El concepto clásico de soberanía nos remite al poder supremo e inalienable que reside en el pueblo y que se ejerce a través de las instituciones del Estado.
En la teoría política, un Estado es soberano porque posee el monopolio legítimo de la fuerza y la capacidad exclusiva de dictar las reglas, cobrar impuestos e impartir justicia dentro de un territorio delimitado. Sin embargo, en el México contemporáneo, esta definición no pasa de ser una abstracción jurídica que choca de frente con la realidad cotidiana.
Actualmente, nuestro Gobierno habla mucho de la soberanía del país frente a gobiernos extranjeros, pero hay otra soberanía de la que no se habla, que es la soberanía interna. No se requiere que la República mexicana esté amenazada por barcos de potencias extranjeras ni por ejércitos invasores cruzando las fronteras, la verdadera crisis de soberanía viene desde dentro y se manifiesta en una erosión sistemática del control territorial a manos del crimen organizado. El narcotráfico ha dejado de ser una red clandestina de comercio ilegal, para convertirse en un actor de gobernanza de facto que disputa, despoja y suplanta las funciones elementales del Estado.
Ruta necesaria
Las muestras de esta pérdida de soberanía son insoslayables en amplias regiones del país, las leyes de la República han sido substituidas por la voluntad de los cárteles. Ahí donde el Estado debería cobrar contribuciones para financiar servicios públicos, el crimen cobra el “derecho de piso” a comerciantes, agricultores y transportistas. Ahí, donde los tribunales deberían impartir justicia, los grupos criminales imponen su propio orden mediante la extorsión, el secuestro y la ejecución impune.
La manifestación más alarmante y descompuesta de esta crisis se observa en el ámbito municipal. Los ayuntamientos, que constituyen el primer eslabón de contacto entre el Gobierno y la sociedad, han sido prácticamente cooptados en múltiples regiones. Ya no estamos ante el escenario del alcalde presionado o amenazado; asistimos a la captura abierta de las instituciones locales, donde presidentes municipales ejercen el cargo estando directamente subordinados o formalmente integrados a las filas del narcotráfico.
Cuando la autoridad local opera como un brazo logístico, financiero o policiaco del crimen, el pacto federal se quiebra desde su base. El ciudadano queda en un desamparo absoluto; la Policía que debería protegerlo responde al cártel local, la obra pública se asigna a empresas fachada de la delincuencia y el presupuesto público termina financiando estructuras criminales.
Esta cesión de facto del territorio no sólo destruye el tejido social, sino que vulnera la seguridad nacional. Un país que no controla la totalidad de su territorio ni garantiza el libre tránsito de sus ciudadanos, dentro de sus fronteras, no puede preciarse de ejercer soberanía plena.
Minimizar esta crisis bajo narrativas de ser un problema entre bandas rivales implica ignorar la dimensión constitucional del problema, en el cual el Estado mexicano está cediendo, por omisión, corrupción o incapacidad, pedazo a pedazo la soberanía que debe de ejercer el propio Estado.
Recuperar la soberanía no requiere discursos nacionalistas ni retórica vacía sobre la autodeterminación frente al exterior. Exige, ante todo, la decisión política de recuperar la autoridad constitucional en cada municipio del país. Implica depurar y fortalecer los gobiernos locales, desmantelar la complicidad política con el crimen y restablecer el imperio de la ley donde hoy impera la impunidad.
Sin control territorial ni instituciones limpias, la soberanía es sólo una palabra grabada en letras de oro en el Congreso, mientras en las calles gobierna el crimen organizado.
