El día de ayer en la tarde, trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social salieron del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en avenida Cuauhtémoc, rumbo a las oficinas centrales del instituto en Paseo de la Reforma 476. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México previó mil 500 asistentes. También hubo movilizaciones en otros estados como en Tlaxcala, Jalisco, Guanajuato y Chihuahua.
Personal de salud marchó por la tarde para cubrir sus turnos de la mañana y no dejar a sus pacientes. Ésa es la gente de la que estamos hablando: personal que no abandona a sus pacientes ni para protestar por ellos.
Piden un aumento salarial directo de 10 por ciento, abasto de medicamentos e insumos, cobertura de plazas vacantes, revisión del Régimen de Jubilaciones y Pensiones y la destitución de Rafael Olivos Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.
• Las corbatas de Sergio Mayer
LA LUCHA SIGUE
Por lo pronto, el instituto ofreció 2.9 por ciento; la Presidenta Claudia Sheinbaum habló ayer de 5.1 por ciento “en términos reales”. Los trabajadores rechazaron la propuesta.
Y es que las condiciones laborales y el desabasto de insumos médicos están haciendo muy difícil la labor del personal de salud. Es una constante que enfermeros tengan que salir a comprar material de su propio sueldo. Hace unos meses, residentes del Centro de Alta Especialidad Rafael Lucio, en Xalapa, denunciaron más de mil cirugías diferidas, material rescatado de la basura y dijeron que, para poder trabajar, “le damos al paciente una lista de compras”.
En el Hospital General de México, 135 residentes se intoxicaron con comida del comedor y salieron a bloquear Cuauhtémoc al grito de “no tenemos ni comida ni medicamentos”.
Personal de hospitales me ha dicho que a los residentes, cuando piden material de estudio, les entregan listas de insumos de limpieza para, por lo menos, mantener limpias las áreas. Y así está el sector salud.
Los pocos que se atreven a denunciar la situación son amenazados. En Tlaxcala, por ejemplo, ayer, un trabajador que pidió el anonimato contó que a quienes apoyan la marcha los amenazan con no renovarles contrato o con negarles empleo a sus familiares; y que si guardan una reserva de insumos para cuando falten, “nos quieren mandar a la cárcel”.
En Ciudad Juárez, el personal en paro del Hospital Morelos y de tres unidades de medicina familiar denunció intimidación de directivos y algo más grave: que durante las inspecciones nacionales las autoridades locales “maquillan” las carencias con insumos temporales y altas aceleradas de pacientes.
En Jalisco, Mary Barragán, enfermera general y dirigente del movimiento, habló de despidos y rescisiones de contrato.
El caso más visible fue en Veracruz. Roberto Ramos Alor, coordinador estatal del IMSS-Bienestar, respondió a residentes que reclamaban insumos y les dijo con una frialdad y prepotencia: “Si no quiere operar, no opere”.
EN su mañanera, la Presidenta Claudia Sheinbaum enumeró 22 mil 456 médicos contratados, 21 mil 74 enfermeros, 55 mil 722 basificaciones, 34 hospitales nuevos. Reconoció rezagos, pero negó que exista una crisis.
Pero, además, hay desabasto de medicinas tanto para el sector público como privado, y es que cuando un medicamento no está en la farmacia del IMSS, el derechohabiente lo compra con su dinero en las farmacias privadas, y estas farmacias privadas no contemplaban tener de clientes a aquéllos que el sector público no abastece con medicinas.
Desde 2019, el país ha cambiado tres veces de modelo para quienes no tienen seguridad social: desapareció el Seguro Popular, nació el INSABI en 2020 y se sustituyó por el IMSS-Bienestar a partir de 2022. Coneval registró que 15 millones de personas perdieron acceso a servicios de salud entre 2018 y 2020. El esquema de compras también cambió varias veces con el argumento de combatir la corrupción.
Lo que quedó fue otra cosa. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad documentó en diciembre de 2023 que Romedic, empresa de Jorge Amílcar Olán Aparicio, amigo de Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, obtuvo más de 490 millones de pesos en contratos de medicamentos y material de curación entre 2020 y 2022, con recursos del INSABI, en Quintana Roo y Tabasco.
Es decir, destruyeron el sistema de salud que funcionaba medianamente bien para que entraran como proveedores personas afines al régimen, aunque no tuvieran experiencia alguna en el sector de compra de medicamentos, y es que comprar y revisar bien qué se necesita de medicinas es algo muy complejo.
Apenas este 7 de octubre, padres de niños con cáncer denunciaron ante la Fiscalía General de la República a López Beltrán y a Olán por presuntos sobreprecios y entregas incumplidas. Hay que decirlo con precisión: la propiedad de la empresa y los contratos están acreditados; la intervención directa de López Beltrán no.
Y todo este desastre no termina. El presupuesto de salud 2026 es de 996 mil millones de pesos, 5.8 por ciento más en términos reales que en 2025, según el CIEP y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.
Es 2.5 por ciento del PIB, de acuerdo con México Evalúa; la Organización Panamericana de la Salud recomienda al menos seis.
Pero ni eso se ejerce. En el primer trimestre de 2026, la Secretaría de Salud dejó sin gastar dos mil 660 millones de pesos: un subejercicio de 21.8 por ciento, el doble del promedio federal. Al cierre del primer semestre, el Hospital General de México tenía sin ejercer 46 por ciento de su presupuesto no salarial. Subejercicio quiere decir que el dinero aprobado para comprar insumos médicos no se usó; y Hacienda, desde el 29 de julio, prohibió iniciar nuevas contrataciones de materiales.
Lo que no se compromete regresa al Ramo 23, donde Hacienda lo reasigna a lo que decida. No necesariamente a salud.
Y hay un detalle administrativo que explica mucho. Desde diciembre de 2018, las oficialías mayores de todas las secretarías fueron sustituidas por Unidades de Administración y Finanzas, y desde agosto de 2019 sus titulares los designa el secretario de Hacienda, no el secretario del ramo.
En la práctica, el secretario de Salud decide poco sobre qué se compra y cuándo. La autorización de compra, hasta de una jeringa, pasa por Hacienda.
Los médicos marcharon después de su turno para pedir lo mínimo para trabajar. El Gobierno respondió diciendo que en salud no había crisis.
El Gobierno niega la crisis mientras los pacientes pagan las consecuencias.
Guadalajara. represión y agua
