La crisis política en Sinaloa es profunda. Rubén Rocha Moya pidió licencia, regresó al cargo y nuevamente volvió a solicitarla. Durante días hubo incertidumbre sobre quién quedaría al frente del estado y, finalmente, la decisión fue dejar el gobierno en manos de Graciela Domínguez Nava, quien formó parte del círculo cercano del propio Rocha Moya y fue su secretaria de Educación Pública y Cultura.
En apenas un año habrá elecciones y está en juego quién mantendrá el control político de Sinaloa. Para entender qué hay detrás de estas decisiones, cómo quedan los grupos de poder y qué viene para el estado, platicamos esta semana con la senadora sinaloense Paloma Sánchez.
Bibiana Belsasso (BB): Rubén Rocha pidió licencia, regresó y nuevamente solicitó ausentarse. ¿Cómo se explica legal y políticamente lo que ocurrió y la llegada de Graciela Domínguez?
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Paloma Sánchez (PS): Legalmente podía regresar al cargo. Muchos lo repetían y con eso justificaban su regreso. Lo que a mí me preocupó fue que regresara diciendo que la Fiscalía prácticamente lo había exonerado, que no había encontrado pruebas en su contra. Hasta el momento, la Fiscalía tampoco ha aclarado públicamente lo que él afirmó. A partir de ahí se genera todo este caos. Rocha controla prácticamente todo: controla su partido, el gobierno, tiene una enorme influencia sobre el Congreso local y también sobre el Poder Judicial y el Tribunal Electoral. Además, las posiciones de Morena en el Senado por Sinaloa pertenecen a su mismo grupo político.
BB: ¿Rocha mantiene el control político del estado?
PS: Completamente. Y Graciela Domínguez es una persona que viene directamente de su equipo. Fue parte de su gabinete como secretaria de Educación Pública y Cultura. Por eso considero que seguirá cuidando los intereses políticos de Rocha.
BB: Se habló de que llegara una figura impulsada desde la Federación. ¿Por qué queda alguien del círculo de Rocha?
PS: La propia Presidenta dijo que en Sinaloa podían ponerse de acuerdo localmente, porque había un Poder Legislativo y un Poder Judicial que podían tomar las decisiones. Ahí es donde yo encuentro una contradicción: todo mundo sabe la influencia que Rocha tiene sobre el Congreso local y sobre el Poder Judicial. La Presidenta nunca dijo que enviaría una figura desde la Federación. Eso se manejó en la prensa y en Sinaloa, algunos lo interpretaron como la posibilidad de un manotazo en la mesa. Pero ocurrió lo contrario. Yo no creo en esta versión de que existe un rompimiento total entre Rocha y la Federación. Creo que hay coordinación, aunque se cuide la distancia por un tema de imagen de la Presidenta. Si realmente quisieran romper con Rocha, habrían tomado decisiones diferentes.
BB: ¿La desaparición de poderes?
PS: Totalmente. Ya existe una petición de desaparición de poderes presentada por integrantes de la sociedad civil y por el Colegio de Abogados en Sinaloa. Yo acompañé esa propuesta. No es una iniciativa que haya nacido de los partidos políticos. Se presentó ante el Senado y se argumentó que tendría que convocarse a un periodo extraordinario, por lo que se esperaba el inicio del periodo ordinario para darle continuidad. Para mí, discutir realmente la desaparición de poderes habría sido un mensaje de que existe voluntad de cambiar las cosas. Lo demás me parece simulación.
BB: ¿Cómo funcionaría una desaparición de poderes en Sinaloa?
PS: Tendría que presentarse y discutirse en el Senado. Se requiere una mayoría que la oposición no tiene, por lo que necesariamente tendría que existir una operación dentro de Morena. ¿Quién puede generar esa operación política? La Presidenta. Después vendría el proceso para establecer un gobierno provisional y, conforme a lo que determine la ley, convocar a elecciones.
BB: ¿La Federación sí tenía herramientas para impulsar una separación real del grupo de Rocha Moya?
