GENTE COMO UNO

Sinaloa y el régimen de los intocables

Ahora gobierna Graciela Domínguez Nava. Pero sería ingenuo presentar su llegada como una ruptura. Tendrá la oportunidad de demostrar si puede corregir el rumbo, pero ¿cuánto puede cambiar un gobierno, cuando quien llega formó parte de él durante buena parte de la crisis?

Mónica Garza. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón. Foto: Imagen: La Razón de México

Sinaloa está agotado de escuchar balaceras, ver cerrar sus negocios, modificar sus horarios por miedo y tener que asimilar la violencia como parte de la rutina.

Rubén Rocha Moya dejó el gobierno por segunda ocasión, pero el estado que entrega explica mejor su administración que cualquier discurso.

Las personas desaparecidas y no localizadas pasaron de 270 en 2022 a 951 en 2025, un incremento de 252 por ciento.

Desde el inicio de la actual administración, en noviembre de 2021, hasta su primera licencia en mayo pasado, se reportaron 5 mil 26 desapariciones; 2 mil 553 personas continuaban sin ser localizadas y, de las encontradas, 413 estaban muertas, de acuerdo con registros de la Comisión Nacional de Búsqueda.

RUBÉN ROCHA Moya, exgobernador de Sinaloa, y Enrique Inzunza, senador, en mayo. ı Foto: Cuartoscuro

Los homicidios dolosos siguieron el mismo camino: de 478 víctimas en 2022 pasaron a mil 656 en 2025, más del triple. La extorsión aumentó de 64 víctimas a 105 en ese mismo periodo.

A ello se suman casi dos años de guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa, que han dejado miles de asesinatos y desapariciones.

Desde que comenzó la disputa criminal, en septiembre de 2024, Sinaloa ha perdido decenas de miles de empleos formales y miles de patrones han desaparecido de los registros.

Restaurantes redujeron horarios, comercios cerraron y, durante muchos días, las escuelas tuvieron que modificar sus actividades porque los padres tuvieron miedo de mandar a sus hijos.

Ése es el Sinaloa que queda. Pero Rocha Moya no dejó el gobierno por esos resultados.

Su salida ocurrió después de las acusaciones presentadas en Estados Unidos sobre presuntos vínculos con Los Chapitos y supuestas facilidades al narcotráfico a cambio de sobornos y apoyo político.

Ahora gobierna Graciela Domínguez Nava. Pero sería ingenuo presentar su llegada como una ruptura: fue secretaria de Educación del propio Rocha, pertenece al mismo proyecto político y le mostró públicamente su respaldo.

Tendrá la oportunidad de demostrar si puede corregir el rumbo, pero ¿cuánto puede cambiar un gobierno, cuando quien llega formó parte de él durante buena parte de la crisis?

Y Rocha Moya no es el único nombre que obliga a hacer esa pregunta.

Enrique Inzunza, otro de los señalados por autoridades estadounidenses, tampoco es un personaje ajeno al poder sinaloense.

Fue secretario general de Gobierno de Rocha y antes presidió el Supremo Tribunal de Justicia del estado. Hoy es senador y, después de más de cien días ausente, regresó al Senado conservando cargo, fuero y salario.

Morena finalmente tomó distancia y esta semana Inzunza abandonó su bancada para continuar como independiente hasta 2030, pese a los llamados para que solicite licencia y enfrente las investigaciones.

El patrón se repite: cuando un personaje comienza a resultar políticamente incómodo, aparece el deslinde.

Pero deslindarse no es impartir justicia. Y cuando el deslinde sirve para evitar la rendición de cuentas, termina convirtiéndose en una forma de complicidad con la impunidad.

Está claro que Morena no inventó este problema; han sido décadas de gobiernos que alimentaron antes la impunidad. Pero el partido guinda llegó al poder prometiendo ser diferente y en varios casos la situación ha probado empeorar.

Vamos de vuelta al caso de Cuauhtémoc Blanco, en Morelos, cuyo desafuero, solicitado por la Fiscalía del estado, por una investigación de presunta violación en grado de tentativa, fue desechado por la Cámara, mientras legisladoras morenistas lo arroparon al grito de “¡no estás solo!”.

O el escándalo de Segalmex, donde hubo sanciones, inhabilitaciones y procesos contra funcionarios y operadores, pero las responsabilidades nunca alcanzaron políticamente los niveles más altos del caso.

Entonces, mientras el partido decide de quién alejarse o a quién abrazar, hoy los ciudadanos en Sinaloa no pueden hacer oídos sordos a las consecuencias.

Las familias que aprendieron a vivir con miedo no recuperan la tranquilidad porque cambie el nombre en la puerta del despacho del gobernador.

Graciela Domínguez no recibe solamente una oficina y un cargo. Recibe un estado lastimado y una sociedad con razones suficientes para desconfiar de quienes llevan años gobernándola. Por eso se necesita mucho más que un relevo.

Rocha puede dejar el gobierno, Inzunza puede dejar Morena, y Morena puede desconocer mañana a quienes ayer defendía.

Pero la verdadera transformación comenzará cuando el poder deje de utilizar el deslinde como sustituto de la rendición de cuentas; cuando se atreva a servir al “pueblo bueno” y a castigar a quien lo agreda, sin importar si su nombre aparece en sus propios registros.

Y para los sinaloenses habrá algo todavía más importante que cualquier discurso sobre justicia: que mañana puedan salir de casa con la certeza de que volverán…

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