La confianza de las empresas mexicanas para invertir registró su mayor caída anual desde 2020, de acuerdo con #DataCoparmex 2026 de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) que encabeza Juan José Sierra Álvarez. Sólo 23 por ciento de los socios considera que es un buen momento para invertir, frente a 39.5 por ciento en la medición anterior, una reducción de 16.5 puntos porcentuales.
En paralelo, los planes de expansión disminuyeron de 62.8 a 50.3 por ciento, lo que significa que prácticamente la mitad de las empresas mantiene proyectos de crecimiento, pero en un entorno con mayores obstáculos para ejecutarlos. La medición se construyó con 4 mil 21 encuestas realizadas entre el 31 de marzo y el 12 de junio de 2026, con participación de los 71 Centros Empresariales de Coparmex en las 32 entidades federativas. Entre los principales factores que limitan el crecimiento empresarial, la incertidumbre económica concentra 25.2 por ciento de las respuestas, la inseguridad 20.9 por ciento, la incertidumbre política 16.6 por ciento y el alto costo de los insumos 9 por ciento.
La inseguridad representa uno de los mayores costos adicionales para las compañías. El indicador #MásSeguridad señala que 45.6 por ciento de los socios fue víctima de algún delito. La extorsión encabezó los casos con 18 por ciento, seguida por el robo de mercancía en tránsito con 17.9 por ciento. Dentro de los casos de extorsión, 19.6 por ciento de los cobros fueron realizados por autoridades o personas que aparentaban serlo. Como consecuencia, 58.7 por ciento de las empresas aumentó su gasto en seguridad, reduciendo recursos disponibles para inversión, nómina y expansión. La carga administrativa también representa un costo operativo. El 46.9 por ciento de los socios tuvo problemas al realizar trámites gubernamentales, aunque el indicador disminuyó dos puntos. Las empresas destinan en promedio 72.1 horas mensuales al cumplimiento del marco regulatorio; en las grandes compañías la cifra llega a 176.4 horas. Los principales problemas estuvieron vinculados con el SAT, auditorías fiscales y bloqueos o restricciones operativas. Los municipios concentraron 36.1 por ciento de los casos, los gobiernos estatales 34.3 por ciento y el ámbito federal 29.5 por ciento.
Sobriedad presidencial
El desempeño de los gobiernos estatales también presenta una evaluación limitada. #MarcajeAMiGobierno se ubicó en 29.2 por ciento, una caída de 2.7 puntos, por lo que sólo tres de cada 10 socios consideraron que su gobierno estatal cumplió con los propósitos para los que fue electo. La inseguridad fue la principal falla, con 22.7 por ciento, seguida de corrupción con 17 por ciento, frente a 15.1 por ciento previamente. También se identificaron problemas en infraestructura y servicios públicos, apoyo al empresariado y tramitología. Querétaro obtuvo la mejor evaluación con 78.7 por ciento, seguido de Coahuila con 66 por ciento y Chiapas con 63.1 por ciento. En el extremo contrario se ubicaron Yucatán con 11.7 por ciento, Baja California con 11.8 por ciento y Puebla con 12.3 por ciento.
En materia de corrupción, #MxSinCorrupción registró 30.4 por ciento, una disminución de 9.8 puntos y la mayor caída registrada en el indicador. A pesar de ello, tres de cada 10 empresas señalaron haber experimentado un acto de corrupción. Los municipios concentraron 64 por ciento de las incidencias, los gobiernos estatales 54.9 por ciento y el ámbito federal 44.1 por ciento. En inversión, Morelos, Campeche y Tamaulipas registraron los mayores niveles de ánimo para invertir, mientras que Nayarit y Colima ocuparon las últimas posiciones.
Los datos muestran que el menor apetito por nuevas inversiones coincide con una reducción de los planes de expansión y con mayores recursos destinados a seguridad, además del tiempo que las compañías deben dedicar al cumplimiento regulatorio. El problema no se limita a la decisión de invertir, sino al costo de mantener y ampliar sus operaciones. La combinación de menor confianza, reducción de proyectos de expansión, mayor gasto en seguridad, 72.1 horas mensuales destinadas al marco regulatorio y exposición a delitos y actos de corrupción está condicionando la capacidad de las compañías para canalizar recursos hacia crecimiento.
Acceso al gas. Indugas está poniendo en marcha una alternativa para ampliar el acceso al gas natural en México mediante el transporte de Gas Natural Comprimido (GNC), ante una cobertura de infraestructura que deja a más del 35 por ciento del territorio nacional fuera de la red de gas natural. El modelo permite abastecer mediante unidades móviles a industrias ubicadas en zonas sin conexión a gasoductos, una opción relevante frente al crecimiento de la actividad manufacturera y la llegada de nuevos proyectos vinculados con la relocalización de cadenas de suministro. El combustible puede utilizarse en procesos industriales, generación eléctrica, cogeneración y otros procesos térmicos, mientras que la infraestructura y almacenamiento en las instalaciones pueden brindar mayor flexibilidad en el suministro y facilitar la expansión de operaciones industriales en regiones donde el desarrollo de ductos aún es limitado.
Voz en off. Ya veremos qué responde el Gobierno federal ante la propuesta de la American Society México y la Confederación Nacional Campesina para crear un programa de verificación y seguimiento de tierras y productores, con el objetivo de garantizar que estén “libres y seguras de interferencias delictivas”. La iniciativa busca fortalecer la producción agropecuaria, ampliar las opciones de financiamiento y facilitar el acceso de pequeños y medianos productores mexicanos a los mercados de Estados Unidos. Durante la firma del memorándum de entendimiento entre ambas organizaciones, se afirma que también es necesario combatir la presencia del crimen organizado en toda la cadena productiva del campo. Ahora corresponderá al Gobierno federal determinar qué respuesta dará a esta propuesta…
“Rocha sigue teniendo el control sin estar formalmente en la gubernatura”
