El 29 de septiembre, la Corte Suprema estadounidense emitió una orden (con el voto en contra de las tres justices liberales), que permitió a la administración Trump continuar con la práctica de deportar migrantes a países que no aparecen identificados en sus órdenes de expulsión, procedimiento conocido como deportaciones a terceros países.
El caso se origina en la política de la presente administración federal que, desde enero de 2025, emitió una orden ejecutiva que permite deportar migrantes a terceros países, es decir, a naciones distintas de aquellas señaladas originalmente en sus órdenes de expulsión. La medida busca resolver situaciones en las que una persona no puede ser devuelta a su país de origen porque, entre otras razones, podría enfrentar persecución o tortura. Desde marzo de ese año, a solicitud de un grupo de migrantes, Brian Murphy, juez de Distrito en Massachusetts, determinó que antes de efectuar esas deportaciones, el gobierno debe informar al migrante cuál será el tercer país y ofrecerle una oportunidad real de expresar su temor de sufrir daños graves en su integridad. La administración Trump se ha opuesto a la resolución del juez Murphy sosteniendo que las condicionantes dificultan las expulsiones y le impiden utilizar una herramienta necesaria para ejecutar órdenes migratorias ya existentes. La defensa de los migrantes, sin cuestionar la facultad gubernamental para deportarlos a terceros países, reclama conocer previamente el lugar al que serán enviados y poder explicar por qué ese destino representa un riesgo grave. En febrero pasado, el juez Murphy dictó sentencia definitiva en favor de los migrantes e invalidó la política de deportaciones a terceros países. También determinó que antes de que una persona pueda ser deportada a un tercer país tiene derecho a recibir una notificación y disponer de una oportunidad para impugnar la deportación cuando tenga un temor razonable de sufrir persecución o tortura en ese lugar.
El 18 de septiembre, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito confirmó la resolución de Murphy. Cinco días después levantó una orden vigente desde marzo de 2026 que había mantenido suspendida la sentencia mientras el gobierno tramitaba su apelación. Ante esta situación, el fiscal general John Sauer acudió a la Corte Suprema argumentando que la sentencia privaba a la administración federal de una herramienta esencial para expulsar a ciertos extranjeros, incluidos algunos de los peores delincuentes. De ahí que solicitara el bloqueo de la resolución de Murphy, objetivo recién conseguido cuando el máximo tribunal emitió por mayoría una orden que permite la continuación de las deportaciones a terceros países.
• Acelera PAN nominaciones
La Corte fijó el 9 de diciembre como fecha para celebrar una audiencia donde escuchará los argumentos orales de ambas partes sobre la legalidad de los lineamientos gubernamentales, así como las facultades del juez federal para intervenir en el caso. No será sino hasta 2027 cuando los togados resuelvan la controversia respecto a las garantías que conservan los migrantes frente al Estado una vez que su expulsión ya ha sido ordenada.
Los defensores de los DH
