Dentro de la política estadounidense la economía define gran parte de las tendencias electorales. Aunque pocos entendamos los complejos balances macroeconómicos y las intrincadas implicaciones de la geopolítica en las tasas de interés, todos nos damos cuenta cuando la vida nos sale más cara. Cuando el dinero en nuestros bolsillos simplemente ya no alcanza, la presión sobre los políticos empieza a subir.
Los precios de los productos de cada día y de los servicios clave para la calidad de vida de las personas están ligados a una compleja red de influencias económicas. Como en la Teoría del caos, un pequeño aleteo en un país petrolero puede terminar con un alza de 10 por ciento en el precio de las lechugas. Al mismo tiempo, las simpatías políticas palidecen cuando el servicio médico escasea y los restaurantes cierran como consecuencia de decisiones que bien nos pudieran convencer ideológicamente, pero que no estamos dispuestos a sostener a costa de lo que sea.
Este ejercicio de equilibrismo es el que vive hoy el Partido Republicano en los Estados Unidos. Sus políticas migratorias y el conflicto con Irán están presionando la economía a tal grado que la inflación en productos y servicios cotidianos está empezando a descontrolarse. La aguja de la aprobación electoral está temblando y los susurros en los pasillos apuntan a un creciente temor ante la perspectiva de perder el apoyo de sus votantes. Un punto controvertido para los republicanos es la anulación de los TPS (Estatus de Protección Temporal) que permitía a migrantes de ciertos países pedir asilo político y legalmente obtener permisos de trabajo. Estos trabajadores cuentan con papeles y pagan impuestos, no son ilegales y su permanencia sigue un proceso judicial que puede concluir en un permiso de residencia permanente o Green card. Estas personas no parecerían ser el objetivo de una política que se mueve bajo la bandera de sacar a los criminales y a los ilegales del país, sin embargo, en la práctica se han derogado los TPS de varios países y muchos de los que aún poseen esta protección han terminado deportados o en los centros de detención del ICE.
Asociaciones restauranteras, de la industria de la construcción, de agricultores, de servicios del sector sanitario, entre otros, alertan sobre el “impuesto ICE” que ha encarecido servicios y productos por la falta de mano de obra, la deportación de trabajadores calificados y la baja generalizada en el consumo. Es una avalancha que está afectando los bolsillos y que lleva a los políticos a preguntarse si no han ido demasiado lejos en su celo migratorio. Si el Partido republicano puede distinguir entre el racismo y el luchar contra la migración ilegal, aún podría detener esta ola que destroza familias y afecta la economía.
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