Mientras el excontralmirante Fernando Farías Laguna es expulsado de Argentina, llega a México en un avión de la Secretaría de Marina y es vinculado a proceso, el testigo principal, el almirante José Rafael Ojeda Durán, quien encabezó la Marina durante todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, dicen que no ha podido ser localizado para declarar.
Y es que pareciera que en esta investigación no se quiere llegar hasta la cabeza de la Secretaría de Marina durante el gobierno anterior. Hacerlo obligaría a responder preguntas que inevitablemente terminarían tocando al expresidente López Obrador.
Y es que fue el propio López Obrador quien durante años repitió que ningún negocio jugoso podía hacerse sin que lo supiera el Presidente de la República.
SIN LOCALIZAR
Fernando Farías Laguna llegó a la Ciudad de México la madrugada del viernes 21
de agosto.
Días antes, en el penal de Ezeiza, Farías Laguna recibió dos visitas muy particulares: un agente del FBI y otro de la DEA. Con ambos conversó durante largo rato, según declaró en Argentina su abogado, Félix Helou. Estados Unidos recabó información.
Llegando a México, la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega lo vinculó a proceso por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, en la modalidad de
ocultamiento. Le impuso prisión preventiva y fijó cuatro meses para la investigación complementaria. Ahora está en el penal del Altiplano, donde ya se encontraba su hermano, el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna.
Lo cierto es que esta red de huachicol fiscal habría generado ganancias cercanas a los 640 mil millones de pesos. La propia fiscal general, Ernestina Godoy, informó el 20 de agosto que los aseguramientos realizados contra la organización representan una afectación superior a 340 millones de pesos, además de 86 pipas, 29 autotanques y tres inmuebles.
Siempre se dice que para conocer a los verdaderos responsables de una trama de corrupción hay que seguir la ruta del dinero. Aquí parece que no lo quieren hacer.
A Fernando Farías Laguna le habrían encontrado 40 millones de pesos. Si estamos hablando de una estructura que pudo mover 640 mil millones de pesos y hasta ahora los aseguramientos se contabilizan en cientos de millones, prácticamente todo el dinero sigue sin aparecer.
La FGR ha clasificado información de las investigaciones bajo argumentos de seguridad nacional. La propia defensa asegura que no ha podido acceder a la totalidad de las carpetas en las que sus clientes aparecen señalados. Incluso, las audiencias se realizaron a puerta cerrada por determinación judicial, a solicitud de la Fiscalía.
Un dato importantísimo en toda esta trama: el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar fue uno de los primeros en denunciar esta estructura y cinco meses después fue asesinado.
En junio de 2024, cuando estaba comisionado en las aduanas marítimas, se reunió con el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, y le explicó cómo funcionaba el esquema: sobornos, movimientos de personal y mandos navales presuntamente involucrados. Por eso, Ojeda Durán, sin duda, está obligado a testificar.
La conversación donde se escucha cómo le explican a Ojeda Durán cómo se está dando esta trama de corrupción fue difundida en un audio de 19 minutos por Aristegui Noticias.
Por eso resulta muy difícil creer que una estructura de semejante tamaño pueda comenzar y terminar con dos hermanos.
Una jueza federal citó al almirante Ojeda Durán como testigo dentro del proceso contra su sobrino político. No compareció.
Según Mendieta, la FGR informó que desconocía dónde vivía el exsecretario de Marina, pese a que la defensa había proporcionado un domicilio. Después solicitaron que se pidiera información directamente a la Secretaría
de Marina.
José Rafael Ojeda Durán no es cualquier persona. Fue secretario de Marina durante seis años. Lo cierto es que tanto la Secretaría de Marina como el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) necesariamente cuentan con información administrativa para pagarle y ellos saben dónde está.
Un almirante que encabezó una de las instituciones más importantes del Estado mexicano no simplemente desaparece del radar institucional. Y mucho menos cuando es requerido como testigo en una investigación de esta magnitud.
Para introducir combustible a México, declarándolo como aceite, lubricante o aditivo, y así evitar el pago del IEPS y otros impuestos se necesita toda una estructura.
Se necesita el buque. Los permisos. El pedimento aduanal. Un agente aduanal. Personal que permita el ingreso de la mercancía. Una terminal o muelle donde descargarla. Autotanques para transportarla. Empresas para distribuirla. Estaciones de servicio para venderla. Y después, hay que mover y lavar cientos o miles de millones de pesos.
Ahí necesariamente aparecen distintas autoridades: Hacienda, SAT, aduanas, autoridades energéticas, funcionarios, permisionarios privados y empresas.
Las investigaciones alcanzan el ingreso de por lo menos 31 buques bajo este esquema, entre 2024 y 2025.
Buena parte de lo que hoy se conoce de esta estructura comenzó con Sergio Carmona, conocido como El rey del huachicol, asesinado el 22 de noviembre de 2021 en San Pedro Garza García, Nuevo León.
Su muerte ocurrió en un momento especialmente conveniente para muchos: había sido contactado por agencias estadounidenses para convertirse en testigo cooperante.
Después de su asesinato, su hermano Julio Carmona, exadministrador de la aduana de Reynosa, cruzó hacia Estados Unidos y se convirtió en testigo protegido.
La documentación que existe en Estados Unidos puede ser fundamental. Porque para importar y exportar combustible hubo que entregar documentos de ambos lados de la frontera. Los barcos existieron. Las cargas existieron. Los pedimentos existieron. Las empresas existen. Y el dinero tuvo que terminar en alguna parte.
Nunca hemos afirmado que los hermanos Farías Laguna sean inocentes. Eso tendrán que demostrarlo ellos y sus abogados ante los tribunales. Lo que resulta difícil de creer es que dos mandos navales sean, por sí solos, la cabeza de una operación que pudo mover cientos de miles de millones de pesos y que necesitaba funcionarios, aduanas, barcos, empresas, transportistas y redes financieras para funcionar.
La investigación no puede detenerse en los Farías Laguna; tiene que llegar hasta quienes dirigían las instituciones cuando todo esto ocurrió.
Y si la investigación demuestra que la estructura llegó todavía más arriba, también habrá que preguntar qué sabía el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ostentación
