Hace unos días platicaba con Miguel Alfonso Meza —abogado fundador de Defensorxs y uno de los rostros del proyecto Narcopolíticos— sobre los mensajes de WhatsApp que revelan la relación de Sergio Carmona, el llamado Rey del Huachicol, con distintos personajes de la política nacional. Pero detrás de esas revelaciones descubrí una historia igualmente interesante: la de aquéllos que deciden revelar lo que otros ni siquiera se atreverían a investigar.
El proyecto Narcopolíticos es resultado del trabajo entre Defensorxs, el portal Pie de Nota y el periodista Óscar Balderas.
Un esfuerzo que cruza investigación, periodismo, activismo y forma parte de un fenómeno más amplio: ciudadanos que ocupan espacios que el Estado decidió dejar vacíos.
La sociedad civil en México desde siempre ha impulsado movilizaciones para exigir democracia, derechos laborales, de género o protección del medio ambiente.
Lo que ha cambiado es el país, donde hoy la violencia atraviesa todas las causas.
Front Line Defenders documentó 43 personas defensoras de derechos humanos asesinadas en México durante 2025, la segunda cifra más alta de su registro mundial, empatada con Palestina y sólo detrás de Colombia.
Lo de menos es la causa que se defienda.
Erik Saracho trabaja en la conservación del jaguar y su hábitat en Bahía de Banderas. Su labor lo ha llevado a confrontar intereses económicos vinculados al desarrollo inmobiliario en las costas de Nayarit y Jalisco.
El 11 de marzo sufrió un intento de homicidio en San Pancho, Nayarit. Seis meses después, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental denunció que la investigación continuaba sin responsables identificados.
En 2025 se registraron 135 agresiones contra personas y comunidades defensoras del medio ambiente. Se cometieron 10 asesinatos. Autoridades, policías y fiscalías participaron en 76 de esos eventos y la delincuencia organizada fue el segundo agresor con más registros.
Pero las peores historias nacen donde la violencia fabrica al mismo tiempo, activistas y víctimas, como Patricia Negrete Tafoya.
Ella nunca eligió convertirse en buscadora. Su hermana Laura Angélica desapareció en Guanajuato en 2021 y Patricia pasó cinco años entre rastreos, movilizaciones y reuniones con autoridades intentando encontrarla.
El 23 de junio fue asesinada a balazos al salir de su trabajo en el Hospital Regional de Pénjamo.
No existe evidencia para afirmar que el móvil haya sido su actividad como buscadora, pero la secuencia es reveladora: la violencia convirtió primero a Patricia en buscadora y después en víctima de homicidio.
Es la quinta defensora buscadora asesinada en México durante 2026 hasta ese momento, de acuerdo con la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México e IM-Defensoras.
En territorios golpeados por el crimen organizado, también sacerdotes y obispos han terminado haciendo mucho más que oficiar misa: acompañan a familias de desaparecidos, intervienen en conflictos y buscan acuerdos para contener la violencia.
En Guerrero, durante 2024, ministros religiosos participaron en diálogos para intentar detener enfrentamientos entre grupos criminales que mantenían comunidades enteras bajo amenaza.
En enero de este año, el padre José Filiberto Velázquez, uno de los más activos, luego de recibir amenazas se vio obligado a abandonar temporalmente la región.
Y es que durante las elecciones de 2024, la Iglesia y organizaciones civiles impulsaron el Compromiso Nacional por la Paz, firmado por las tres candidaturas presidenciales.
Incluía propuestas sobre seguridad, justicia, desaparecidos, derechos humanos y protección de municipios frente a economías criminales. Nada de aquel compromiso se cumplió.
El reciente asesinato del sacerdote Román de la Cruz Hernández, en Hidalgo, vuelve a poner el tema sobre la mesa. Las autoridades no han establecido el móvil, ni existe evidencia para vincularlo con una actividad de denuncia frente al crimen.
Pero ocurrió en este país donde 10 sacerdotes católicos han sido asesinados en los últimos cinco años, mientras otros viven amenazados por hacer de la defensa de sus comunidades parte de su ministerio.
Y ahí está el punto:
En México el activismo ya no ocurre solamente en una marcha o detrás de una pancarta. Ocurre buscando una fosa, defendiendo un bosque, tratando de pacificar una comunidad o siguiendo mensajes de WhatsApp que pueden conducir hasta la relación entre el poder político y el crimen organizado.
Las causas son distintas, pero el riesgo es el mismo.
Porque parece que detrás de cada activista amenazado, cada buscadora asesinada, cada defensor obligado a esconderse o cada sacerdote intimidado, queda el más intimidante mensaje para todos los demás:
No hables. No busques. No investigues. No te metas… o te mueres.
Y quizá ésa es la forma más eficaz de control que ha conseguido el crimen en México: que el miedo haga el trabajo completo.
• De aspirante a promotor
