Las fronteras separan responsabilidades legales, pero no necesariamente los negocios que las atraviesan.
El huachicol fiscal es una industria binacional que resulta imposible entender mirando solamente hacia México, se requiere entender el papel de los Estados Unidos.
El huachicol fiscal puede comenzar con una compra perfectamente legal donde una empresa adquiere gasolina o diésel en Estados Unidos y lo envía hacia México. El fraude aparece cuando la mercancía cruza como si fuera otro producto, se declara una cantidad inferior o se utilizan documentos falsos para eludir impuestos.
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La lógica económica es sencilla. Entre ambos países existen diferencias de precios y cargas fiscales que abren oportunidades comerciales. Entre 2019 y 2025, la gasolina regular costó, en promedio, unos 21 pesos por litro en México frente al equivalente de 16 pesos en Estados Unidos. Comprar donde cuesta menos para vender donde cuesta más es una actividad económica muy común. La ventaja criminal surge cuando alguien se ahorra a la mala los impuestos que sus competidores deben pagar. Ese margen permite ofrecer combustible barato, obtener ganancias extraordinarias y financiar los sobornos necesarios para mantener abierta la puerta. La corrupción mexicana es, por lo tanto, sólo una de las piezas de este rompecabezas. Funcionarios que permiten el ingreso, operadores que alteran registros y empresas que simulan operaciones convierten el contrabando en un negocio reproducible. Las investigaciones de diversos medios de comunicación y organizaciones han documentado varios de estos engranajes. Pero detener ahí la explicación deja fuera el lugar del que procede mayoritariamente el combustible: Estados Unidos.
Del otro lado hay comercializadoras, terminales, transportistas y servicios financieros que hacen posible el abastecimiento. Esto no convierte automáticamente a cada proveedor en integrante de una organización criminal. Vender combustible no demuestra haber participado en el soborno de una aduana mexicana. Es necesario reconstruir quién sabía qué, quién falsificó documentos y quién obtuvo beneficios fuera de la ley. La responsabilidad debe probarse siguiendo operaciones concretas. Las propias autoridades estadounidenses han comenzado a recorrer ese camino. El 14 de abril, agentes de Seguridad Nacional catearon las oficinas de Ikon Midstream, una comercializadora de Houston cuyos envíos aparecen en investigaciones sobre contrabando hacia México. En junio, el Tesoro estadounidense sancionó a dos mexicanos, ocho empresas mexicanas y una británica por sus vínculos con una red de contrabando de combustible ligada al CJNG. Además, su unidad de inteligencia financiera describió cómo varios distribuidores estadounidenses abastecen a estos circuitos criminales.
La escala obliga a ampliar la mirada. Si tomamos una estimación reciente, se calcula en 160 mil millones de dólares el valor de las ventas acumuladas de huachicol fiscal durante siete años; hablamos de un monto equivalente a aproximadamente medio punto porcentual del PIB estadounidense de 2025. La comparación dimensiona el dinero movilizado. Entender el carácter binacional del negocio no diluye la responsabilidad de quienes corrompen a las instituciones mexicanas. Permite identificar todos los eslabones que deben investigarse. Una aduana que deja pasar necesita antes un cargamento que alguien despachó del otro lado de la frontera, un pago que alguien recibió y un comprador dispuesto a venderlo. Combatir estas redes exige comparar registros, rastrear transferencias y cooperar entre autoridades.
Juchitán
