De las 35 universidades estatales autónomas a las que la Federación aplicó un estudio actuarial, 18 presentan fragilidad financiera o se encuentran en condición crítica, principalmente por la presión que sus sistemas de pensiones ejercen sobre sus recursos.
En entrevista con La Razón, el subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Ricardo Villanueva Lomelí, expuso que ocho instituciones tienen finanzas rentables, nueve están estables, 14 registran fragilidad y cuatro se encuentran en una situación crítica.
“La gran presión financiera que tienen las universidades de origen, el monto más grande sí son los fondos pensionarios que están asfixiando a muchas universidades”, dijo el funcionario.
- El dato: El grupo político-académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas rechazó en un pronunciamiento que las jubilaciones sean causa de la crisis y lo atribuyó a irregularidades.
Villanueva Lomelí explicó que esta situación responde a un problema que las instituciones de educación superior arrastran desde hace décadas.
“Hay muchas en las que durante 30 años o durante la vida laboral de trabajador éste no aportó nada, la universidad no aportó nada y hoy se está pagando a sus sistemas pensionarios del flujo ordinario. Entonces, hay universidades que ya el costo de sus pensiones es cerca del 80 por ciento del valor de su nómina de trabajadores en activo”, dimensionó.
Ante este panorama, la Federación considera urgente que cada sistema universitario emprenda reformas para recuperar su viabilidad financiera. Según el funcionario, durante el sexenio en curso se concentra el mayor costo de los compromisos pensionarios asumidos décadas atrás.
“¿Cuál es el problema? Que en la curva financiera, justo estamos en el pico más alto”, advirtió. Explicó que entre 2025 y 2030 coincide la mayor presión financiera de esos regímenes, debido a las jubilaciones de trabajadores que comenzaron su vida laboral hace 40 o 50 años y que cuentan con una doble pensión o una complementaria.
El subsecretario de Educación Superior federal se abstuvo de precisar el golpe financiero que representa la crisis para cada una de las universidades y cuáles son las que están en números rojos.
LA CRISIS NO ES NUEVA. Desde 2001, cuando ya se advertía la inviabilidad de los sistemas pensionarios universitarios, se impulsaron modificaciones para eliminar la doble pensión. Sin embargo, al no ser retroactivas, las reformas evitaron que los compromisos crecieran con las nuevas generaciones de trabajadores, pero mantuvieron los derechos de quienes ingresaron bajo los regímenes anteriores y ahora comienzan a jubilarse, explicó Villanueva.
Con la creación, en 2002, del Fondo U081 de Apoyo para las Reformas Estructurales para las Universidades Públicas Estatales, que operó hasta 2018, se invirtieron 14 mil 486 millones de pesos, expuso. Además, se concretaron 67 reformas para mejorar las finanzas de estas instituciones, lo que, según sus cifras, representó un ahorro fiscal de 954 mil 463 millones de pesos.
Villanueva Lomelí sostuvo que, tras el cierre del fondo en 2018, disminuyó el “compromiso” de las universidades para impulsar reformas pensionarias. Entre 2019 y 2022 sólo se realizaron tres; en 2024 no se registró ninguna.
REINGENIERÍAS EN MARCHA. Durante el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, explicó, la Federación retomó el acercamiento con las instituciones y, en 2025, realizó el estudio actuarial para mostrar a cada una de las 35 universidades su situación y promover cambios que permitieran sanear sus finanzas. Como resultado, el año pasado se concretaron tres reformas y, en 2026, otras 20 universidades iniciaron procesos de reingeniería.
El subsecretario sostuvo que las autoridades han respetado la autonomía de las instituciones y las acompañan con sugerencias para aumentar las aportaciones, disminuir algunas prestaciones y adoptar otras medidas que les permitan alcanzar la viabilidad financiera.
Aunque negó que hubiera resistencia a los cambios, reconoció que se trata de un asunto sensible, pues requiere negociar con sindicatos para los que resulta difícil “dejar ir” prestaciones que consideran una “conquista” de décadas atrás.
“Hay que hacer un esfuerzo de, a veces, dejar algunas prestaciones que se conquistaron en el pasado, que financieramente no estaban sostenibles en el tiempo, pues hay que dejarlas. Hasta ahorita hemos encontrado muy buena voluntad”, comentó el funcionario.
Agregó que las autoridades acercan elementos técnicos y financieros a las comunidades universitarias para que conozcan las consecuencias de no actuar. Señaló que los casos en los que dejan de pagarse aguinaldos o quincenas de fin de año muestran la necesidad de tomar medidas antes de llegar a esa situación.
Por ahora, descartó que sea necesaria una reforma nacional, al considerar que los cambios emprendidos por cada institución pueden ser suficientes para mejorar sus finanzas.
“Si logramos que las 20 universidades que iniciaron sus procesos de reforma los concreten, estaríamos del otro lado. Sería suficiente para darle ya viabilidad financiera a todas las instituciones que hoy requieren una intervención. Todavía estamos en posibilidades de que las comunidades universitarias, con su autonomía, la ejerzan de manera responsable”, dijo.
Frente a la demanda de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) de atender en el presupuesto del próximo año un déficit del sector superior a los 55 mil millones de pesos, el subsecretario calificó el cálculo de “irreal” y rechazó que subsanarlo sea responsabilidad del Gobierno federal.
Argumentó que el déficit señalado por la asociación no corresponde a recortes aplicados a las universidades, sino a recursos que solicitaron y que la Cámara de Diputados no aprobó.
“No es una deuda del Gobierno federal con las instituciones. Hay que distinguir entre algo que no te pagué o te debo a algo que tú querías que te diera y no te di. Ellos van acumulando un cálculo que ha habido. Efectivamente ronda los 55 mil millones que, honestamente, yo creo que ya es irreal, ese cálculo se tendría que ajustar a la realidad… No puedo conseguir un dinero que hace 10 años la Cámara de Diputados no dio”, declaró Villanueva Lomelí.
Además, afirmó que el presupuesto previsto para las universidades en 2027 será el más alto de la última década. Señaló que se proyecta un incremento de 13 mil 683 millones de pesos respecto a 2026, para superar los 219 mil millones de pesos.
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