El domingo en Guadalajara, la policía estatal arremetió con chorros de agua contra una protesta que exigía agua limpia para los hogares. El equipo de gobierno sabía que habría una manifestación de más de 10 mil personas, que marcharían de La Minerva a Casa Jalisco, que cientos de familias protestarían legítimamente por la mala calidad del agua y que podrían aparecer grupos de choque… y, en lugar de contener, recurrió a acciones que han sido señaladas como de represión.
Ayer, el gobierno estatal respondió a las críticas por la actuación de la policía de su entidad —a las que se sumó la Presidenta Claudia Sheinbaum— con una narrativa que lo coloca como víctima de los disturbios.
Reconoció que más de 10 mil personas se manifestaron pacíficamente, pero atribuyó la violencia a un grupo de choque de unas 400 personas que, aseguró, “tenían la intención de generar violencia a fin de quitarle legitimidad a una marcha verdaderamente ciudadana”. Según su versión, muchos portaban piedras, tubos, petardos y martillos, y agredieron a mujeres policías. El saldo que reportó fue de 28 uniformados heridos, dos de ellos graves.
Afirmó que los enfrentamientos se prolongaron durante tres horas y que los “encapuchados” pusieron en peligro a los manifestantes y a los residentes de una casa de descanso para adultos mayores ubicada junto a Casa Jalisco. Responsabilizó a ese grupo de haber desvirtuado una protesta que él mismo reconoció como “legítimamente ciudadana”.
La manifestación del domingo dejó inicialmente 39 detenidos y decenas de lesionados. Participantes denunciaron golpes y agresiones policiales que habrían rebasado los límites legales del uso de la fuerza, incluso contra personas que no ofrecían resistencia.
Este episodio coloca bajo escrutinio a las autoridades de la entidad.
En el pasado en esa entidad han ocurrido sucesos que si bien son de distinta naturaleza y con responsabilidades diferentes, pueden ser considerados referentes de hechos que no se deben repetir.
Informes de la época dan cuenta de que el 30 de septiembre de 1970, durante el gobierno priista de Francisco Medina Ascencio, elementos del Ejército y de la policía local desalojaron la Casa del Estudiante, en Guadalajara, y detuvieron a 25 personas, y las trasladaron a los separos del Servicio Secreto para ser interrogadas.
Horas después comenzó la demolición del inmueble. El operativo ocurrió en medio de la confrontación entre la Federación de Estudiantes de Guadalajara y grupos opositores que disputaban el control de espacios universitarios. La intervención quedó registrada en un informe de la Dirección Federal de Seguridad, en el contexto de la llamada Guerra Sucia.
Hace poco más de dos décadas, el 28 de mayo de 2004, el mismo fin de semana en que el gobernador panista Francisco Ramírez Acuña impulsaba las aspiraciones presidenciales de Felipe Calderón, su policía arremetió contra altermundistas que protestaban durante la III Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, en rechazo al neoliberalismo y la globalización.
La movilización derivó en enfrentamientos entre algunos participantes y agentes de seguridad. Sin embargo, la actuación policial alcanzó también a personas ajenas a los disturbios. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos determinó que las corporaciones estatales y municipales se excedieron y cometieron graves violaciones a los derechos humanos.
Al menos 118 personas fueron detenidas en aquellos acontecimientos, según organizaciones defensoras de derechos humanos. La CNDH acreditó 73 retenciones ilegales, 55 casos de tratos crueles y degradantes, 73 incomunicaciones y 19 casos de tortura. Hubo manifestantes que permanecieron encarcelados durante más de un año. El caso alcanzó repercusión internacional.
En junio de 2020, la muerte de Giovanni López, un albañil de 30 años ocurrida después de ser detenido por policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, desató movilizaciones para exigir justicia y castigo a los responsables.
El 4 de junio fueron detenidas 28 personas, entre ellas seis menores de edad, que exigían justicia. Al día siguiente, policías estatales y agentes ministeriales intervinieron contra quienes acudieron a las inmediaciones de la Fiscalía para exigir su liberación. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco documentó que, durante el operativo del 5 de junio, otras 45 personas fueron privadas de la libertad mediante el uso excesivo de la fuerza.
El informe especial de la Comisión, publicado el 17 de junio de 2020, documentó hechos constitutivos de desaparición forzada que involucraron al menos a 35 víctimas.
Según la investigación, agentes de seguridad pública y de la Fiscalía interceptaron a jóvenes que pretendían manifestarse, los obligaron a subir a vehículos sin identificación, los golpearon, amenazaron y abandonaron en zonas apartadas de Guadalajara.
El 9 de junio, el entonces gobernador Enrique Alfaro anunció el retiro de las acusaciones contra seis jóvenes detenidos durante las protestas, quienes recuperaron su libertad.
Antecedentes como estos obligan a que los hechos del domingo tengan de las autoridades la gestión más adecuada.
RADAR
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