PS: Claro. Por eso insisto: si realmente se hubiera querido generar una ruptura, existían mecanismos políticos e institucionales para hacerlo. Pero la Presidenta descartó la desaparición de poderes y argumentó que el Poder Legislativo y el Judicial de Sinaloa estaban funcionando. Desde mi perspectiva, eso ignora que esos poderes están políticamente bajo influencia de Rocha.
BB: Háblame de Graciela Domínguez.
PS: Es una política que forma parte del grupo de Rocha. Llegó con él y estuvo en su gabinete como secretaria de Educación. Después fue diputada federal. Durante su gestión en Educación hubo enormes rezagos de infraestructura. Tenemos registros de escuelas sin baños, agua y electricidad. Posteriormente, como diputada federal, presentó sólo cinco iniciativas en tres años.
BB: ¿Existe alguna acusación que la vincule con el crimen organizado?
PS: Hasta este momento yo no conozco ninguna acusación de ese tipo en su contra.
BB: ¿La decisión de dejarla tiene un componente electoral?
PS: Por supuesto. Yo digo que Rocha no solamente quiere quedarse seis años; su grupo político quiere quedarse 12. Los perfiles que está presentando la Cuarta Transformación para la sucesión pertenecen al mismo grupo. También se menciona a Imelda Castro, quien fue compañera de Rocha en el Senado y después compañera de Enrique Inzunza. Estamos hablando del mismo grupo político tratando de conservar el poder otro sexenio. Por eso es tan importante quién queda ahora en la gubernatura. Tener a un cuadro como Graciela permite también operar políticamente el proceso rumbo a las próximas elecciones.
BB: ¿Qué ha dejado esta guerra entre grupos criminales en Sinaloa?
PS: Las cifras son terribles. En 716 días de violencia tenemos registrados tres mil 87 homicidios, cuatro mil 121 personas desaparecidas, 113 niñas, niños y menores asesinados y 344 menores desaparecidos. Además, se contabilizan 11 mil 146 vehículos robados, alrededor de tres mil familias desplazadas, tres mil 948 negocios y comercios asaltados, 54 mil empleos perdidos y aproximadamente siete mil empresas y negocios cerrados. Estimamos un daño económico de 170 mil millones de pesos y una caída muy importante de la actividad económica del estado.
BB: La Federación ha desplegado al Ejército, Marina, Guardia Nacional. ¿Por qué no se logra recuperar la seguridad?
PS: Ha habido un despliegue muy importante del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, y reconozco su trabajo. El problema es qué sucede con las instituciones locales. Si la Fiscalía del estado, la Secretaría de Seguridad y otras posiciones fundamentales continúan vinculadas políticamente al mismo grupo que ha gobernado Sinaloa, es muy difícil que la estrategia federal tenga resultados completos.
BB: ¿Cómo puede trabajar la Federación si desconfía de estructuras locales?
PS: Ése es precisamente el problema. Hay posiciones clave dentro del gobierno estatal: Fiscalía, Seguridad, Obras. Si no existe independencia real de las instituciones, cualquier esfuerzo federal enfrenta enormes obstáculos. Y esto va más allá de la seguridad. El crimen ha penetrado actividades económicas y estructuras locales; hay regiones donde tiene influencia hasta en cuestiones de agua y circuitos de riego.
BB: ¿Qué está en juego en Sinaloa?
PS: No solamente quién ocupa la gubernatura este periodo. Está en juego quién controla políticamente el estado y quién organizará el proceso rumbo a las elecciones. Por eso digo que cambiar a Rocha por una persona de su mismo círculo no significa necesariamente cambiar el poder. Puede cambiar el nombre de quien ocupa la oficina del gobernador, pero si permanecen el mismo grupo político, las mismas estructuras y la misma influencia sobre el Congreso, el Poder Judicial y las instituciones locales, entonces Rocha puede seguir teniendo el control político de Sinaloa, aun sin estar formalmente en la gubernatura.
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