Coartada verde con todo y fintech

No la han visto los auditores de Ángel Cabrera Mendoza desde la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y menos los inspectores que envía la Comisión Federal de Prevención de Riesgos Sanitarios a cargo Víctor Hugo Borja Aburto: en las colonias Condesa, Roma y Juárez de la Ciudad de México diversas tiendas exhiben en sus aparadores cremas, aceites, cápsulas y ungüentos de CBD.

Vendedores jóvenes explican dosificaciones para dolor crónico, ansiedad e insomnio, con certificados a la vista. Todo, en apariencia, dentro de la ley…, pero no es así, la evaden, y para ello se apoyan en uno de los instrumentos de inclusión financiera más relevantes como son las Instituciones Financieras de Pagos Electrónicos.

Y es que detrás de esos mostradores impecables opera un mercado paralelo que podría sumar 1,700 millones de dólares —casi el triple del formal medicinal, calculado en 595 millones de dólares- : cogollos, vapeadores de THC, comestibles psicoactivos y accesorios cuya venta la ley mexicana no autoriza. El CBD, con aplicaciones documentadas contra el cáncer, la artritis, la migraña, la epilepsia y el dolor, opera como coartada perfecta.

Y aquí viene la parte que interesa a este espacio: el dinero. Los establecimientos observados no procesan cobros por la banca comercial —altamente regulada y sujeta a alertas automáticas a la Unidad de Inteligencia Financiera—, sino mediante terminales de las IFPE, las fintech supervisadas por la CNBV bajo la Ley del sector. En secuencias fotográficas a las que tuvo acceso quien esto escribe, aparecen de manera continua Terminales Punto de Venta (TPV) de Mercado Pago que lleva Pedro Rivas, MercadoLibre, dirigido por David Geisen, y en menos frecuencia Clip AI, Arcus, Toka Fintech, Cuenca Tecnología Financiera, Moneypool, Coltomoney, SacbéPayments e Inteligencia en Finanzas. Diez de las cuarenta IFPE registradas… y probablemente no sea lista exhaustiva.

Se desconoce si los directivos de esas fintech conocen cómo sus TPV´s se usan para un truco de tres pasos, simples pero efectivos: 1) diluye el rastro contable —los flujos entran clasificados bajo giros genéricos—, 2) reduce el riesgo de reportes automáticos a la UIF 3) y el más ingenioso, blinda legalmente a las partes: si la autoridad interviene, la fintech puede alegar desconocimiento del giro real y la tienda alega que sus operaciones eran procesadas por una institución supervisada. Buen abogado quisiera cada uno.

Debe decirse con claridad: la aparición de una terminal en un cobro no implica, por sí sola, conocimiento o consentimiento de la fintech. La alta comercial ágil es, precisamente, la propuesta de valor con la que estas plataformas disputan terreno a la banca tradicional e incorporado a millones de pequeños comercios.

Ahí, sin embargo, está también la puerta. El caso de Mercado Libre, con 1.4 millones de terminales punto de venta en 2025 y 888 millones de dólares de ingresos en México —38% del total, con crecimiento anual de 70%—, ilustra el tamaño del ecosistema y la responsabilidad que conlleva.

Lo que tampoco se nota es la palabra de las autoridades. La CNBV, competente para vigilar que sus reguladas cumplan la prevención de lavado de dinero, no parece revisar los protocolos de alta ni clasificación de giros restringidos. La Cofepris, competente en la comercialización de productos cannábicos y de vapeadores —estos últimos bajo prohibición constitucional desde enero de este año, tras el episodio viral protagonizado por Jesús Ernesto López Müller en Palacio Nacional—, tampoco ha informado revisiones a los establecimientos de Condesa, Roma y Juárez. Silencio en las dos ventanillas.

Mientras tanto, el catálogo de CBD sigue en el aparador y el catálogo lúdico, debajo. Se cobra con terminal. Se factura como otra cosa. Y todos pachecos.

Transparencia para Ley de Ingresos. Dadas sus implicaciones y su vastedad, el paquete fiscal 2027 no puede quedar en “arreglos en lo oscurito” o en aprobaciones “sin que le muevan una coma” a la iniciativa presentada esta semana por el Poder Ejecutivo. Un análisis detallado, multidisciplinario con actores relevantes del sector público, social y privado se impone como necesidad en las próximas semanas.

Por ello, son bienvenidos los foros a los que convocará el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Carol Altamirano, luego de los acuerdos que se prevé se establezcan en la reunión ordinaria del próximo lunes. Entre ellos, hacer presentaciones con el secretario de Hacienda, Édgar Amador, y sus subsecretarios (María del Carmen Bonilla en la de Hacienda, y Carlos Lerma en Ingresos); al director del Servicio de Administración Tributaria, Antonio Martínez Dagnino, así como a José Ramón Amieva del Tribunal Fiscal y a la fiscal en la materia, Grisel Galeano.

Los organismos adscritos al Consejo Coordinador Empresarial -que preside José Medina Mora- también serán convocados así como a organizaciones sociales con observaciones, críticas y propuestas específicas.

El diálogo se abre… y lo deseable es que sea vinculante en la aprobación del paquete impositivo.

Cobrar para gastar mejor. El paquete fiscal no es fácil de digerir. Pero el ofrecimiento del director de Banobras, Jorge Mendoza, es un gran aliciente que de ejecutarse puede sacar al país de su estancamiento: el funcionario anunció que se implementa el Plan de Inversión de Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar con 5.7 billones de pesos entre 2026 y 2030. Más de la mitad de ellos serán para generación, transmisión y ahorro de energía. También figuran inversiones en trenes, carreteras, puertos, obras de agua, salud y vivienda que con un buen modelo de asociación público-privado harían la diferencia entre hoy y el mañana.

Esta columna con todo y columnista se toma un receso pasadas las fiestas patrias y amenaza con regresar el 5 de octubre.