muy poco del oficio periodístico.
Hay una profunda arrogancia en pretender regular y dirigir la discusión pública. La clave del debate no radica en las prohibiciones, sino en la calidad.
Algo similar le ocurrió a Somos México, la organización política en formación que fue despojada de su nombre y colores. El argumento oficial fue que utilizar ambas palabras representaba una competencia desleal frente a los “desvalidos” partidos tradicionales, cuyos nombres no resultan tan potentes. Es la misma manía tutelar, la misma desconfianza en la autonomía ciudadana, aderezada con una buena dosis de rencor contra los integrantes de la agrupación que ahora se verá obligada a llamarse Somos, a secas, para no agraviar a nadie.
Las resistencias a las libertades suelen provenir de lugares y personajes insospechados. Muchos de ellos pondrían el grito en el cielo si hicieran una recapitulación serena de su propia trayectoria. Deberían ponderar, ya sin ironía alguna, cómo debilitan a un órgano que alcanzó un enorme prestigio —incluso internacional— en un pasado nada lejano.
Mientras se entretienen supervisando ademanes, tendrían que observar con detenimiento cómo el crimen organizado, sin necesidad de manuales ni monitoreos, imprime su gramática del terror, empañando elecciones y comprometiendo la democracia.
El INE tiene múltiples obligaciones constitucionales, pero ninguna de ellas consiste en educar a los periodistas para evitar que incomoden a los políticos.
Diferencias, que no rompimientos
