Los resultados recientemente publicados de la edición 2025 del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes —PISA, por sus siglas en inglés— dan muestra de un retroceso en la calidad educativa en nuestro país.
México ocupa el lugar 37 entre los 38 países miembro de la OCDE que fueron evaluados, con los siguientes resultados parciales: penúltimo lugar en Ciencias y Comprensión Lectora; antepenúltimo en Matemáticas y cuarto más bajo en Pensamiento Computacional. Con estos puntajes, se obtuvo un promedio general de 403 puntos, ubicándonos por debajo del promedio de la organización, de 469 puntos.
Cabe resaltar que las pruebas para los países miembros arrojan el rendimiento escolar más bajo en la historia, lo que lleva a inferir que la educación se ha deteriorado de manera generalizada en los últimos años. Esta situación podría explicarse, en parte, ya como consecuencia tangible de los efectos de la implementación de programas educativos a distancia, a raíz del confinamiento por la pandemia, y, sin lugar a duda, derivado del uso cada vez más extensivo de herramientas de inteligencia artificial en los procesos de formación de las nuevas generaciones de estudiantes.
• El Grito en la Cuauhtémoc
Sin embargo, independientemente de estos factores globales, los resultados evidencian que en nuestro país las cosas en materia educativa se están haciendo aún peor.
Desde luego, la situación no es nueva y se deriva de decisiones implementadas desde hace décadas, como la reducción sistemática de los fondos públicos destinados a la educación y cambios en las políticas educativas, que —más que por necesidad o planeación—, responden a agendas políticas, intereses de grupos sindicales y ajustes en las corrientes ideológicas de los gobiernos en turno.
Evidentemente, nadie quiere ser el destinatario de una boleta de calificaciones como la obtenida. Sin embargo, sí hay diversas alternativas sobre el uso que se le puede dar a estos bochornosos resultados —aunque algunas mucho más complejas que otras—.
Una alternativa sería descalificar la prueba, minimizar las consecuencias del paupérrimo puntaje, atribuir el pésimo resultado a cuestiones circunstanciales o de diseño —a pesar de ser una prueba estandarizada— y mantener el camino adoptado hasta el momento, como si no pasara nada.
Por el contrario, el camino más largo y complicado sería asumir la responsabilidad correspondiente, tomar los puntajes obtenidos como punto de partida, evaluar lo que se está haciendo mal —y también lo que se ha hecho bien— y tomar acciones encaminadas a mejorar en las próximas evaluaciones.
Esta segunda alternativa no representa una labor sencilla, pues requiere tiempo, recursos y dar por sentado que una política de este tipo —realmente bien diseñada— implica, sin lugar a duda, que será otra administración de un origen político incierto la que se cuelgue la medalla, en caso de haber buenos resultados.
No es posible mejorar lo que no se mide y, en este caso, los resultados saltan a la vista. Que la reacción de las autoridades en turno sea tan preocupante como la calificación obtenida, simplemente es un síntoma más de los tiempos que se viven.
Entre encuestas y la élite del partido
