El Paquete Económico para 2027 vuelve a colocar en primer plano uno de los principales desafíos de la economía mexicana: avanzar en la consolidación de las finanzas públicas sin debilitar todavía más el crecimiento. Ambos objetivos son necesarios, pero conciliarlos no resulta sencillo. Ahí reside el posible dilema fiscal.
Después del fuerte incremento del déficit público en 2024, el gobierno inició un proceso de consolidación orientado a reducir gradualmente el desequilibrio y estabilizar la deuda. El Paquete 2027 mantiene esa dirección. Es un objetivo indispensable para preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas, mantener la confianza y evitar que el servicio de la deuda absorba una proporción creciente de los recursos públicos.
Desde distintos ámbitos, sin embargo, se demanda una consolidación más acelerada. El argumento tiene fundamento: déficits persistentemente elevados significan mayor endeudamiento y mayores presiones fiscales hacia adelante. El problema es que acelerar el ajuste también puede tener costos, particularmente en una economía que registra un crecimiento insuficiente.
Aquí aparece la otra cara del dilema. México necesita crecer más. Una economía débil dificulta la creación de empleo formal, limita la expansión de la base tributaria y hace más complicado el propio proceso de consolidación. El crecimiento no es contrario a la disciplina fiscal; constituye uno de sus principales aliados.
Pero existe un tercer elemento que dificulta particularmente conciliar ambos objetivos: la creciente rigidez del gasto público.
Una parte importante del presupuesto está comprometida de antemano. Pensiones, programas sociales, participaciones a estados y municipios, costo financiero y otras obligaciones legales absorben una proporción considerable de los recursos. Se trata, en muchos casos, de gastos necesarios e incluso indispensables; el problema es que su creciente peso vuelve más rígido el presupuesto y deja al gobierno cada vez menos margen para decidir dónde y cómo gastar.
Esta rigidez complica la consolidación fiscal. Cuando una parte considerable del gasto no puede reducirse en el corto plazo, el ajuste necesariamente recae sobre una fracción más limitada del presupuesto. Y es precisamente ahí donde se encuentran varios de los rubros con mayor impacto sobre el crecimiento y el bienestar: inversión pública, infraestructura y recursos destinados a salud y educación. El riesgo es claro: la reducción del déficit puede terminar recayendo sobre los componentes del gasto que más contribuyen al crecimiento económico y a la provisión de servicios públicos.
En este contexto, resulta positivo que el Paquete 2027 contemple un aumento de la inversión física. Hacienda reconoce que la inversión pública puede impulsar directamente la actividad, ampliar la capacidad productiva y contribuir a atraer inversión privada. El desafío no es solamente incrementarla en 2027, sino preservar ese esfuerzo en los próximos años frente al crecimiento de los componentes rígidos del presupuesto.
Evaluar la política fiscal exclusivamente por la velocidad con que disminuye el déficit ofrece, por tanto, una visión incompleta. Importan también la composición del ajuste y la calidad del gasto que se preserva. El dilema no consiste en escoger entre disciplina fiscal y crecimiento. México necesita ambos.
En este sentido, el Paquete 2027 apunta en la dirección correcta: mantiene una trayectoria gradual de consolidación —con riesgos importantes—, al tiempo que busca preservar y fortalecer la inversión pública. No resuelve, desde luego, las rigideces estructurales del presupuesto, pero reconoce implícitamente que sanear las finanzas públicas y estabilizar la deuda pública no debe hacerse a costa de debilitar las fuentes del crecimiento. El reto será sostener este equilibrio más allá de 2027.
Porque, al final, no basta con preguntarnos cuánto debe gastar el gobierno; también debemos preguntarnos cuánto margen conserva para decidir en qué gastar.
PISA. no son ocurrencias
