El modelo económico impulsado por los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum tiene importantes coincidencias con las ideas de Mariana Mazzucato, economista y profesora de Economía de la University College London, fundadora del Institute for Innovation and Public Purpose y una de las principales exponentes de la concepción del “Estado emprendedor”. Es autora, entre otras obras, de El Estado Emprendedor y Misión Economía.
Mazzucato cuestiona la visión tradicional del Estado como simple corrector de las fallas del mercado. Su propuesta es más ambiciosa: el sector público debe contribuir a crear y orientar mercados, asumir riesgos, promover la innovación y coordinar esfuerzos públicos y privados alrededor de objetivos estratégicos o “misiones”. No plantea sustituir al mercado, sino construir una relación distinta entre Estado y empresas para generar inversión, innovación y valor público.
Las coincidencias con la política económica mexicana son importantes. Desde el sexenio anterior se recuperó un papel más activo del Estado y se fortalecieron las políticas redistributivas. Con el Plan México, el actual gobierno agrega una política industrial que pretende elevar la inversión, aumentar el contenido nacional, desarrollar sectores estratégicos, utilizar las compras públicas como instrumento de desarrollo y ampliar el financiamiento a las Pymes.
La cercanía no es solamente conceptual. Mazzucato y Lara Merling publicaron recientemente State Transformation for Plan México, un estudio dedicado específicamente a las condiciones necesarias para ejecutar esta estrategia. Su diagnóstico introduce, sin embargo, un matiz fundamental: los avances distributivos de los últimos años han ido por delante de la transformación productiva necesaria para sostenerlos y la inversión pública, considerada una de las principales palancas del Plan, se encuentra en su nivel más bajo en décadas.
Aquí aparece la distancia entre el modelo y la realidad.
La primera restricción es fiscal. Un Estado emprendedor necesita capacidad para invertir, financiar proyectos, asumir riesgos y orientar recursos hacia objetivos de largo plazo. México, en cambio, enfrenta la necesidad de consolidar sus finanzas públicas, lo que reduce considerablemente el margen para incrementar la inversión pública. La contradicción es evidente: se pretende ampliar la capacidad transformadora del Estado cuando sus recursos enfrentan importantes restricciones.
La segunda es la debilidad de la inversión privada. El planteamiento de Mazzucato requiere que la acción pública movilice capital empresarial hacia nuevas actividades productivas. Precisamente ahí se encuentra otro de los principales cuellos de botella de la economía mexicana.
Desde una perspectiva diferente, Fausto Hernández Trillo, en Anatomía de la inversión: Lecciones para una política industrial exitosa (2026), ayuda a explicar esta limitación. Para Hernández, la decisión empresarial de invertir no depende únicamente de la rentabilidad esperada del proyecto. También intervienen la estabilidad macroeconómica, la disponibilidad de infraestructura —energía, transporte y agua—, el entorno institucional, el Estado de derecho y la seguridad. La incertidumbre sobre estas condiciones reduce el potencial de inversión.
Resulta particularmente interesante que Hernández llegue a algunas propuestas cercanas a las de Mazzucato. Plantea fortalecer y capitalizar la banca de desarrollo y desarrollar una “agencia líder” de política industrial, capaz de acumular conocimiento especializado, coordinar al gobierno y al sector privado, establecer objetivos de mediano plazo y ajustar las políticas mediante experimentación y aprendizaje.
Surge entonces una tercera condición: capacidad institucional. El propio estudio de Mazzucato y Merling considera que México dispone de planes, instituciones y activos financieros, pero todavía necesita construir una arquitectura estatal que permita coordinarlos eficazmente.
El problema del Plan México no parece estar, por tanto, solamente en su concepción. Sus objetivos encuentran respaldo en una corriente moderna del pensamiento económico y existen coincidencias importantes entre diagnósticos provenientes de perspectivas diferentes. La verdadera prueba está en su instrumentación.
Para convertir esa política industrial en crecimiento sostenido, México necesita resolver simultáneamente tres restricciones: recuperar espacio fiscal, movilizar inversión privada y fortalecer la capacidad del Estado para diseñar, coordinar y ejecutar eficazmente la política industrial.