Una elección puede ser legal y, al mismo tiempo, estar cargada a favor de quien gobierna. No hace falta robar votos. A veces basta con hacerle las cosas más difíciles a los opositores y a los electores. Eso está sucediendo ahora mismo en Estados Unidos.
Para entender lo que está haciendo Donald Trump hay que empezar por una rareza del sistema estadounidense. A diferencia de nuestro país, allá no existe una autoridad nacional que organice las elecciones. Cada estado decide sus reglas, imprime sus boletas y organiza la votación. Pero hay una institución federal que aparece en prácticamente todos lados: el Servicio Postal. Esto importa porque millones de estadounidenses no votan en una casilla el día de la elección.
Reciben una boleta en su casa, la llenan, la meten en un sobre, la firman y la regresan por correo o la depositan en un buzón. Es el llamado voto anticipado por correo. El mecanismo existe desde hace más de un siglo y comenzó a crecer con fuerza en los 80. Para 1996, 8.0 por ciento de los votos fueron así. En 2024, 29 por ciento de los votantes utilizó este mecanismo. En ocho estados y Washington D.C. todos los electores reciben automáticamente su boleta por correo.
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Trump odia este sistema. Desde 2020 insiste en que el voto por correo permitió un fraude masivo que le arrebató la presidencia, aunque nunca ha presentado pruebas capaces de sostener esa acusación. También sabe otra cosa: en 2024 votaron por correo 37 por ciento de los demócratas, frente a 24 por ciento de los republicanos. Por eso, en marzo firmó una orden para meter al gobierno federal en un terreno que hasta ahora correspondía principalmente a los estados.
Siguiendo esa orden, el Servicio Postal creó nuevas reglas: los estados tendrían que entregarle listas de las personas que recibirán boletas, usar sobres aprobados por la institución y colocar códigos de barras especiales. Si una boleta no cumple, el correo podría simplemente negarse a transportarla.
Ahí está el corazón del problema. El Servicio Postal existe para llevar cartas y paquetes, no para decidir qué boletas electorales merecen circular. Trump no puede ordenar a los estados cómo organizar sus elecciones, pero está intentando controlar el puente por el que pasan millones de votos. Además, esta pelea se está dando con el proceso electoral ya iniciado. La elección intermedia será el 3 de noviembre, pero Carolina del Norte empezó a enviar boletas el 4 de septiembre y otros estados hicieron lo mismo. Esta semana, una corte federal de apelaciones mantuvo bloqueadas las nuevas reglas porque consideró que podrían dejar sin voto a millones de personas y porque el Presidente probablemente no tiene facultades para imponerlas. Pero Trump ya pidió a la Suprema Corte que permita aplicarlas de todas formas.
Habrá que esperar la decisión. Votar en persona tampoco es una alternativa gratuita. La elección ocurre en martes, día laboral, y para millones implica pedir permiso, trasladarse, encontrar una casilla y, en algunos lugares, hacer largas filas. Facilitar el voto anticipado o por correo reduce esos obstáculos. Dificultarlo los vuelve a levantar. Lo verdaderamente peligroso no es sólo quién gana esta disputa. Es aceptar que quien está en el poder pueda usar una institución del Estado para modificar las condiciones de una elección en curso. Cuando el gobierno comienza mover las reglas electorales en su beneficio, las urnas siguen ahí, pero lo que deja de estar parejo es el piso.
Corrupción. Dardo envenenado
