El Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum destaca diversos resultados favorables de la economía mexicana que deben reconocerse. Entre ellos se encuentran la fortaleza del empleo, la recuperación de los salarios reales, los elevados flujos de inversión extranjera directa y el aumento de la recaudación. A ello se suman el dinamismo reciente de las exportaciones y la resiliencia que ha mostrado el consumo de las familias. Son fortalezas importantes, particularmente frente a un entorno internacional complejo.
Sin embargo, detrás de estos resultados subsiste un problema estructural que México no ha logrado resolver: la economía crece poco y su capacidad para alcanzar tasas más elevadas de crecimiento se ha debilitado.
Una de las principales explicaciones se encuentra en la inversión. La inversión productiva ha perdido dinamismo y, particularmente, la realizada por el sector privado permanece estancada. Actualmente, esta última representa alrededor de 18% del PIB, por debajo de los niveles alcanzados apenas unos años atrás.
El problema trasciende a la propia inversión. Cuando una economía invierte poco, amplía lentamente su capacidad productiva, incorpora menos tecnología y limita las posibilidades de aumentar la productividad. El resultado termina siendo un crecimiento insuficiente que, a su vez, comienza a generar otras zonas de vulnerabilidad.
Una de ellas se encuentra en el mercado laboral. La baja tasa de desempleo constituye, sin duda, un resultado favorable. Pero al mismo tiempo se ha debilitado la capacidad de generar nuevos empleos formales y la informalidad continúa absorbiendo poco más de la mitad de la población ocupada. Esta aparente paradoja es importante: tener poco desempleo no necesariamente significa disponer de suficientes empleos formales y productivos.
Las consecuencias alcanzan también a las finanzas públicas. Una economía que crece poco y mantiene una elevada informalidad limita la expansión de su base tributaria. Esto ocurre precisamente cuando el gobierno enfrenta importantes compromisos de gasto y la necesidad de continuar con el proceso de consolidación fiscal.
El margen de maniobra se estrecha. Las restricciones presupuestarias dificultan ampliar los recursos destinados a necesidades fundamentales como salud y educación y, particularmente, reducen el espacio para la inversión pública. Esta última es esencial para desarrollar la infraestructura que requiere una economía moderna: energía, agua, carreteras, puertos, ferrocarriles y telecomunicaciones.
Se configura así un círculo de baja inversión y bajo crecimiento. La insuficiente inversión limita la expansión de la economía; el bajo crecimiento restringe la creación de empleos formales y la capacidad recaudatoria; las restricciones fiscales reducen los recursos disponibles para infraestructura y servicios públicos; y estas carencias terminan afectando la productividad y las condiciones necesarias para atraer nuevas inversiones.
Los avances señalados en el Segundo Informe son relevantes, pero el verdadero desafío consiste en transformarlos en una trayectoria de crecimiento sostenido. Ante las restricciones que enfrentan las finanzas públicas, el Estado difícilmente podrá realizar por sí solo el esfuerzo de inversión que México necesita.
Romper el círculo exige recuperar la inversión privada. La cuestión fundamental es, entonces, qué condiciones necesita ofrecer México para que las empresas vuelvan a invertir con mayor intensidad.
Sin equilibrios
