El 22 de septiembre, Donald Trump prometió ante Naciones Unidas que la libertad llegaría a Cuba. Cuatro días después anticipó un acuerdo con La Habana. La distancia entre ambas declaraciones admite una pregunta: ¿qué parte de esa promesa puede cumplir Washington por decisión propia?
La hipótesis es que Trump buscaría convertir la liberación de Cuba en votos republicanos para las intermedias. Esa lectura supone que puede conseguir el cambio y obtener una recompensa electoral. Pero ambos resultados dependen de decisiones ajenas.
Las declaraciones llegaron tras una encuesta Reuters/Ipsos que registró 32 por ciento de aprobación presidencial y 17 por ciento de respaldo a su manejo del costo de vida. Realizada entre el 17 y el 20 de septiembre, consultó a mil 277 adultos estadounidenses. El margen de error reportado fue de ± 2.8 puntos porcentuales. Vincular ese malestar con un eventual desenlace cubano exige averiguar qué importancia tendría la isla en sus decisiones de voto.
En Florida existe una audiencia particular. Reuters documenta el respaldo de sectores cubano-americanos a un cambio de gobierno en Cuba. Un eventual entendimiento tendría varios lectores: quienes negocian sus cláusulas y quienes las contrastan con la transformación política esperada. Una apertura comercial y la posibilidad de elegir otro gobierno comprometen cosas distintas.
Trump dispone de instrumentos concretos. Su administración puede autorizar determinadas operaciones mediante licencias y modificar restricciones dentro de las facultades legales vigentes. El embargo también tiene componentes legislativos: la ley condiciona su suspensión a un gobierno de transición y su terminación a un gobierno democráticamente elegido. Cada concesión estadounidense requiere identificar la autoridad que puede otorgarla.
Del otro lado está la voluntad cubana. El 26 de septiembre, Bruno Rodríguez ofreció relaciones comerciales con empresas estadounidenses y presentó las reformas económicas como compatibles con la continuidad del socialismo. La Habana propone negocios dentro de ese sistema; Trump anunció libertad. El contenido de un acuerdo tendría que precisar hasta dónde llega cada compromiso.
Hay, además, una dificultad más en las negociaciones; parte de las concesiones que Washington pudiera obtener tendría que ejecutarlas el gobierno cubano. Una excarcelación o una reforma requieren decisiones de sus autoridades. La capacidad de presionar sobre ellas y la facultad de decidir en su lugar son poderes diferentes.
Finalmente, la lectura electoral tendría otras exigencias. Para sostener que Cuba forma parte de una estrategia de campaña hacen falta pruebas sobre esa intención; además, para atribuirle efectos en las urnas, falta evidencia sobre la posible respuesta ciudadana. El supuesto recurso electoral depende, entonces, de voluntades repartidas entre gobiernos, instituciones y ciudadanos.
Habrá pelea de los candidatos perdedores
