Tienen prisa por aprobar la iniciativa para impedir que quienes posean una doble nacionalidad se postulen a la Presidencia de la República, las gubernaturas o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
En la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados lograron los votos suficientes y ya trabajan para que también avance en el Senado la próxima semana.
La premisa de sus impulsores asume casos hipotéticos y, entre ellos, los de la lealtad dividida, ya que creen que los poseedores de dos o más nacionalidades son, en principio, sospechosos.
Es absurdo y discriminatorio. No se necesita tener dos pasaportes para traicionar al país ni para no honrarlo. Ejemplos de ello hay varios a lo largo de la historia.
Tiene, además, algo de pensamiento mágico: ¿renunciar a otra nacionalidad para inscribirse en la carrera política borra afectos, tradiciones y arraigos? Lo dudo, porque ahí no está el centro de la cuestión.
Lo grave es la estigmatización, la siembra de la sospecha y la mutilación de derechos, entre ellos, el de ser votado.
Es problemática, porque hay países que no admiten la renuncia a la nacionalidad y, entonces, será un embrollo que un candidato o candidata obtengan la certificación que los libere de sospecha.
Eso, por cierto, no se resolverá en la ley secundaria, porque no está en manos del Estado mexicano y, mucho menos, de sus legisladores.
Es curioso, en 1997, la clave de la reforma impulsada por el entonces presidente Ernesto Zedillo, estribó en que ningún mexicano por nacimiento pudiera perder la nacionalidad.
El objetivo principal era proteger sobre todo a quienes, al emigrar, no afectaran su condición de mexicanos, aunque tuvieran otro pasaporte. La mirada estaba en los paisanos en Estados Unidos, pero el beneficio fue general.
Ese avance garantista se sumaba a la posibilidad de que la persona, hija de padre o madre mexicana, pudiera postularse a la titularidad del Poder Ejecutivo, aprobada en 1994, durante la administración de Carlos Salinas de Gortari.
Eran momentos garantistas, de un país que se separaba de sus traumas históricos para insertarse en una realidad internacional.
Ahora, en cambio, es ir para atrás: en lugar de ampliar derechos, se restringen y por cálculo político.
En el fondo quieren resolver un dilema antes de la propia decisión ciudadana, y que se utilizará, ni lo duden, para que quienes se atrevan a buscar cargos públicos elevados sean tildados de injerencistas.
¿Tiene dedicatoria la reforma? Es posible, pero por desgracia sus consecuencias pueden ser aún más nocivas a lo largo del tiempo.
Para empezar, habrá una franja de mexicanos y mexicanas que ya no contarán con los mismos derechos. Se está abriendo una puerta que entraña peligros, que puede significar que otros derechos sean también conculcados.
Ojalá en el Senado no permitan que esto avance. Es difícil, porque el horno no está para bollos, pero terminarán por agradecerlo millones de compatriotas.
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